Las familias de un colegio de Fuenlabrada retan a Ayuso en los tribunales por querer apagar las pantallas en los centros de Madrid

Son como la aldea gala de Astérix y Obélix, versión Comunidad de Madrid. Solo un colegio público de toda la región resiste firme a la orden del Gobierno autonómico, presidido por Isabel Díaz Ayuso, de apagar las pantallas de todos los dispositivos electrónicos a partir del curso 2025-2026. Se trata del CEIP Fregacedos. Está en Fuenlabrada. Tiene menos de 500 alumnos. Apenas unas 200 familias que llevan a sus hijos a Infantil y Primaria. Pero su AMPA ha movido todos los recursos posibles, del Ayuntamiento de su ciudad a la federación Giner de los Ríos, para llevar el decreto a los tribunales, porque es una institución pionera en implantar una metodología educativa con Ipad. Ningún otro centro público se ha querido unir. Eso les deja solos en una batalla desigual. Pero acuden convencidos: defienden, dicen, su libertad de elegir cómo educar a sus hijos, y critican que se les “infantilice” como padres. Y no, aunque parezca sorprendente, a ellos tampoco les gustan las pantallas.

“Es David contra Goliat total, pero el proyecto que tenemos nos parece demasiado bueno como para dejarlo perder por un pensamiento político”, explica Susana Fernández, vicepresidenta del AMPA del colegio, cuyo recurso contencioso administrativo quedó reflejado en el boletín regional del 31 de octubre. “Nuestros hijos están por encima de la media de las pruebas de la Comunidad de Madrid en comprensión lectora, matemáticas y todo lo que evalúan”, añade. “El uso responsable de las pantallas, con nuestro método combinado, porque también escriben a mano y leen libros en papel, les enseña a manejar la tecnología con cabeza”, sigue. Y afirma: “Nosotros, todos los padres, elegimos el colegio por el Ipad, que lo compramos en Primero y nos vale hasta Sexto (de Primaria)”.

El CEIP Fregacedos es uno de los pocos centros de innovación pedagógica de Madrid. Desde primero de Primaria, cada alumno tiene un Ipad que adquiere su familia por unos 600 euros. El objetivo, según recoge el proyecto educativo del centro, es facilitar que “el alumnado se familiarice con la búsqueda, selección y organización de la información (aprender a hacer)”. Los contenidos curriculares se trabajan con plataformas digitales, aplicaciones y materiales de creación propia que sustituyen a los libros de texto. Y toda esa estructura entronca perfectamente con el instituto de referencia para la escuela, donde se trabaja de manera parecida. Una apuesta que el decreto del Gobierno regional ha hecho saltar por los aires.

“Pretendemos volver a la esencia de los libros, de los cuadernos, de los dictados, del cuidado de la ortografía, de la caligrafía, y todo eso lo haremos compatible con que los alumnos de Madrid tengan esas destrezas digitales tan necesarias”, explicó Miguel Ángel García Martín, el portavoz gubernamental, en marzo, cuando se anunció una medida que afecta a alumnos de hasta 12 años.

La presidenta de la federación Giner de los Ríos, María Carmen Morillas, cuya entidad asiste jurídicamente al AMPA del CEIP Fregacedos, indica que no pretenden que decaiga el decreto de la Consejería de Educación, sino que se considere la singularidad de determinados proyectos tecnológicos, como el One to One, implantado hasta este curso no solo en este centro educativo sino en varios más de la Comunidad.

Este recurso ha supuesto la escala a nivel judicial de un intenso trabajo previo donde, incluso, integrantes de la federación Giner de los Ríos visitaron con representantes de la Consejería de Educación diversos colegios que trabajan de forma individual con dispositivos electrónicos en Alcalá de Henares y Villaviciosa de Odón, según comenta Morillas. “Los dispositivos se usan en momentos puntuales como un recurso complementario en el proceso educativo del alumnado y, en muchas ocasiones, de forma grupal”, explica.

