El PP de Ayuso y Vox incluyen a Sánchez y a Begoña Gómez en la comisión de investigación sobre la Complutense en la Asamblea de Madrid

El PP y Vox han incluido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez, en sus listas de potenciales comparecientes en la comisión de investigación impulsada por Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid para esclarecer el supuesto “trato de favor” recibido por la mujer del líder del PSOE en la Universidad Complutense. La decisión se ha anunciado solo un día después de que la baronesa madrileña rechazara atender la convocatoria del jefe del ejecutivo para que ambos se reunieran este viernes en La Moncloa, y después de que el líder nacional de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, amagara durante meses con convocar al presidente a la comisión del caso Koldo del Senado, sin llegar a hacerlo. Sin embargo, de ser activada finalmente su comparecencia en el Parlamento madrileño, Sánchez no estaría obligado a acudir, y podría evitar un cónclave diseñado para desgastarle a él y a su gobierno.

“Hemos incluido en el listado a Pedro Sánchez porque todo parece indicar que la cátedra extraordinaria que dirigía su mujer [en la Complutense] nació en la mesa del despacho del presidente del gobierno”, ha dicho Carlos Díaz-Pache, portavoz en la Asamblea del PP regional, que ahora tendrá que decidir si activa la comparecencia del jefe del ejecutivo, o no.

“Queremos saber cómo se ha orquestado esta cátedra”, ha apuntado Díaz Ayuso antes de que se conociera el listado registrado por su partido. “No sé si hay muchas más así”, ha ironizado durante una entrevista en Cope. “[La Complutense] tenía un prestigio hasta que la han politizado y colonizado hasta el tuétano. Han permitido que se hagan negocios privados, los que hablan tanto de la universidad pública, para devolverse favores entre empresarios”, ha seguido. Y ha rematado: “Esta cátedra nació en la mesa del presidente del gobierno, queremos saber qué empresas se han beneficiado del buen nombre de la universidad”.

Gómez, que ha sido citada a declarar por la justicia como investigada por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, figuraba el curso pasado en la web de la Complutense como codirectora de un Máster de Formación Permanente en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro y de un Máster en Transformación Social Competitiva. En este último también aparecía como directora de la cátedra. Los populares están especialmente interesados en poner bajo los focos la relación de Gómez con el rector Joaquín Goyache, y en que este explique la decisión adoptada durante su mandato de impulsar ese segundo título, qué criterio se aplicó para que Gómez dirigiera la cátedra del mismo, y la relación con las empresas que los financian.

Por ello, los dos deben acudir a la cita en la comisión, previsiblemente el 13 de noviembre. No obstante, nada les obliga a declarar en ella. Eso es lo que hizo, por ejemplo, la expresidenta regional Cristina Cifuentes en la comisión de investigación del caso máster, por la que pasó en 2019 sin contestar ninguna pregunta.

En el caso de Sánchez, convocado por el PP “en calidad de Presidente del Gobierno de España y cónyuge de la Codirectora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid”, es improbable que tanto él como sus subordinados del Ejecutivo central acudan a la Asamblea en el caso de que se activen sus comparecencias. En ocasiones precedentes, los representantes de la administración estatal han declinado la convocatoria con el argumento de que deben rendir cuentas ante el Congreso y el Senado, pero no ante Parlamentos autonómicos.

En ese contexto, fuentes del gobierno central recuerdan que no se trata de la primera convocatoria a un miembro del Gobierno de España por parte de un Parlamento autonómico. Ya se habían producido antes, con Mariano Rajoy en el Parlament de Cataluña, por ejemplo. Y los miembros del Gobierno de España nunca acudieron a tales convocatorias por no tener obligación legal.

Varios dictámenes del Consejo de Estado eximen a los miembros del Gobierno de España de comparecer en las Comisiones de Investigación creadas por las Asambleas de las Comunidades Autónomas. Por ejemplo, un informe del Consejo de Estado fechado el 25 de abril de 2019, en relación a la convocatoria de miembros del Gobierno de España ante el Parlament catalán, concluye con claridad “que los miembros del Gobierno y otras autoridades del Estado, actuales y pretéritos, no vienen obligados a atender solicitud de comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña”.

