El Ayuntamiento de Madrid esquiva al Gobierno y busca por su cuenta si hay una fosa común en el terreno del cantón de Montecarmelo

Hay movimiento en la parcela de la discordia en el barrio de Montecarmelo, al norte de Madrid. Los vecinos han alertado de que, durante la Semana Santa, operarios del Servicio de Limpieza Urgente (Selur) estuvieron desbrozando el terreno sobre el que se proyecta un cantón de basuras. Además, marcaron una especie de cuadrículas con cintas amarillas que encendieron las alarmas en el barrio. Toda esa logística es la antesala de un estudio que hará el Ayuntamiento de Madrid, mediante prospecciones y georradar, para verificar si bajo ese suelo hay o no una fosa común de brigadistas internacionales, como ha confirmado a este diario una portavoz del Área de Urbanismo. Sin embargo, esa exploración no tiene ninguna relación con la que preparaba el Gobierno Central a través de la Dirección General de Memoria Democrática, según dice el Ayuntamiento. Ese proyecto, que ya está prácticamente listo, está a la espera de que el gobierno de José Luis Martínez-Almeida dé la licencia para poder entrar a la parcela.

El Ayuntamiento se ha adelantado al proyecto que viene del Gobierno por cuenta de una solicitud de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI), que espera que se verifique con exploraciones arqueológicas si en la parcela donde se planeó la instalación de limpieza está o no una fosa común con los 451 cuerpos de brigadistas internacionales caídos en combate durante la Guerra Civil. El estudio con georradar del Ayuntamiento, en todo caso, llega luego de que el director de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial contactara a la Dirección de Patrimonio del Ayuntamiento para manifestarle su “voluntad” de hacer exploraciones arqueológicas en el terreno. En enero, EL PAÍS adelantó que la dirección de patrimonio municipal recomendó posponer el inicio de las obras hasta que no se hiciera la verificación. Para eso, la dirección de Memoria Democrática contrató un equipo de arqueólogos y antropólogos que están a la espera de la autorización del gobierno local para ingresar.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha dicho a EL PAÍS que no tenía información de este estudio con georradar a cargo del Consistorio. El Área de Urbanismo tampoco ha respondido qué ha sucedido con los permisos.

La sospecha de la existencia de una fosa común se ha atravesado al proyecto al que se oponen los vecinos, que se organizaron en 2023 en la Plataforma No Al Cantón de Montecarmelo. La instalación de limpieza, inicialmente, se iba a levantar cerca al colegio Infanta Leonor, pero el rechazo de los residentes de esta zona al norte de Madrid coincidió con las vísperas de las elecciones del 28-M. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida pausó el proyecto para estudiar una ubicación alternativa. En septiembre, el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Borja Carabante, confirmó que la alternativa era el solar que no solo queda al lado del cementerio de Fuencarral ―donde estuvieron enterrados los 451 brigadistas antes de ser exhumados por orden del franquismo― sino junto al Colegio Alemán, la escuela infantil Sol Solito y numerosas comunidades de vecinos. La nueva localización, para la plataforma, era peor que la primera.

A esa oposición se sumó, en noviembre, la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI) con una serie documentos que, según ellos, apuntaba a que en la zona podrían estar enterrados los brigadistas caídos en combate entre 1936 y 1937 y que fueron exhumados por órdenes del gobernador civil de Fuencarral, Manuel Mora Figueroa. Aunque Almeida, ante las publicaciones de EL PAÍS, afirmó que no había “ningún indicio” de la presencia de las fosas, ahora ha autorizado los estudios para comprobar si hay algo o no bajo la tierra. Por lo pronto, el movimiento sigue en la llamada parcela 26.2b, que tiene 10.259 cuadrados. Este martes han llegado ingenieros forestales de una empresa privada a hacer un inventario de árboles y arbustos.

La Plataforma No Al Cantón de Montecarmelo tiene sus reservas sobre el estudio del Ayuntamiento. “Ningunean al Gobierno al no conceder aún los permisos y se aprestan a hacer antes ese trabajo”, asegura un portavoz, que recuerda que la competencia de la búsqueda de personas desaparecidas es competencia de la Administración General del Estado, como dice la Ley de Memoria Democrática. La organización ciudadana también critica que Urbanismo no les haya comunicado que haría este estudio. Tras este nuevo episodio en la lucha vecinal, la plataforma ha enviado cartas al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso; y al propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Sobre la técnica que utilizará el Ayuntamiento también hay dudas. Memoria Democrática ha advertido a este diario de que “las catas arqueológicas son la fórmula más fiable de cerciorarse de la existencia de posibles cadáveres”. Esta técnica consiste en hacer excavaciones cada cierta distancia para verificar si hay restos bajo la tierra. En cambio, un georradar, como han explicado expertos, envía hacia el interior de la tierra impulsos electromagnéticos que rebotan y muestran alteraciones. En este caso, advierten, no es un método tan preciso en la zona del cantón, que tiene varias elevaciones producidas por sedimentos o descarga de escombros.

El proyecto de cata arqueológica está prácticamente listo y solo está a la espera de que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad otorguen los permisos para intervenir en la parcela. “El Ayuntamiento aún no ha dado la licencia”, confirman desde Memoria Democrática. El proyecto, que se ha autorizado, contratado y financiado desde el Gobierno central, estará a cargo del grupo de arqueólogos y forenses Arqueoantro, con cerca de 12 años de experiencia, según ha informado Memoria Democrática. El equipo ha participado en proyectos como la investigación y localización de fosas comunes con los cuerpos de represaliados por el franquismo en Carlet (Comunidad Valenciana) y la excavación y exhumación de fosas en Paterna y en el antiguo Cementerio Civil de Castelló, también en la Comunidad Valenciana.

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