El Gobierno de Ayuso, sobre la convocatoria de Pedro Sánchez en la Asamblea: “Como adalid de la transparencia, irá con los brazos abiertos”

La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha tirado de ironía este miércoles para dar por seguro que el presidente del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez, declarará en la comisión de investigación que busca esclarecer el supuesto “trato de favor” dado por la Universidad Complutense a su esposa, Begoña Gómez. Solo unas horas después de que el PP y Vox incluyeran al jefe del Ejecutivo y a su pareja en su lista de comparecientes para este organismo impulsado en la Asamblea de Madrid, Miguel Ángel García Martín, portavoz autonómico, ha afirmado estar “convencido” de la asistencia de Sánchez como “adalid de la rendición de cuentas y la transparencia”. Aunque el presidente del Gobierno no tiene obligación de asistir al Parlamento madrileño si finalmente es convocado, como demuestran casos precedentes e informes del Consejo de Estado, Vox ha solicitado a los servicios jurídicos de la Cámara que emitan un dictamen al respecto.

“Estoy convencido de que un presidente que contesta a todas las preguntas en rueda de prensa, y que es un adalid de la rendición de cuentas y la transparencia, irá con los brazos abiertos a responder a todas las preguntas de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid”, ha dicho el portavoz García Martín, supuestamente intentando ser irónico, durante la rueda de prensa que ofrece todas las semanas tras la reunión del Consejo de Gobierno. “Quien estoy convencido de que no ha tenido ningún tipo de relación ni de trato con Begoña Gómez a la hora de montar la cátedra [que se investiga] son la presidenta de la Comunidad de Madrid y su jefe de gabinete”, ha seguido, en referencia a la inclusión por parte del PSOE en la lista de comparecientes de Ayuso; de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, conocido como MAR; o del exconsejero de Educación y presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio.

“El PSOE simplemente los incorpora a su lista de comparecientes para tratar de empañar, para tratar de ocultar la realidad, que es que tenemos a una mujer del presidente del Gobierno, en este caso a Begoña Gómez, imputada por delitos muy graves”, ha añadido el portavoz del Gobierno de Madrid. “Y de eso va la comisión de la investigación, de tratar de depurar responsabilidades, de devolver el buen nombre a la Complutense, y de que este desprestigio no se vuelva a producir”

Gómez, que ha sido citada a declarar por la justicia como investigada por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, figuraba el curso pasado en la web de la Complutense como codirectora de un Máster de Formación Permanente en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro y de un Máster en Transformación Social Competitiva. En este último también aparecía como directora de la cátedra. Los populares están especialmente interesados en poner bajo los focos la relación de Gómez con el rector Joaquín Goyache, y en que este explique la decisión adoptada durante su mandato de impulsar ese segundo título, qué criterio se aplicó para que Gómez dirigiera la cátedra de este y la relación con las empresas que los financian.

Por ello, los dos deben acudir a la cita en la comisión, previsiblemente el 13 de noviembre. No obstante, nada les obliga a declarar en ella. Eso es lo que hizo, por ejemplo, la expresidenta regional Cristina Cifuentes en la comisión de investigación del caso máster, por la que pasó en 2019 sin contestar ninguna pregunta. En el caso de Sánchez, convocado por el PP “en calidad de Presidente del Gobierno de España y cónyuge de la codirectora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid”, es improbable que tanto él como sus subordinados del Ejecutivo central acudan a la Asamblea en el caso de que se activen sus comparecencias. En ocasiones precedentes, los representantes de la administración estatal han declinado la convocatoria con el argumento de que deben rendir cuentas ante el Congreso y el Senado, pero no ante parlamentos autonómicos.

Precedente con el Gobierno Rajoy

Así lo ha recordado este miércoles la vicepresidenta primera del Gobierno nacional, María Jesús Montero, quien ha opinado en el Congreso que la solicitud de comparecencia de Sánchez “es una maniobra política” de la Comunidad de Madrid para evitar hablar del caso que afecta a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, investigado por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil; “y, sobre todo, para evitar hablar de los problemas de los madrileños”.

En ese contexto, fuentes del Gobierno central apuntan que no se trata de la primera convocatoria a un miembro del Gobierno de España por parte de un Parlamento autonómico. Ya se habían producido antes, con Mariano Rajoy en el Parlament de Cataluña, por ejemplo. Y los miembros del Gobierno de España nunca acudieron a tales convocatorias por no tener obligación legal.

Varios dictámenes del Consejo de Estado eximen a los miembros del Gobierno de España de comparecer en las comisiones de investigación creadas por las Asambleas de las comunidades autónomas. Por ejemplo, un informe del Consejo de Estado fechado el 25 de abril de 2019, en relación con la convocatoria de miembros del Gobierno de España ante el Parlament catalán, concluye con claridad “que los miembros del Gobierno y otras autoridades del Estado, actuales y pretéritos, no vienen obligados a atender solicitud de comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña”.

Sin embargo, Vox ha registrado un escrito este martes en el que solita un informe al respecto a los servicios jurídicos de la Cámara. Con él, y como paso previo a activar la comparecencia de Sánchez, que ahora mismo tan solo ha sido incluido en una lista de comparecientes potenciales, el partido de extrema derecha solicita aclarar “la posibilidad, de acuerdo con el Reglamento de la Asamblea de Madrid, de solicitar la comparecencia del actual presidente”. También reclama que se analicen “las responsabilidades jurídicas” en las que incurriría si no compareciese, si lo hiciera y no dijera nada, o si “incurriera en falsedad”.