Las escuelas católicas concertadas llevan al Gobierno de Ayuso a los tribunales por suprimir los dispositivos electrónicos de las aulas

La Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos, que incluye a decenas de colegios privados concertados de la Comunidad de Madrid, ha llevado a los tribunales la decisión del Gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, de apagar los dispositivos electrónicos que usaban hasta ahora el más de medio millón de alumnos de Infantil y Primaria de 2.000 centros sostenidos con fondos públicos. Así lo recoge este miércoles el Boletín oficial de la región (BOCM), que emplaza a unirse al proceso a otras partes interesadas por orden de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Un paso que espera recoger la oposición a una medida que supone ampliar a cualquier dispositivo digital el veto al uso de móviles durante la jornada escolar, que ya estaba en vigor, y que se activará el próximo curso 2025-2026.

“Pretendemos volver a la esencia de los libros, de los cuadernos, de los dictados, del cuidado de la ortografía, de la caligrafía, y todo eso lo haremos compatible con que los alumnos de Madrid tengan esas destrezas digitales tan necesarias”, explicó Miguel Ángel García Martín, el portavoz gubernamental, en marzo, cuando se anunció una medida que afecta a alumnos de hasta 12 años.

La reacción de las Escuelas Católicas de Madrid (ECM) fue inmediata e incluyó denunciar que prohibir las pantallas atenta, a su juicio, contra la autonomía de los centros educativos.

“Es una medida taxativa que se contradice con los principios de libertad, pluralidad y calidad de enseñanza postulados por la Comunidad de Madrid y que, sin duda, preocupa enormemente a los 340 centros que conforman la red de ECM, al ver vulnerado su derecho a desarrollar un proyecto educativo propio y, sobre todo, elegido libremente por las familias”, se lee en el comunicado que publicó entonces la asociación.

El decreto que articula la medida establece que los alumnos de Infantil (hasta seis años) y Primaria (hasta 12) de centros sostenidos con fondos públicos no podrán trabajar de forma individual con dispositivos digitales y que sus maestros tampoco podrán programar la realización de deberes u otras tareas académicas en las que tengan que utilizar tablets, ordenadores, móviles o similares fuera del horario escolar.

En cuanto al uso compartido entre dos o más alumnos, se permitirá siempre con una finalidad pedagógica, bajo la supervisión de los docentes y con limitaciones de tiempo en función de las edades y etapas. Así, los más pequeños del primer ciclo de Infantil (0-3 años) no tendrán contacto con estos dispositivos. En el segundo ciclo de Educación Infantil (niños de 3 a 6 años) y en los dos primeros cursos de Primaria, este manejo compartido estará restringido a una hora semanal.

Por su parte, los alumnos de 3º y 4º de Primaria tendrán una hora y media para su empleo conjunto durante la semana, mientras que los de 5º y 6º podrán usarlas con estas condiciones un máximo de dos horas semanales. En cuanto a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), serán los propios colegios e institutos que la imparten los que delimiten el uso individual o compartido de tablets, ordenadores y demás según las características de las enseñanzas, la edad y el grado de madurez de sus alumnos.

La norma también recogerá algunas excepciones a estas restricciones. Por ejemplo, aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo que requieran de estos recursos digitales, previo informe psicopedagógico, podrán utilizarlos sin ningún tope horario. También se permitirá su uso en las materias optativas o proyectos en los que sean imprescindibles para adquirir competencias específicas. Y aquellos centros educativos que actualmente tengan ya implantado un programa docente que incluya un dispositivo individual por alumno, tendrán una moratoria con un plazo de un año —hasta el 31 de agosto de 2026—, para adaptarse a la normativa.