Las 12 claves para 12 meses de 2025 en el Madrid de Ayuso: de Óscar López a Franco y el ‘caso González Amador’

“Sin Franco, Pedro Sánchez no es nada ni nadie”. Las palabras de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, retumban el 12 de diciembre contra los muros de la Asamblea. El presidente acaba de anunciar que en 2025 se celebrará con un centenar de actos el 50º aniversario de la muerte del dictador y la llegada de la democracia. La baronesa ve esa propuesta divisiva y avanza que su Gobierno no participará en ninguna convocatoria. Como, en paralelo, las dos administraciones están enfrentadas por la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática, pues ahí hubo presos y torturas en su etapa como sede de la Dirección General de Seguridad del franquismo, una cosa está clara. La figura de Franco servirá en 2025 para que Sánchez y Ayuso alimenten el choque continuo que mantienen desde que la líder conservadora llegó por al poder, en agosto de 2019. Estos son 12 hitos clave del curso político autonómico en Madrid.

Sánchez dobla la apuesta con Óscar López. El año arranca con los ojos puestos en el PSOE, que celebrará en febrero el congreso que lanzará la nueva etapa del partido con el ministro Óscar López como secretario general.

Los socialistas tienen clara su estrategia. “Usar la plataforma de que sea ministro”, explica un alto cargo, al que no se le ha pasado por alto que López protagonizará una rueda de prensa del Consejo de Ministros para anunciar la puesta en marcha del Centro Nacional de Neurotecnología en Cantoblanco (Madrid). “Primero hay que ser hegemónico en el bloque progresista”, receta. “Luego, cuando no haya duda de que el presidente de la Comunidad de Madrid será del PP o del PSOE, porque Más Madrid ya no pinte nada, puedes intentar captar votantes de centro”, añade. “Es lo que intentamos con Óscar López”, recalca. “Lo que pasó en la anterior etapa es que Juan [Lobato] iba solo por la vida”.

Lograr la calma interna tras la turbulenta salida del antiguo líder, sin embargo, no será fácil. A principios de diciembre, el Supremo rechazó investigar “por el momento” a la socialista Pilar Sánchez Acera, que envió a Lobato la mañana del 14 de marzo un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, había propuesto un acuerdo a la Fiscalía reconociendo dos delitos fiscales. Por la supuesta filtración de ese correo se ha abierto investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Y como Sánchez Acera era un cargo de confianza de López en el momento en el que le envió a Lobato ese correo, cualquier cambio en la decisión del Supremo impactará en la política madrileña.

Todas las aristas del caso González Amador. Previsiblemente, en 2025 se resolverá el caso que afecta al novio de la presidenta regional, investigado por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal. De ese caso se ha derivado otro que marca el inicio del año: el 8 de enero, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, declarará ante el Supremo por filtrar en marzo a varios medios de comunicación el contenido de un email de la causa con la intención de que pareciera que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador. Su testimonio se recogerá dentro de la causa abierta contra el fiscal general del Estado por la supuesta filtración de un correo que demostraba que fue el abogado de González Amador quien planteó alcanzar un acuerdo.

Begoña Gómez, en la diana del PP en la Asamblea. La comisión parlamentaria impulsada en la Asamblea por el PP para investigar el supuesto “trato de favor” recibido por la esposa del presidente, Begoña Gómez, en su relación profesional con la Complutense continuará sus trabajos en febrero y, previsiblemente, redactará sus conclusiones en marzo.

Como los conservadores tienen mayoría absoluta, buscarán que las conclusiones sean un resumen de sus críticas, pese a las declaraciones en el órgano del rector Joaquín Goyache ―que desmontó una a una las sospechas que vierten el PP y Vox sobre la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva impartida por Gómez― o del vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal ―“no cabe duda de la legalidad”, afirmó―. El PP mantiene por ahora en el aire la posibilidad de llamar a declarar a Pedro Sánchez ―que no tendría la obligación de acudir a la Asamblea―, como reclama Vox.

La declaración de Errejón alimenta la crisis interna de Más Madrid. El principal partido de la oposición arranca el año sumido en la crisis del caso Errejón, y del caso Arenillas. La diputada, que anunció su dimisión a finales de octubre, tras ser acusada por la dirección de “minimizar” una acusación de acoso contra el fundador del partido, lo que ella siempre ha negado, sigue en el escaño.

Y que el problema continúe enquistado desde hace meses, con una diputada que no acude a la Asamblea pero tampoco dimite, y que si pasa al grupo de no adscritos hará que Más Madrid pierda el liderazgo de la oposición, no es la única preocupación de los dirigentes del partido. Que Íñigo Errejón y la actriz Elisa Mouliaá, que ha denunciado al político por una supuesta agresión sexual, acudan a declarar ante el juez el 16 de enero volverá a poner toda la presión mediática sobre Más Madrid.

Vox redefine su táctica sin Monasterio. Tras destituir a Rocío Monasterio como líder del partido en Madrid y que la política dimitiera como portavoz en la Asamblea y diputada, la extrema derecha afronta una nueva etapa en la región con Juan Antonio Fúster e Isabel Pérez Moñino como caras visibles.

