Madrid admite que debe reducir más de un 50% la contaminación del tráfico, pero calcula que este puede crecer un 42%

“¿En qué quedamos?”. La pregunta la lanza Alejandro Sánchez, diputado de Equo integrado en el grupo parlamentario de Más Madrid, y tiene como objetivo señalar una supuesta contradicción. Mientras que la estrategia de Energía, Clima y Aire de la Comunidad de Madrid 2023-2030 reclama lograr una reducción de un 50% de las emisiones contaminantes del tráfico con respecto a las de 2018, el Plan de Carreteras calcula que el tráfico privado habrá crecido en 2032 un 42% de promedio con respecto a 2019 si se mantiene la tendencia actual y no se toman medidas de control. Esas previsiones, señaladas como consecuencia de un debate parlamentario celebrado el jueves en la Asamblea regional, forman parte del arsenal que se emplea en la lucha política abierta a raíz de la anulación por la justicia de las zonas de bajas emisiones de la capital. Porque Vox rechaza ese tipo de limitaciones al tráfico. Ecologistas en Acción, por su parte, ve la planificación de carreteras “absolutamente incompatible con los compromisos asumidos por España de reducción de gases contaminantes y mejora de la calidad del aire”. Y el PP, que es quien está en el poder, navega entre dos aguas.

“Tenemos que transicionar hacia un medio ambiente mucho más limpio, con una calidad de aire mucho mejor, que es lo que están haciendo los gobiernos del PP”, dice el jueves Carlos Novillo, el titular de Medio Ambiente, Agricultura e Interior en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. “Lo que se discute siempre es la forma de aplicar que tiene la izquierda estos objetivos, con plazos totalmente inalcanzables, y criterios irrealizables”.

Una argumentación que provoca la crítica de Sánchez, un diputado que es voz autorizada en medio ambiente y lucha contra el cambio climático. “Resulta sorprendente que el consejero dijese que esto es una “imposición de la izquierda” cuando son documentos firmados por él mismo y basados en estudios técnicos que lo que persiguen es mejorar la calidad del aire y así reducir la mortalidad y la morbilidad debida a la contaminación”, recuerda. “Y por eso resulta tan incoherente que otra consejería del Gobierno autonómico [la de Transportes] apruebe un nuevo plan de carreteras para 2032 donde prevé un aumento del tráfico del 42%”, sigue. “¿En qué quedamos?”, se pregunta. “Mientras Medio Ambiente hace planes y subvenciona zonas de bajas emisiones para reducir las emisiones del tráfico un 50% y así la contaminación a niveles menos peligrosos para la salud, Transportes planifica nuevas carreteras para aumentar el tráfico un 42%”, insiste. Y se queja: “Trabajan en direcciones diametralmente opuestas”.

Aunque en el Ejecutivo no lo ven así. “El hecho de que se planifiquen nuevas carreteras autonómicas no tiene que significar que haya más contaminación”, argumenta un portavoz de la consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, que dirige Jorge Rodrigo. “De hecho, al incrementar el número de calzadas se reduce el tiempo en el que los vehículos permanecen en dichas vías y disminuyen los atascos, que son los causantes del aumento de emisiones de diferentes gases de efecto invernadero”, añade. “El plan [de carreteras] contempla, asimismo, nuevas técnicas constructivas para conseguir procedimientos más eficientes que consigan mejorar la calidad del aire”.

En teoría quizás fuera posible que las dos tendencias convivieran: no todos los vehículos que formen parte del incremento de tráfico tienen por qué ser contaminantes. La realidad, en todo caso, es que los documentos oficiales ponen negro sobre blanco el problema que acucia a un ejecutivo enfrentado a fuerzas contrapuestas si no se actúa: mientras la población aumenta, y con ella las necesidades de transporte, debe bajar la contaminación del aire.

Así, el plan de carreteras autonómico no solo calcula que el tráfico habrá aumentado en 2032 un 42% de promedio con respecto a 2019 si sigue la tendencia actual y no se toma ninguna medida: también deja una previsión conservadora que reduce el dato a un crecimiento del 19% y una no conservadora que dispara el incremento hasta el 66%, en función de que se construyan más kilómetros de carreteras y de la evolución de la población.