Las visitas, unidas a las observaciones materiales previas presentadas en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, matizaban el decreto. “Pero el texto definitivo publicado no se termina de ajustar, desde nuestro punto de vista, a la protección de estos proyectos tecnológicos singulares”, aclara la presidenta de la entidad tras considerar que estos centros deberían haber recibido amparo.

“El alumnado tiene que adquirir competencias digitales sí o sí, por ley. Si los centros no cuentan con estas herramientas, no todos los menores podrán tener acceso a las mismas”, insiste. “¿Por qué el decreto no tiene como objeto a los centros privados si es un tema de salud pública para la Consejería?”, prosigue Morillas tras aclarar que hay aspectos de esta normativa que le parecen bien, entre ellos, no poner deberes en casa al alumnado a través de dispositivos o plataformas digitales, dado que no todas las familias tienen estos recursos a su alcance.

”Nosotros, incluso, hubiéramos ido más allá porque lo académico debe resolverse en el centro educativo, que es donde todos los niños y niñas están en igualdad de condiciones", apunta. El decreto que articula el apagón establece que los alumnos de Infantil (hasta seis años) y Primaria (hasta 12) de centros sostenidos con fondos públicos no puedan trabajar de forma individual con dispositivos digitales y que sus maestros tampoco puedan programar la realización de deberes u otras tareas académicas en las que tengan que utilizar tablets, ordenadores, móviles o similares fuera del horario escolar.

En cuanto al uso compartido entre dos o más alumnos, se permitirá siempre con una finalidad pedagógica, bajo la supervisión de los docentes y con limitaciones de tiempo en función de las edades y etapas. Así, los más pequeños del primer ciclo de Infantil (0-3 años) no tendrán contacto con estos dispositivos. En el segundo ciclo de Educación Infantil (niños de 3 a 6 años) y en los dos primeros cursos de Primaria este manejo compartido estará restringido a una hora semanal.

Por su parte, los alumnos de 3º y 4º de Primaria tendrán una hora y media para su empleo conjunto durante la semana, mientras que los de 5º y 6º podrán usarlas con estas condiciones un máximo de dos horas semanales. En cuanto a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), serán los propios colegios e institutos que la imparten los que delimiten el uso individual o compartido de tablets, ordenadores y demás según las características de las enseñanzas, la edad y el grado de madurez de sus alumnos.

La norma también recoge algunas excepciones a estas restricciones. Por ejemplo, aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo que requieran de estos recursos digitales, previo informe psicopedagógico, podrán utilizarlos sin ningún tope horario. También se permitirá su uso en las materias optativas o proyectos en los que sean imprescindibles para adquirir competencias específicas. Y aquellos centros educativos que actualmente tengan ya implantado un programa docente que incluya un dispositivo individual por alumno, tendrán una moratoria con un plazo de un año —hasta el 31 de agosto de 2026—, para adaptarse a la normativa.

Ese sería el caso del Fregacedos. “Pero lo que buscamos es que nos concedan la excepcionalidad aprobada en el decreto (por el Consejo Escolar, pero no recogida en la norma finalmente)”, explica Susana Fernández, vicepresidenta del AMPA del colegio. “Mi caso personal es que soy antipantallas. Mis hijas no ven televisión de lunes a jueves, no tienen consola, ni móviles”, explica. “Pero esta es una enseñanza de calidad. El mundo al que nos dirigimos, por suerte o por desgracia, es totalmente tecnológico. Y que adquieran esas competencias desde pequeñas me parece básico”.

Además de esta AMPA, la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos, que incluye a decenas de colegios privados concertados de la Comunidad de Madrid, ha llevado a los tribunales el decreto para tumbarlo. La Comunidad de Madrid, consultada por este diario, no hace ningún comentario más allá de asegurar que estos son los dos únicos pleitos abiertos hasta ahora por este asunto.