“Con Isabel tenemos un cañón de futura posible candidata”, afirma un dirigente con hilo directo con Santiago Abascal. “Tenemos que centrarnos en inmigración, seguridad, estado de la educación y el gigantesco problema de la vivienda”, receta. “Se trata de que los ciudadanos tengan la percepción de que nosotros tenemos principios, convicciones, inamovibles, al contrario que el PP”. Una apuesta que los conservadores, de Ayuso para abajo, ven con sorpresa: “El 90% de su discurso es antiPP”.

Una ley de universidades en el centro de la polémica. Si ha habido un asunto que le ha provocado un dolor de cabeza al Gobierno regional en 2024, ese ha sido el de las universidades. Ayuso se ha visto obligada a aumentar su financiación, ante las protestas públicas de los rectores, y a firmar con el Estado un convenio para contratar profesores que hasta ese momento había criticado. Pero queda la gran batalla, que será en 2025: una ley de universidades que los rectores esperan con gran preocupación, pues temen que invada sus autonomía, y de la que se sabe que pretende matizar en lo posible la ley estatal y sancionar los escraches a políticos y las movilizaciones que interrumpan las clases en las universidades.

Todos pendientes del ‘caso FP’. Es la gran polémica por estallar. La Fiscalía ve “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento” aplicada por la Consejería de Educación para poner en marcha enseñanzas extraordinarias de la rama sanitaria y adaptar centros educativos en 2021, 2022 y 2023: en lugar de convocar concursos públicos para realizar esas obras, garantizando la libre concurrencia, supuestamente se acabaron fragmentando las reformas para ejecutarlas a través de contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA) otorgados a dedo. La jueza que instruye el caso tras una denuncia de Podemos ve “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]”.

El futuro de Ana Millán. La número tres de Díaz Ayuso en el PP de Madrid, y vicepresidenta de la Asamblea regional, Ana Millán, protagoniza un caso que busca esclarecer si hay relación entre los siete contratos públicos de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) obtenidos entre 2006 y 2011 por las empresas de Francisco Roselló, y que el empresario pagara la hipoteca y la comunidad de vecinos de un ático propiedad de Millán mientras ella era la edil al frente de esa cartera.

En diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid devolvió la causa a la jueza de Navalcarnero que la instruyó, con la orden de que completara la investigación y, en su caso, remitiera una exposición razonada de los presuntos delitos que imputa a la aforada, ya que por ahora ha expuesto “una serie de hechos que objetivamente no ostentan por sí la naturaleza de delito”.

Reforma de las leyes LGTBI para regatear al Constitucional. El PP tiene previsto retocar las dos leyes trans regionales, que reformó en diciembre de 2023 y contra las que recurrieron ante el Tribunal Constitucional tanto el Gobierno central como el Defensor del Pueblo (a iniciativa de Más Madrid). El objetivo es regatear así un dictamen previsiblemente negativo de una instancia judicial que se ha convertido en auténtico árbitro de la política regional: el tribunal tiene pendiente de resolver una decena de recursos de la oposición, el Estado o el Defensor del Pueblo contra decisiones adoptadas y leyes aprobadas desde 2019. A ello se le unen los numerosos pleitos abiertos por el Ejecutivo de Ayuso contra el Gobierno central de Sánchez.

La relación con Feijóo. De nuevo, la cena de Navidad de Madrid se convirtió en una catarata de guiños entre el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su compañera de filas, Ayuso. “Quiero que España se parezca a Madrid”, llegó a decir el político gallego, sorprendido, dijo cargado de ironía, de que nadie le preguntara por su relación con la baronesa, de tan bien que se llevan. Pero si en 2024 Ayuso fue una china en el zapato de Feijóo (se opuso a renovar el CGPJ o a reducir la jornada laboral y dejó en fuera de juego al líder al premiar al presidente de Argentina, Javier Milei), lo previsible es que las discordancias vuelvan a aflorar en 2025, por mucho que ambos insistan en subrayar su complicidad.

La dictadura como elemento de confrontación con el Gobierno. Huérfanos de grandes batallas electorales en 2025 (salvo que se decida adelantar la llamada a las urnas en alguna circunscripción), Ayuso y Sánchez encontrarán un primer motivo para mantener su confrontación continua en la figura del dictador Francisco Franco. Bajo el lema España en libertad, Sánchez anunció a finales de 2024 una colección de eventos culturales “en calles, escuelas, universidades y museos“ para celebrar la transformación de España “en una de las democracias más plenas del mundo”. “La Comunidad de Madrid (...) no se sumará a un solo de estos eventos”, respondió Ayuso. Y añadió: “El presidente le ha declarado la guerra a una parte de los españoles”.

Y por fin, la Ciudad de la Justicia. La Comunidad ultima los preparativos para comenzar a construir la Ciudad de la Justicia esta primavera. Las adjudicatarias presentarán la maqueta en el primer trimestre de 2025 y, después, arrancarán los trabajos, que tienen un plazo de finalización de 48 meses. De cumplirse esta previsión, el Gobierno regional pondría fin a una pesadilla: el proyecto arrancó con Esperanza Aguirre, naufragó en las presidencias de Ignacio González y Cristina Cifuentes y propició que en 2024 la justicia condenara a siete años de cárcel al exvicepresidente y exconsejero de Justicia Alfredo Prada por su implicación en las irregularidades detectadas en los contratos para la concesión y construcción del Campus, que quedó a medio hacer tras gastar más de 100 millones de euros.