El Gobierno de Pozuelo expulsa del pleno municipal a un grupo de vecinos por protestar contra la tala de 70 hectáreas de bosque

Pocos minutos antes de entrar al pleno municipal, una docena de vecinos esperan con nerviosismo en la explanada de la Plaza Mayor de Pozuelo de Alarcón. Gema Rodríguez se guarda una pequeña pancarta entre el pantalón y el vientre para evitar cualquier decomiso al ingresar y avisa a su vecina Susana Bennike, una danesa en Madrid poco acostumbrada al activismo vecinal, de que este jueves no es un día para ponerse blandos, que hay que actuar con decisión. “Yo soy un poquito [de buena] pasta para esto”, responde Bennike, como confirmación de que no está “muy habituada a esas cosas”. Dentro, las concejales discuten el orden del día, que incluye una pregunta de la bancada socialista sobre el futuro del bosque de Montegancedo, de 70 hectáreas, amenazado por un proyecto de urbanización de lujo de 1.050 viviendas. La titular del área de Medio Ambiente del Gobierno, Míriam Picazo Alonso, confirma que el proyecto “se terminará aprobando”, una afirmación que lleva al límite a los vecinos que comienzan a gritar desde las sillas en contra del equipo de Gobierno. La alcaldesa, Paloma Tejero Toledo (PP), ordena la expulsión de los sublevados.

El pleno municipal de este jueves en Pozuelo de Alarcón no ha tenido nada que envidiarle los del Congreso de los Diputados, con todo y las trifulcas que se producen allí. Con una excepción, en el recinto municipal se palpaba la mayoría aplastante del PP, con 12 concejales copando las dos filas de la derecha de la sala y cuatro más en la mesa principal. Pasado el medio día, el socialista Ángel González Bascuñana ha preguntado al equipo de Gobierno: “¿Son conscientes del daño que va a provocar al equilibrio medioambiental de Pozuelo el desarrollo urbanístico de Montegancedo?”. La encargada de responder ha sido Picazo, quien subrayó que el proyecto cuenta “con todos los informes favorables”, y aclaró que la urbanización no tiene marcha atrás.

Los vecinos seguían el debate con inquietud. El tiempo se acababa y la alcaldesa estaba a punto de dar la palabra al siguiente concejal en la ronda de preguntas. Nadie se atrevía a sacar los carteles ni a pronunciar palabra, hasta que uno de los vecinos gritó “paremos el ecocidio”. Solo era empezar: tras la primera interrupción, una alharaca copó todo el recinto. Cada vecino dijo lo que quiso y las palabras se perdieron en un mar de alegatos ininteligibles, hasta que las quejas individuales desembocaron en un coro colectivo que pedía “no al ecocidio”. La alcaldesa llamó al orden un par de veces, antes de solicitar a los vecinos que abandonaran el recinto.

Un primer grupo de díscolos se retiró a petición de la alcaldesa y un puñado más esperó a que entraran las fuerzas de seguridad. Una de las afectadas se acercó hasta la mesa principal para recriminar al Gobierno local, antes de que un agente vestido de paisano y otro uniformado de la Policía Nacional la escoltaran hasta abandonar la sala. Acto seguido, Tejero responsabilizó al González Bascuñana por lo que llamó un “bochornoso espectáculo” y lo acusó de querer derogar la propiedad privada por alentar la paralización de las obras. “Pozuelo no es Venezuela”, ha remarcado la alcaldesa.

El bosque de Montegancedo no solo es un terreno donde los vecinos pasean y se ejercitan, sino también un oasis para la fauna y la vegetación. Daniel Fuentes, doctor en ciencias ambientales, ha identificado en este espacio más de cien especies de animales, entre mamíferos, reptiles, anfibios y aves. El estudio en el que ha registrado estos hallazgos constata, además, la presencia de “numerosos ejemplares” de encinas y pinos piñoneros “de más de cien años de edad y algunos cercanos a los doscientos años”, así como amapolas, rosales silvestres, jaras, entre otras flores. Este ecosistema posee una charca natural que sirve de bebedero a la fauna local y aves migratorias.

En el exterior, la bronca no menguó. Los vecinos desplegaron un par de pancartas de gran tamaño frente al consistorio en las que se leía “No queremos políticos en guerra contra la naturaleza” y “Salvemos Montegancedo”, el nombre de la plataforma vecinal creada para frenar la urbanización. Poco duró la actuación porque ocho agentes de la Policía Nacional, dos de ellos vestidos de paisano, se acercaron a los vecinos e identificaron a cinco, dado que la concentración no había sido avisada a la Delegación de Gobierno. Bennike no daba crédito a lo que veía: “No me lo puedo creer. Todavía estoy temblando”, ha afirmado mientras mostraba sus palmas vibrantes.

A la salida del pleno, el concejal González Bascuñana condenó la “soberbia” de la alcaldesa Tejero, a quien acusó de “coartar la libertad de los vecinos para protestar”. Un recurso de reposición interpuesto por PSOE obligó hace una semana a paralizar momentáneamente las obras, aunque no por mucho tiempo. González Bascuñana ha adelantado a EL PAÍS: “Estamos trabajando en otros elementos jurídicos para intentar paralizar el desarrollo de este desastre”.

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