Más Madrid quiere que Casado, Aguirre y Cifuentes acudan a la comisión de investigación sobre la Complutense en la Asamblea

Más Madrid quiere convocar a tres antiguos referentes del PP (su exlíder nacional, Pablo Casado, y las expresidentas regionales Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre) a la comisión de investigación impulsada por el partido de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid para esclarecer un supuesto “trato de favor” en la relación de la Universidad Complutense con Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El objetivo del partido que lidera la oposición es cambiar el paso de un organismo diseñado para desgastar al ejecutivo central, y transformarlo así en un foro que sirva para analizar los problemas de financiación de las universidades públicas (para lo que ha convocado a sus seis rectores) o la supuesta influencia que hayan podido ejercer los gobiernos conservadores en instituciones como la Rey Juan Carlos, epicentro del caso máster que protagonizó la expresidenta Cifuentes; o en centros privados adscritos a la Complutense, como el Instituto Cardenal Cisneros, donde Casado, un protegido de la expresidenta Aguirre, aprobó en cuatro meses la mitad de la carrera de derecho.

No obstante, la aprobación de esas comparecencias dependerá del propio PP, que tiene mayoría absoluta, y además Más Madrid tendrá un cupo limitado de comparecientes que en el mejor de los casos le obligará a renunciar a varios de los convocados.

“Vamos a hablar de verdad de financiación universitaria y por eso tienen que venir los rectores y los mayores expertos en financiación, para hablar de cómo funcionan tanto este tipo de cátedras [como las que encabezaba la mujer de Sánchez en la Complutense] como la financiación universitaria”, explica Antonio Sánchez, diputado que representará a Más Madrid en la comisión de investigación. “Y dos, si quieren hablar de verdad de tratos de favor y no de la utilización de la Asamblea para los intereses de Ayuso, tenemos que traer a los mayores expertos en ese área, que se encuentran en el propio Partido Popular”, añade en referencia a Casado, expresidente del PP; y Aguirre y Cifuentes, expresidentas de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, el PP ha dejado ya pistas de que no permitirá que la comisión vea diluido el objetivo con la que fue impulsada: desgastar a Sánchez, cuya convocatoria no ha sido aún descartada ni por los conservadores ni por Vox, pese a que el presidente del gobierno no tendría obligación de acudir a la Asamblea, y previsiblemente no lo haría.

Así, los conservadores ya han anunciado que el 13 de noviembre, primera sesión del organismo, quieren que comparezcan tanto Gómez, que ha sido citada a declarar por la justicia como investigada por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, como el rector de la Complutense, Joaquín Goyache.

Además, el PP ha planteado aplicar la ley D’Hont en la comisión para organizar las comparecencias. De esta manera, y si el calendario se exprimiera para que hubiera seis sesiones, los conservadores podrían convocar a 10 comparecientes, por cuatro de Más Madrid, tres del PSOE y uno de Vox. Si tan solo hubiera cuatro sesiones, como está inicialmente previsto, el PP llamaría a siete comparecientes, por dos de Más Madrid, dos del PSOE y uno de Vox. Sin embargo, de aplicarse la metodología habitual, cada grupo tendría seis y cuatro comparecientes, respectivamente, uno por sesión.

La consecuencia es evidente: aunque los partidos de la oposición registren decenas de peticiones de comparecencias para cuando venza el plazo, este martes, y la mayoría de estas sean aprobadas por la Mesa del viernes, al ser técnicamente correctas, finalmente Más Madrid, PSOE y Vox tendrán que dejar fuera a la mayoría de sus seleccionados, porque su cupo no será suficiente.

El mejor ejemplo de las dificultades a las que se enfrenta la oposición se vivió este viernes. Hasta la Mesa del Parlamento, que controla el PP, llegó la petición de Más Madrid de incluir en su lista de convocados al consejero de Educación, Emilio Viciana, la consejera de Economía, Rocío Albert, y al presidente de la Asamblea de Madrid y exconsejero de Educación, Enrique Ossorio, para valorar posibles tratos de favor a la Fundación Fray Jiménez Cisneros. Junto a ellos también se solicitaba la presencia de Alberto Pérez de Vargas, expresidente de la Fundación, que en su momento describió llamadas de Aguirre para interesarse por la marcha de los estudios de Casado; y Ana Fernández Zubieta, en calidad de Experta nacional para el Research and Innovation Observatory de la Comisión Europea para que informe sobre el método de financiación de las cátedras extraordinarias.

Pero la Mesa, donde el PP tiene mayoría absoluta, decidió dejar el asunto para más adelante, limitando la capacidad de reacción de la oposición para sustituir a esos comparecientes por otros en el caso de que finalmente no pasen el corte.

“En el caso de esta comisión, el PP tiene mucho interés en la agitación mediática y ningún interés en su funcionamiento normal”, se quejó la portavoz del partido de izquierdas, Manuela Bergerot. “La Mesa evita pronunciarse sobre nuestras peticiones de comparecencia porque así quiere evitar el ridículo institucional de vetar las iniciativas que buscan poner el foco en el contexto general de las universidades públicas”, añadió. “Esta comisión puede convertirse en un boomerang para el PP, que buscando un circo sobre la política nacional, va a acabar poniendo el foco en sus chanchullos madrileños”.