Nuevo revés para Airbnb: la justicia rechaza de nuevo su recurso para evitar la retirada de 65.000 anuncios

Nueva victoria del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en su batalla contra Airbnb. En un auto emitido esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado por segunda vez las resoluciones a través de las que instó a la plataforma a retirar 65.000 anuncios de alquiler de pisos turísticos al no indicar el número de licencia ni si el propietario era particular o una empresa, tal y como ha adelantado esta mañana el departamento que dirige Pablo Bustinduy

El tribunal se ha pronunciado sobre las medidas cautelares que dictó la Dirección General de Consumo para que Airbnb retirara de su plataforma casi 35.000 anuncios (34.728). La plataforma recurrió esta medida cautelar y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado ese recurso de Airbnb, como ya hiciera en mayo contra un primer recurso. De esta forma, el TSJM avala por segunda vez las actuaciones de Consumo.

El Ejecutivo instó a Airbnb a retirar 65.000 anuncios a través de tres resoluciones diferentes: una primera de 5.800 anuncios, apoyada por el TSJM: la segunda de 34.728 anuncios, recién avalada por el alto tribunal madrileño, y una tercera con cerca de 15.000 anuncios, que finalmente no fue recurrida por Airbnb. De hecho, tras recibir las resoluciones de Consumo y después del primer aval de la justicia, la plataforma estadounidense procedió a la retirada de los 65.000 anuncios en julio

Consumo los consideraba ilícitos por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos y por vulnerar la normativa de las diferentes autonomías donde se encuentran. En primer lugar argumentaba que los anuncios no incluían el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias de las autonomías objeto de la investigación.

También apuntaba a que los anuncios no precisaban la naturaleza jurídica de los arrendadores. Consumo recalcaba que el hecho de saber si los caseros son profesionales o particulares “era una cuestión que resultaba fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no”. De hecho, el Ministerio tiene abierto un expediente sancionador a varias gestoras de pisos turísticos por hacerse pasar por particulares para alquilar su cartera de viviendas. Entre los beneficios que pueden obtener ocultando su verdadera identidad se encuentra el de esquivar la obligación legal de contar con un servicio de atención al cliente para atender posibles reclamaciones. También está el de sortear el rechazo de una gran parte de la demanda de alquiler turístico a los grandes gestores y propietarios de pisos, puesto que no casan con los principios de la economía colaborativa sobre los que nacieron empresas como Airbnb.

El tercer hecho denunciado por Consumo es que había anuncios que incorporaban números de licencia que no correspondían a los expedidos por las autoridades. “Esta práctica puede inducir a error o a engaño a las personas consumidoras”.

Todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por Bustinduy de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España. “Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares. Ninguna empresa en España, por grande que sea, puede estar por encima de la ley”, ha remarcado en un comunicado. Frente a la beligerancia previa de Airbnb, Consumo ha detectado un importante cambio de comportamiento de la plataforma, ahora abierta a la colaboración con las administraciones públicas. “Desde que Airbnb inició su colaboración con el Ministerio de Vivienda en julio, la plataforma ha notificado a todos los anfitriones la obligación de obtener su número de registro nacional. Desde enero, 70.000 anuncios más en Airbnb muestran un número de registro y la gran mayoría de los anuncios activos en Airbnb en España ya muestran uno”, subrayó la plataforma en un comunicado hace un par de semanas.