Consumo abre expediente sancionador a varias gestoras de pisos turísticos

Nuevo golpe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra los pisos turísticos. Si el pasado 18 de diciembre anunció la apertura de un expediente sancionador a Airbnb al no retirar “miles de anuncios de pisos turísticos sin licencia”, algo que la plataforma negó, esta mañana ha anunciado la incoación, a través de la Dirección General de Consumo, de varios expedientes sancionadores a empresas que administran viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas y que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. El departamento de Bustinduy no detalla, no obstante, ni cuántas empresas van a ser sancionadas, ni el nombre de las mismas o en qué autonomías están operando.

La investigación arrancó hace más de dos meses a partir de las denuncias elevadas por varios particulares que alquilaron pisos turísticos pensando que el propietario también era un particular, cuando en realidad era una empresa, lo que constituye una práctica engañosa definida en el artículo quinto de la Ley de Competencia Desleal. Esto es, por ejemplo, indicar en el anuncio que quien gestiona un alojamiento turístico es una persona particular, o varias, cuando en realidad se trata de una empresa. Entre los beneficios que pueden obtener las empresas por ocultar su verdadera identidad se encuentra el de esquivar la obligación legal de contar con un servicio de atención al cliente para atender posibles reclamaciones. También está el de sortear el rechazo de una gran parte de la demanda de alquiler turístico a los grandes gestores y propietarios de pisos, puesto que no casan con los principios de la economía colaborativa sobre los que nacieron empresas como Airbnb.

Estas prácticas también se considerarían engañosas según el artículo 27 de la citada norma, donde se detalla que «afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, así como presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario son acciones contrarias a la normativa”. Según el precepto legal, estas prácticas pueden llegar a calificarse, además, como infracciones graves, con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito que haya obtenido cada empresa por haberlas llevado a cabo. Por otra parte, la Dirección General de Consumo recalca que la apertura de estos expedientes no prejuzga el resultado final de los mismos.

Al margen del expediente sancionador a Airbnb y a varias gestoras de pisos turísticos, el departamento que dirige Bustinduy también tiene abierta desde el pasado mes de octubre otra investigación, aún sin resolver, que afecta a diversas agencias inmobiliarias. Estas habrían llevado a cabo distintas prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler de las viviendas, como obligarlos a pagar comisión por la gestión del arrendamiento, a firmar contratos temporales sin que mediara una razón de peso para esa eventualidad o a aceptar cláusulas contrarias a la normativa que regula el alquiler de vivienda. Desde el Ministerio enmarcan todas estas iniciativas en el objetivo de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, una cuestión que consideran como uno de los principales problemas que tiene España. “Hay que intervenir el mercado de la vivienda, se ha convertido en un factor de riesgo de exclusión o de pobreza para las mayorías trabajadoras en las ciudades españolas”, recalcó en una reciente entrevista en El País.

Otro de los objetivos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sido acabar con los abusos de las aerolíneas. Buena prueba de ello es la sanción de 179 millones a cinco aerolíneas (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea) por prácticas abusivas como el cobro por el equipaje de mano que se sube a la cabina de viajeros o los recargos por la reserva de asientos contiguos cuando se viaja acompañado de menores o personas dependientes. La más afectada fue Ryanair, con 107 millones, lo que ha desatado una campaña informativa de de la aerolínea irlandesa contra el ministro Bustinduy, al que Michael O`Leary, consejero delegado del grupo Ryanair, llamó “loco comunista”.