Operación Campamento: hay alternativa

La aprobación, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid de septiembre, del primer paso hacia la Operación Campamento nos ha traído una cierta sensación de ‘déjà vu’. Esto ya lo hemos visto hace veinte y treinta años ante otros desarrollos urbanos y sabemos cómo acaba: el anuncio de la construcción de promociones de compraventa de miles de pisos ―muchos “con algún tipo de protección”― que iba por sí sola a solucionar el problema de la vivienda dista mucho de la realidad de hoy en un Madrid en crisis habitacional. Y nos obliga a pensar si es el destino que queremos para esos dos millones de metros cuadrados de suelo público o si, por el contrario, toca hacer las cosas de otra manera.

Por eso, Más Madrid votó en contra, frente al PP, PSOE y VOX. Porque, a diferencia de otras grandes operaciones urbanísticas condicionadas por los derechos adquiridos de propietarios privados de suelo, el 93% de los terrenos de Campamento son públicos y creemos que deben serlo para siempre, como forma de garantizar que no se especula con ellos ni con las 10.700 viviendas que allí se levanten. Ni el mal menor ni hacer pasar la inercia o la resignación por pragmatismo son una opción cuando estamos ante la última gran reserva de suelo público de la ciudad.

El Ministerio de Vivienda y Agencia Urbana y el alcalde José Luis Martínez Almeida insisten en que el 60% de vivienda será “protegida”, pero no mencionan que la normativa autonómica permitirá descalificar esa protección en quince años, o que el 40% restante podrá ser desde el primer momento objeto de negocio de promotores privados a precio de mercado (que no es, precisamente, asequible) porque nada garantiza lo contrario en el proyecto que está sobre la mesa.

Pero Campamento también puede ser el paradigma de un nuevo modelo de política de vivienda. Para ello, apostamos por impulsar un parque público de 4.000 viviendas en alquiler barato promovidas y gestionadas por la administración, más otras 4.000 igualmente en alquiler asequible a cargo de cooperativas y entidades sociales, y 2.600 promovidas por operadores privados, manteniendo la titularidad pública del suelo.

Es una alternativa viable: suelo 100% público siempre y 75% de oferta de alquiler barato. Y es una oportunidad que tiene SEPES, el organismo público dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana propietario de los suelos, de acercar nuestro país a modelos exitosos en la protección del derecho a la vivienda emblemáticos de la socialdemocracia europea, como el de Viena. De momento, lejos de ello, la ministra responsable ha llegado a referirse a la vivienda en alquiler como “una condena”.

De igual forma, el diseño urbanístico que plantea el Ayuntamiento de Madrid para ese entorno está en las antípodas del urbanismo moderno y sostenible. En lugar de plantear la creación de un barrio a escala humana donde se priorice el transporte público y la accesibilidad peatonal, se apuesta por el absoluto protagonismo del coche y una trama urbana poco compacta.

Estamos a tiempo de hacer las cosas de otra manera. La impaciencia por ejecutar lo que ha estado bloqueado más de quince años no puede ser un ‘todo vale’. Pero incluso con este planeamiento aprobado, hay margen de mejoras que se pueden tener en cuenta.

El liderazgo público en la promoción de vivienda, la colaboración con organizaciones sociales y cooperativas, la participación activa de entidades públicas de préstamo como el ICO y el blindaje del suelo público con medidas como el derecho de superficie marcan el camino a seguir. La Operación Campamento puede ser el giro de timón que necesitan las políticas de vivienda en Madrid. ¿Y si, en lugar del ‘déjà vu’, miramos al futuro?