El caso de los pellets en Galicia refuerza la mano dura contra las infracciones medioambientales

Debe haber muchos amantes de la naturaleza, biólogos, conservacionistas y ciudadanos que entienden que heredamos un paraíso y nuestra obligación es conservarlo para las generaciones futuras. Y pocos dudan de que estamos fracasando en ello. Algunos pensarán incluso que no existe camino, ni esperanza; solo la interminable repetición de lo trágico. El Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior registró, entre enero y septiembre del año pasado (datos más recientes), “199 hechos relacionados con infracciones penales contra los recursos naturales y el medio ambiente”. Otra institución estatal, el Defensor del Pueblo, recibió 830 quejas medioambientales durante 2021; el mismo dato el año siguiente se disparó hasta las 1.805.

La lectura en defensa de nuestro paraíso heredado es que esa cifra crece porque existe una mayor concienciación. O no. La crisis de los vertidos de los pellets de plástico en Galicia supuso que la Generalitat catalana abriera a finales de enero expediente a Basell Poliolefinas, SK Primacor, Transformadora de Etileno, Katoen Natie, Schmidt Ibérica, Ravago Plásticos, Repsol Química y Dow Chemical Ibérica. Todas operan en Tarragona. ¿Cambiará algo? “Siempre existe un porcentaje de fugas [en esas plantas] que termina siendo arrastradas por las mareas; es algo habitual”, advierte Ethel Eljarrat, directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC y experta en contaminación por plásticos.

Al tiempo que las mareas suben y bajan en las costas gallegas aventadas de pellets tras el vertido del carguero de bandera liberiana Toconao, a Eljarrat —aunque ella no lo perciba— le cambia la voz. Está llena de preocupación. “No se pueden retirar los pellets porque a la vez que los quitas también eliminas otros organismos o plantas básicas para la biodiversidad de la zona”, lamenta. Queda tratar al plástico con lógica. Prohibido que viaje en sacos frágiles. Prohibido almacenarlo en los contenedores superiores que tienen mayor riesgo de caerse por la borda. El sentido común se ha vuelto la materia más cara de esta casa de agua y niebla. Fuera de la Península, a finales de 2022, en Canarias, había 434 vertidos de agua residuales al mar, y un 48% carecía de autorización y no tiene ningún expediente en trámite. A pesar de la severidad de las penas. En caso de que se cree un riesgo con grave perjuicio para la salud de las personas, “las penas pueden llegar hasta los seis años y seis meses, y una multa de 32 meses, así como la inhabilitación por cuatro años”, explica Josep Riba Ciurana, socio penalista del bufete Cuatrecasas.

Aunque llegan avisos para navegantes. El pasado 7 de febrero, la Comisión Europea denunció a España por no adoptar las Directivas marco sobre residuos. Estas normas exigen a todos los países medidas necesarias con el fin de garantizar que la gestión de los residuos no ponga en peligro la salud humana ni dañe el medio ambiente. Funde a negro. Existen al menos —acorde con Bruselas— 195 vertederos ilegales que aún no han sido sellados, cerrados o restaurados desde 2008. Vamos retrasados 16 años. Los distintos municipios han fallado en su obligación.

Acumulación de multas

Aunque lo que sí crece en estas tierras baldías es la ironía. “En la parte industrial, estamos bien; pero en la agraria parece que regamos con agua mineral”, observa el economista José Carlos Díez. España es un país con gran estrés hídrico. Dedica el 1% de su PIB (Eurostat, 2022) a la protección del medio ambiente. El 0,6% se lo lleva la gestión del agua, y el porcentaje de las residuales (0,1%) coincide con la media europea, pero, a cambio, acumula infinidad de multas de Bruselas por incumplir la normativa. Y quien puede, acude a la tradición. San Juan (Alicante) ha levantado —explica este economista— un sistema de acueductos artificiales preparados para desaguar en el mar en caso de episodios torrenciales de gota fría, mientras que en época de lluvias acumula agua. No es biotecnología, ni I+D; es memoria de siglos.

Sin embargo, nadie puede borrar el pasado y Madrid tiene un problema con sus aguas. “El Jarama es un afluente del Tajo que está vertiendo aguas infectas, mal tratadas, que provoca que en Toledo la gente no pueda bañarse en el Tajo desde hace 50 años”, critica Julio Barea, campaigner de Greenpeace. Qué lejos queda El Jarama (1956), la novela de Sánchez Ferlosio (1927-2019) donde el lector nada con el río y su trágico destino. “Aquí en lo oscuro, sentían correr el río por la piel de sus cuerpos, como un fluido y enorme y silencioso animal acariciante”, escribe. Hoy, el agua, según Greenpeace, acumula un millón de pozos ilegales —el consumo de 118 millones de personas al año— e infinidad de vertidos cerca de la costa, donde la “legislación resulta más laxa que en el interior”, avisa Barea. Muy lejos del realismo social por donde bajaban las entonces aguas transparentes de El Jarama.