Al tiempo, la estrategia de Energía, Clima y Aire del gobierno de Díaz Ayuso es taxativa a la hora de diagnosticar lo que hay que hacer para mejorar la calidad del aire: frenar a los vehículos contaminantes.

“Según los resultados del estudio del nivel de ambición realizado en el marco del Convenio con la Universidad Politécnica de Madrid, es preciso reducir las emisiones del tráfico rodado en más de un 50% para permitir que todas las estaciones de calidad del aire, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento, cumplan con el valor límite anual de NO2 [dióxido de nitrógeno] para la protección de la salud humana”, se lee. “Se trata, por tanto, de un sector clave, ya que ni aun disminuyendo el 100% las emisiones del sector residencial, comercial e institucional, se podría rebajar la concentración media anual por debajo de 40 μg/m3 en todos los puntos de la región”, se añade. “Las emisiones del tráfico son las que presentan no solo un mayor potencial, sino la mejor relación entre reducción de emisiones y mejora de calidad del aire”.

¿Cómo conjugar ambas realidades? ¿Cómo lograr que descienda la contaminación provocada por el tráfico privado si este va a aumentar con claridad?

El Ejecutivo propone en su estrategia del aire “desprenderse de manera paulatina” de los vehículos diésel y antiguos, y “fomentar un cambio modal que prime, por este orden la movilidad activa, el uso de los medios de transporte públicos, el vehículo compartido y el vehículo cero emisiones o de bajas emisiones”.

Además, el documento reconoce la importancia de las zonas de bajas emisiones, ahora en el centro de la polémica por la anulación (recurrida) de las de la capital, y el incumplimiento a la hora de activarlas, como les obliga la ley, de tres ayuntamientos de la región (Arganda, Aranjuez y Valdemoro).

Zonas de bajas emisiones

Esto añade un portavoz de la consejería de Medio Ambiente, que dirige Novillo. “Es fundamental la sustitución paulatina del parque automovilístico contaminante por una flota descarbonizada (eléctrica, con hidrógeno, etcétera...)”, arranca. “Además, debe continuar la política pública de favorecer el transporte público (también descarbonizado), el uso del vehículo compartido, la utilización de medios de transporte personal no contaminantes (bicicletas), y las zonas de bajas emisiones bien pensadas y definidas”, añade sobre las políticas del ejecutivo, que incluyen ayudas a la sustitución de calderas, la eficiencia energética, o el achatarramiento de vehículos antiguos. “Se trata de lograr una transición justa a una movilidad sostenible, sin restringir las libertades individuales, con flexibilidad y mejoras tecnológicas”.

¿Pero es posible lograr rebajar drásticamente la contaminación provocada por los vehículos con esas medidas?

“El reto es mayúsculo, no es trivial, pero es posible. Bien difícil, pero posible”, contesta Rafael Borge, catedrático de universidad adscrito a la Politécnica y colaborador en la elaboración de la estrategia del aire regional. “Tenemos tecnología y los mimbres para hacer el cesto. Es una cuestión de voluntad política y de demanda pública”, añade en conversación telefónica con este diario. “Si la gente está concienciada de que esto es importante, y lo demanda a sus dirigentes, se puede hacer”, opina, añadiendo que es un esfuerzo que afecta a los ciudadanos, la administración o las empresas. Y concluye: “Si seguimos haciendo lo mismo, al ritmo actual, va a ser difícil. Las emisiones están bajando bastante, pero necesitaríamos que fuera más rápido”.

Ese cambio social, cultural y tecnológico que afecta a múltiples capas de la vida diaria se construye en una etapa de máxima polarización política. Una situación que queda reflejada en el pleno del jueves.

“El problema que tenemos es que el cerebro humano es óptico, y quizás usted no se comería un filete podrido, ni se bebería un vaso de agua turbia, pero, en cambio, no sé qué le pasa con el aire que admite cualquier cosa”, dice el consejero Novillo mientras se dirige a un diputado de Vox, contrario a las zonas de bajas emisiones. A renglón seguido, el integrante del gobierno critica los plazos “equivocados” para conseguir los objetivos de protección medioambiental, de los que culpa a la izquierda, igual que apunta al gobierno de Pedro Sánchez por no aportar su grano de arena con la red de trenes de Cercanías. Una intervención que resume cómo el PP, cuya presidenta propuso poner una planta en cada balcón para mejorar la calidad del aire, nada entre dos aguas.