Las ofertas de Sánchez que sí acepta el PP de Ayuso: 170 millones para universidades, 110 para la Cañada o 150 para la A-5

El choque de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid (PP) con el Gobierno de España (PSOE y Sumar) vivirá este miércoles una rara tregua: el Ejecutivo regional dará luz verde a firmar con el Ministerio de Universidades el Programa María Goyri, que financiará 1.091 plazas de profesor gracias a una inversión compartida por el Estado (169,8 millones, el 60%) y Madrid (112,3). El acuerdo, alcanzado tras un pulso perdido por la administración regional, es casi excepcional. En lo que va de legislatura, las dos principales administraciones de Madrid apenas se han entendido con el Gobierno en un puñado de convenios menores y en asuntos que implicaban grandes inversiones estatales: 110 millones para los realojos de la Cañada Real (la Comunidad pone otros 110 y Madrid y Rivas se reparten otros tantos); 150 para el segundo tramo del soterramiento de la A-5 (en el primero la capital invertirá 400); los 169,8 del programa María Goyri; o la Operación Campamento, que levantará más de 10.000 viviendas con una inversión estatal de más de 1.000 millones.

“Por menos de 100 millones no se acercan, es una pena que solo pacten cuando hay un cheque por en medio”, lamenta una fuente del Gobierno central, donde escuece que los acuerdos no se amplíen a las iniciativas de diálogo y coordinación que lanza a través de su delegado en la región, Francisco Martín.

Así lo explica un portavoz del Gobierno regional. “Nosotros siempre trabajamos por y para los madrileños pensando en lo que es mejor para ellos. Cosa diferente son las cacicadas que intenta marcarse el Gobierno”, argumenta la Real Casa de Correos, donde se califica de “desleal” al delegado, pues acompaña sus ofertas de mano tendida con críticas constantes a Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Como consecuencia, la presidenta y el delegado solo se han reunido en una ocasión.

Nada resume mejor la situación que dos anuncios hechos este martes. De un lado, el ministro y nuevo secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, cuenta tras la reunión del Consejo de Ministros que el Estado acaba de aprobar una transferencia de 40 millones para poner en marcha el Centro Nacional de Neurotecnología en Cantoblanco (Madrid).

“Va a haber colaboración, faltaría más”, expone López sobre una instalación que llegará a recibir hasta 200 millones de aquí a 2037, de los cuales el Gobierno de España aportará el 60% (120), y la Comunidad de Madrid (78) y la Universidad Autónoma de Madrid (2), el 40% restante.

Pero hasta ahí llega el entendimiento entre administraciones. Casi en paralelo, el presidente, Pedro Sánchez, anuncia la organización de un centenar de actos para celebrar en 2025 los 50 años de “España en libertad”, coincidiendo con la muerte del dictador Francisco Franco. La reacción de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, es fulminante: además de acusar al líder del Ejecutivo central de querer “quemar las calles y provocar violencia” y de haber “enloquecido”, aclara que su Gobierno “no se sumará a un solo de estos eventos e iniciativas”.

Porque sin inversiones de por medio, el choque ideológico, político, y estratégico es total. “Esto es una barbaridad”, reacciona el delegado del Gobierno a lo dicho por la baronesa conservadora. “Debiera inhabilitarla para cualquier tipo de responsabilidad pública. [Alberto Núñez] Feijóo está tardando en desautorizarla”.

El cruce de posicionamientos fotografía que no queda ningún puente tendido entre Sánchez y Ayuso. La relación está rota. Y ese desencuentro radical se traslada a sus organizaciones en Madrid.

El 19 de octubre, dos incidencias simultáneas en Chamartín y Atocha desataron el caos ferroviario y dejaron a miles de pasajeros atascados. A la siguiente semana, el delegado del Gobierno lanzó una acusación muy grave: afirmó que Martínez-Almeida había apostado por un “bloqueo institucional” que “pone en peligro a los ciudadanos”, ya que, según su versión, le había llamado para coordinar la respuesta a la situación (los bomberos y la Policía Nacional discrepaban en la gestión) y no le había cogido el teléfono. El problema, siempre según el delegado, se reprodujo en primera instancia con la vicealcaldesa, Inma Sanz, con la que posteriormente sí pudo contactar. La número dos del regidor acusó a Martín de cruzar “la línea roja de la deslealtad y la desvergüenza”.

Con ese telón de fondo, el diálogo entre administraciones, según el Gobierno central, es casi inexistente. Así, señalan en la delegación, no han fructificado las ofertas de formar mesas de coordinación tripartitas para analizar la situación de la vivienda o abordar urgencias sociales en puntos concretos como San Cristóbal de los Ángeles, el parque de El Paraíso de San Blas, Vallecas, Lavapiés, viviendas de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad o el barrio de Soto de Henares de Torrejón de Ardoz.

Tampoco las peticiones de que el Gobierno regional ayude en la tarea de animar a que las policías locales de la región se sumen al sistema VioGen de lucha contra la violencia de género, lo que provocó un duro cruce de reproches entre el delegado y el consejero Carlos Novillo. “Me parece vergonzoso, sinceramente, que con unos datos que estamos teniendo preocupantes en ese sentido, en los delitos sexuales, el delegado tenga esa ocurrencia”, dijo el subordinado de Ayuso.

Y no ha llegado a buen puerto el planteamiento de formar un comité técnico del Consorcio Regional de Transportes para la elaboración de planes de contingencia que mitiguen incidencias que afectan a los viajeros, por ejemplo en Cercanías, que depende del Estado.

En contraposición, Madrid ha solicitado el desarrollo del Plan Integral de Inversiones en Cercanías; la mejora de la seguridad con la dotación de un mayor número de efectivos de guardia civil y policía, el aseguramiento de la autonomía en la gestión del agua por parte del Canal de Isabel II; la mejora en las inversiones en energía o la mejora de la gestión de la política migratoria. Temas todos ellos que han sido objeto de confrontación, pero no de acuerdo.

Sí se han firmado convenios de colaboración en Vivienda, Transportes (con la construcción del bus-VAO en la A-2, acordada en 2018 con Ángel Garrido como presidente); Estadística, Medio Ambiente (creación de una unidad adscrita de agentes forestales y medioambientales en la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo), Digitalización (para acceder a la base padronal del INE) y Educación (para proporcionar profesores de FP), según señalan desde el ejecutivo regional.

La razón de fondo del choque es que Sánchez y Ayuso han construido por oposición sus carreras durante el último lustro. Si hubo un tiempo en el que ese choque se dirimía en los tribunales (con una quincena de recursos de Madrid contra decisiones estatales, o sendos recursos del Gobierno central ante el Constitucional frente a leyes regionales), ya hace meses que se llegó al cuerpo a cuerpo.

Y eso lo marca ahora todo: desde el desplante de Ayuso al ser convocada a La Moncloa, en octubre, a su decisión de organizar una comisión en la Asamblea para investigar el supuesto “trato de favor” recibido por la esposa de Sánchez en su relación profesional con la Complutense, pasando por su decisión de dejar sin discurso al delegado en el último homenaje regional a la Constitución. Una decisión que derivó en que Martín organizara un día después su propio acto. El reflejo de una relación rota que solo se retoma cuando hay grandes inversiones de por medio.