Sin embargo, esos precedentes no han detenido ni al PP ni a Vox a la hora de incluir a Sánchez y a otros integrantes del ejecutivo, como Manuel de la Rocha-Vázquez, miembro de su gabinete, o la asesora María Cristina Álvarez, en sus listados de potenciales comparecientes, que también recogen, por ejemplo, el nombre de la exministra Nadia Calviño.

“A nosotros no nos va a temblar el pulso para investigar toda la corrupción que rodea al PSOE”, ha escrito la nueva portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez, en la red social X (antiguo Twitter). “Y Sánchez es El 1 de esta trama”, ha acusado para justificar su convocatoria, acompañada también por la del empresario Juan Carlos Barrabés y la de Víctor de Aldama, presuntamente implicado en el caso Koldo. “El capo de la mafia”, ha concluido Pérez sobre Sánchez.

Por su parte, el PSOE de Juan Lobato ha registrado una quincena de posibles comparecientes, entre los que se encuentran Díaz Ayuso; su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, conocido como MAR; o el exconsejero de Educación y presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio. Como el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara, parece difícil que alguna de esas comparecencias cristalice.

Así, Marta Bernardo, del PSOE, ha defendido que “la obsesión de Ayuso es Pedro Sánchez”. “Por esto hemos registrado las comparecencias [de Ayuso o MAR] para que la ciudadanía vea claramente que nunca ha habido caso, y que la señora Gómez no tiene nada que ver con unas prácticas que desde luego sí hace el PP en Madrid”, ha seguido, en una referencia velada al caso máster, que protagonizó la expresidenta Cristina Cifuentes, o a la polémica que rodeó al exlíder nacional de los conservadores, Pablo Casado, que aprobó en cuatro meses la mitad de la carrera de derecho en un centro privado adscrito a la Complutense.

Finalmente, Más Madrid quiere convocar a los seis rectores de las universidades públicas madrileñas, y también al consejero de Educación, Emilio Viciana, la consejera de Economía, Rocío Albert, y al presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, en su caso para valorar posibles tratos de favor a la Fundación Fray Jiménez Cisneros. Además, el partido que dirige Manuela Bergerot querría que declararan exlíderes del PP como Casado, Esperanza Aguirre o Cifuentes, o a expertos en financiación universitaria.

Sistema favorable al PP

Todo, en cualquier caso, queda en manos del PP de Ayuso, que es quien tiene mayoría absoluta en la Asamblea regional y quien, por lo tanto, tiene la opción de frenar o activar iniciativas en la Mesa, y quien dispondrá de la parte del león en una comisión de investigación diseñada para desgastar al ejecutivo central.

El lunes, durante una reunión “bronca”, en palabras de una fuente presente en la cita, el PP impuso que se aplique la ley D’Hont a los cupos a disposición de cada partido para seleccionar a comparecientes en la comisión. De esta manera, si tan solo hubiera cuatro sesiones, como está inicialmente previsto, el PP llamaría a siete comparecientes, por dos de Más Madrid, dos del PSOE y uno de Vox. Y si se ampliara la comisión a seis sesiones, como es posible, los conservadores podrían convocar a 10 comparecientes, por cuatro de Más Madrid, tres del PSOE y uno de Vox. Sin embargo, de aplicarse la metodología habitual, cada grupo tendría cuatro y seis comparecientes, respectivamente, uno por sesión, lo que ha provocado una protesta en bloque de la oposición, y que los socialistas se planteen acudir a la justicia, incluido el Tribunal Constitucional.

La consecuencia del sistema elegido es que las decenas de nombres registrados por cada partido son un brindis al sol. El PP decidirá el quién y el cuándo de una investigación que arrancará en noviembre, y puede acabar antes de fin de año, o estirarse hasta febrero de 2025. Ya es seguro que Gómez tendrá que pisar la Asamblea. Y que Sánchez sea llamado al Parlamento madrileño depende ahora del PP y de Vox.