Así vetó el PP de Ayuso que MAR diera la cara en la Asamblea por sus presiones a periodistas: “[Es] una reprobación encubierta con juicio de valor”

—¡No me estás dejando hablar!

Son las 9.39 del viernes 22 de marzo. Cuatro políticos del PP, uno de Más Madrid, otro del PSOE y uno más de Vox debaten “acaloradamente” sobre una derivada del caso de presunto fraude fiscal que afecta a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Como miembros de la Mesa, el órgano que dirige el Parlamento regional, en sus manos está que comparezca en la Asamblea el jefe de gabinete de la líder, Miguel Ángel Rodríguez, por reaccionar a la investigación de la polémica distribuyendo un bulo contra dos periodistas de EL PAÍS; acusando de intentar entrar en la vivienda de la presidenta a dos redactores de elDiario.es, lo que este medio ha negado; y amenazando a otra informadora (”Os vamos a triturar”). Pero el PP emplea su mayoría absoluta para vetar las iniciativas de la oposición: una treintena de comparecencias de MAR, como se conoce a este alto cargo, y dos debates en el pleno para intentar que sea destituido. Una decisión a la que se llega tras una serie de encontronazos en la Mesa que EL PAÍS reconstruye ahora con fuentes directas presentes en la cita y documentos parlamentarios.

“¡No me estás dejando hablar!”, insiste en su protesta Ana Millán (PP), la vicepresidenta primera de la Asamblea, que es quien lleva la voz cantante en un punto clave, según dos fuentes presentes en la discusión, y que declinó dar su versión a este diario: los conservadores sostienen que no procede tramitar las dos propuestas de debate con forma de proposición no de ley que patrocina Más Madrid porque son sendos intentos encubiertos de reprobar a Rodríguez, cuando el reglamento de la Cámara no recoge esa posibilidad. Un argumento que enciende los ánimos de la oposición.

“¡Pero si lo que se pide explícitamente es su destitución!”, se queja Esther Rodríguez, de Más Madrid, asombrada con el razonamiento que escucha. “¡Lo que se está pidiendo claramente es el cese de un alto cargo! ¡No es lo mismo una reprobación que un cese!”, le secunda Diego Cruz, del PSOE.

Pero el PP no da su brazo a torcer en tres asuntos clave. Primero, en la consideración de que ahí hay una reprobación encubierta que no tiene cabida en el reglamento de la Cámara... pese a que negro sobre blanco se puede leer la palabra “destituir”.

Segundo, en que Rodríguez no puede comparecer porque no es un alto cargo, ya que no tiene responsabilidades de gestión... pese a que MAR figura como alto cargo en el portal de transparencia, que refleja oficialmente el organigrama gubernamental; cumple por iniciativa propia en su perfil público de esa web con las obligaciones propias de un alto cargo (publicar su patrimonio, renta, gastos...); y tiene rango de director general. Si el PP encuentra argumentos para su posición en el artículo 11.1 de la ley del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid (”funcionará, como órgano de asistencia y asesoramiento, el Gabinete del Presidente”), la izquierda los encuentra en el 11.3 de la misma norma (”El Jefe del Gabinete del Presidente, con nivel orgánico de Director general, será nombrado y, en su caso, cesado por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de su Presidente [como los altos cargos]”).

Y tercero, en que no procede el contenido de algunas iniciativas, pues tienen “juicios de valor”, según su criterio... pese a que la misión de la Mesa es velar únicamente por la procedencia técnica de las propuestas.

“Peleamos tanto que la junta de portavoces se tuvo que retrasar media hora”, describe una fuente conocedora de lo ocurrido. “Aunque los miembros de la Mesa son muy educados, hubo episodios normales [de encontronazos] en ese contexto de acaloramiento”, añade. Y subraya: “La tensión existió. Y el enfado”.

“Lo que hizo el PP fue peligroso, porque partieron de la barbaridad de que MAR no es alto cargo”, explica otra fuente conocedora de lo que pasó en la Mesa. “¡Pero cómo no va a serlo! ¡Si aparece en la relación de altos cargos que publica la Comunidad en su web! ¡Si lo ha nombrado el Consejo de Gobierno!”, añade. “Hubo momentos alucinantes”, sigue.

Hay un asunto que enciende especialmente los ánimos de la oposición de izquierdas, que emplea argumentos tan convincentes como para que el representante de Vox, Ignacio Arias, no apoye al PP (“tras la deliberación me han surgido dudas respecto de los dos posicionamientos”, reconoció). Así, el vicepresidente del PSOE reclama que se pida un informe jurídico a los servicios de la Cámara para dilucidar la procedencia del veto a todas las iniciativas. De nuevo, saltan las chispas: el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, que fuera el número dos de Díaz Ayuso en el Gobierno la pasada legislatura, pone pie en pared.

“El Excmo. Sr. Presidente señala que el informe a los servicios jurídicos lo solicita la Mesa y que en este caso se considera que no procede”, resume su intervención el acta del encuentro. Ante la negativa a hacer ese informe, Cruz, del PSOE, protesta. Y advierte a la secretaria general de la Cámara: “Usted nos tiene que informar a todos, tiene que asesorar a toda la Mesa, advertirnos de si cualquier decisión es contraria al reglamento. Si no lo hace, será cómplice, y será responsable”.

Tribunal Constitucional

Es una mañana negra para la oposición. Cuando acaba, Manuela Bergerot, de Más Madrid, describe la reunión de la Mesa como “infame”. Sus quejas, como las del PSOE, son abundantes. Tampoco han salido adelante las comparecencias solicitadas por el mismo asunto para el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín; el titular de Interior, Carlos Novillo; la directora general de Medios, Cristina Gil, y el director general de Seguridad, Luis Miguel González Morato. Lo mismo ocurre con las peticiones para la consejera de Sanidad, Fátima Matute, y los directivos del grupo Quirón para explicar la relación de contratos entre la Administración y el grupo empresarial, a su vez principal cliente de la empresa de la pareja de Ayuso.

“La Asamblea de Madrid no está para eso”, justifica Carlos Díaz-Pache, del PP, que abronca a la oposición: “Debería trabajar más y mejor, conocer los temas, y, por lo tanto, dejar de mentir”.

Los rescoldos del choque aún chisporrotean semanas después. La oposición no se da por vencida. Por ello, prepara escritos de reconsideración para las iniciativas rechazadas. El calado político de la polémica a la que se refieren sus propuestas, y que afecta directamente tanto a la pareja de la presidenta como a su mano derecha en el Ejecutivo, dificultará que sean aprobadas, según opina una fuente conocedora de los trabajos de la Asamblea. Pero un nuevo rechazo abriría otros caminos: por ejemplo, el de pedir amparo al Tribunal Constitucional, donde la oposición de izquierdas tiene ya ocho recursos pendientes contra leyes del Gobierno del PP o decisiones del Parlamento.

“No hay duda. Esto acabará allí”, zanja un diputado con muchos trienios a sus espaldas.

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