Mayores de 60, expulsados de Madrid y en piso compartido: “No nos fuimos, nos echaron los precios de la vivienda”

Rafael Valle nació en Vallecas, creció en Vallecas y vio crecer a sus hijos en Vallecas. Pero ahora 368 kilómetros lo separan de su barrio de toda la vida. A sus 63 años, nunca se hubiera imaginado residiendo en el pueblo valenciano de Montesa, y menos todavía con compañeros de piso. Los precios de la vivienda lo han expulsado de Madrid. Dejó su hogar familiar tras divorciarse y encontrar uno nuevo en la capital le ha resultado imposible con su pensión de 760 euros, dinero que empezó a percibir cuando el vértigo cervical lo alejó en 2018 de las canteras, donde era maquinista: “Me encontré con la jungla, en 2019 por un piso ya pedían más de 1.000 euros al mes, ahora una litera cuesta 600. Esto es un sinvivir y destroza a muchísima gente”.

El mes de enero se cerró en España con una subida interanual del precio del alquiler del 8,1%, según el último informe publicado por el portal inmobiliario Idealista. Madrid, con 21,1 euros por metro cuadrado, se mantiene como la provincia más cara para ser arrendatario, seguida de Barcelona, Baleares y Guipúzcoa. El panorama tampoco mejora para los compradores. Las casas más costosas también están en esta autonomía, donde el metro cuadrado está a 4.241 euros, según la estadística del Colegio de Registradores con datos de 2025.

Tras la pandemia, Valle decidió probar suerte en Cádiz, la tierra natal de sus padres, al encontrar un piso de renta antigua por 350 euros, pero en 2025 el contrato terminó y le subieron el precio casi un 80%. “Siempre ayudé a las personas sin hogar y las apoyé en desahucios, sin saber que más tarde sería yo el que se vería en la calle”, cuenta. Fue entonces cuando conoció el programa Hogares Compartidos, un proyecto en la Comunidad Valenciana que brinda a las personas mayores de 60 años la posibilidad de vivir juntas en la misma casa por un precio que no supera el 35% de sus ingresos, y en ningún caso puede exceder los 345 euros.

“Contamos con 62 usuarios y 16 viviendas, casi todas pertenecientes a propietarios sensibilizados con la causa que las alquilan a un módico precio”, cuenta Andrea Miquel, trabajadora social en esta iniciativa. Se tienen en cuenta tres requisitos: la edad, la situación económica y la autonomía personal. Son hogares supervisados, pero no tutelados. El tiempo de estancia es indefinido. En 2025, 600 personas acudieron al programa para pedir ayuda. “No podemos apoyarlas a todas, la Administración debe poner una solución”, reivindica la mujer.

Uno de los beneficiarios es Valle. “Desde el 1 de diciembre estoy en Montesa, en un piso de cuatro habitaciones reformado. Soy el más joven de la casa”, cuenta. Reconoce que la convivencia es buena. “Con una compañera de piso voy a la compra, compartimos la despensa, comemos y cenamos juntos. El cocido le sale fenomenal”, dice. Pero desea que este momento de su vida sea solo una etapa. “Mis hijos están en Madrid y me gustaría estar más cerca de ellos. Hay que poner fin a la especulación, vivir bajo techo es un derecho recogido en la Constitución”, reivindica.

Lo entiende a la perfección Nieves Cortés, de 62 años. Ella también abandonó su hogar familiar en Móstoles (Madrid) tras divorciarse en 2008. Compró otro por 65.000 euros en el municipio de San Martín de Valdeiglesias: “Era lo que podía permitirme, cuando mis hijos nacieron dejé de trabajar para dedicarme a su cuidado”. Años después ingresó tres meses en el hospital a raíz de una depresión. Al recibir el alta médica, se vio obligada a deshacerse de su vivienda de forma rápida: “No podía estar sola, me fui con mis padres y malvendí por la mitad de precio”.

Tras recuperarse, en 2020, decidió irse a vivir con una familia. Le alquilaron una habitación en Móstoles por 250 euros. Pero a finales del año pasado tuvo que dejar su cuarto. “El hijo del matrimonio, que dormía con sus padres, pedía su independencia y necesitaban el espacio que yo ocupaba”, aclara. Volvió a la búsqueda de piso y se topó con un panorama desolador: “Ya no es que los precios fuesen desorbitados, es que me encontré una sociedad muy edadista. Solo aceptaban estudiantes o jóvenes trabajadores que pasasen mucho tiempo fuera de casa”.

La Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos, elaborada por el Ayuntamiento de Madrid, revela en 2026 que la vivienda es una de las principales preocupaciones. Es citada por el 57,6% de los ciudadanos como uno de los tres problemas más importantes, un aumento significativo respecto al 37,5% del año anterior. Le siguen la sanidad y el incremento de los precios.

Cortés cobra el subsidio para mayores de 52 años de 480 euros al no encontrar trabajo después de ejercer como auxiliar de farmacia y limpiadora. En el proceso de buscar casa conoció Hogares Compartidos y se marchó a un piso en Valencia: “Somos cuatro, cada uno tiene sus rutinas y sus baldas en la nevera, como en un piso de estudiantes, aunque con una salgo a caminar y con otro veo Pasapalabra”.

En la capital existía un proyecto parecido, el programa Hogar y Café de Fundación Pilares, que fue interrumpido en 2022 por insuficiente dotación económica para su ejecución. Ella echa mucho de menos a los suyos, sobre todo a sus padres, que ya son muy mayores, y a su nieta. Confiesa estar bien, pero insiste en que no se puede romantizar esta situación: “No nos fuimos, nos echaron los precios de la vivienda. Esto es terrible y vergonzoso. Me siento desplazada de mi sitio, de mi tierra, de mi gente”.

Compartir casa con 12 personas

La que no se marcha de Madrid es Begoña Revuelta, de 63 años. Sufre cáncer de mama metastásico desde hace una década y necesita estar cerca de su hospital de referencia, donde cada seis semanas acude a recoger su quimioterapia oral y a hacerse una analítica, pero vive en una casa de 11 habitaciones con 12 personas. “Al Hospital Ramón y Cajal llegan cuatro autobuses y yo me tengo que mover en ese radio, los pacientes oncológicos no podemos conducir”, explica. Se separó en 2018, cuando se fue a vivir con una compañera de trabajo hasta que el dueño de la propiedad necesitó la vivienda.

En 2020 buscó otra habitación por la que empezó aportando 370 euros y acabó pagando 500. “Un día llegaron los propietarios a vivir, comenzaron a hacer reformas y me marché a otro cuarto en marzo del año pasado por 50 euros más, pero ya me han subido a 600 desde entonces”, lamenta. Cobra la pensión por incapacidad permanente absoluta de 860 euros. En la última mudanza tuvo que pedir un crédito. Hasta que enfermó era dependienta.

En su casa no existe el salón, solo hay baños y una cocina. El resto son habitaciones. Siente que vive en un hotel, le renuevan el contrato cada seis meses. Si invita a alguien a dormir tiene que pagar 40 euros por noche. De lo contrario, la inmobiliaria la multa. La nevera, el microondas y la cafetera están dentro de su habitación. Aun así, no se quiere ir de Madrid. “¿Por qué tengo que empezar de cero en otra ciudad? Mi vida está aquí. Tendrán que cambiar los grandes tenedores, no yo”, reprocha.

Pide una regulación firme del alquiler de habitaciones, una modalidad cada vez más extendida, que carece de una normativa específica a nivel estatal. A diferencia de la vivienda habitual, regida por la Ley de Arrendamientos Urbanos, queda generalmente fuera de su ámbito de aplicación y se somete al Código Civil, lo que deja un amplio margen a la libertad de pactos entre las partes, favoreciendo la inseguridad jurídica y las prácticas abusivas.

La proposición de ley para la regulación de los contratos de alquiler temporales y de habitaciones a nivel estatal está en tramitación parlamentaria desde 2025. “Estoy intranquila por la incertidumbre de no saber cuándo me van a volver a subir el precio. Esta tensión no es buena para mi enfermedad”, expresa Revuelta tras reconocer que nunca se imaginó en esa situación.

“Yo pensaba que tendría una casa a la que mis nietos vendrían los domingos, pero muchas veces termino el mes comiendo porque mi hijo pequeño me deja dinero. Pero bueno, nadie tiene la vida que planea”, dice resignada. Cuando le diagnosticaron la enfermedad le estimaron una esperanza de vida de entre tres y cinco años y ya han pasado 10 desde entonces. “Aprendí a dar importancia a lo importante”, comenta mientras acaricia la maqueta de la casa de sus sueños. La hizo ella a mano.

Tiene su rincón de lectura, un dormitorio con terraza en la planta alta y una cocina abierta al salón. “Ojalá tenerla un día, pero lo veo complicado”, reconoce. Madrid no se parece en nada a la ciudad que conoció hace 30 años: “Ahora es para turistas y yo vivo como en un Airbnb. Quieren que me vaya, pero de momento, resisto”.