La Justicia de Madrid permite a Ayuso ocultar su expediente académico
El Tribunal Superior de Madrid ordena medidas cautelares que suspenden la orden del Consejo de Transparencia que obligaba a hacer públicas sus notas a petición de una ciudadana
El expediente universitario de la presidenta regional madrileña Isabel Díaz Ayuso seguirá siendo un misterio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado medidas y suspende la orden del Consejo de Transparencia que obligaba a hacer públicas sus notas en la carrera de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid a petición de una ciudadana. Según el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, y que ha adelantado eldiario.es, la Justicia ha estimado el recurso presentado por el Gobierno de Ayuso para frenar, al menos por ahora, que se haga pública esa información.
Ayuso estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid entre 1997 y 2004, según su currículum de LinkedIn. En enero, la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense entregó a Ayuso el reconocimiento de “alumna ilustre”, y una periodista del medio Newtral solicitó conocer el expediente académico completo de la presidenta. Ante la consulta, la Comunidad de Madrid denegó dicha información en marzo de 2023, indicando en su escrito que “la solicitud implica el acceso a información de carácter personal” y que “la información solicitada no contribuye a un mayor conocimiento de la organización y funcionamiento de las instituciones o de la asignación de los recursos públicos”, informaba el medio.
Tras presentar una reclamación en marzo, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estimó, por un lado, que “la información requerida debe considerarse información pública” y, por otro, que la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid debía trasladar a la Universidad Complutense de Madrid dicha solicitud de información para obtener el citado expediente, según lo difundido por Newtral.
Ayuso presentó un recurso ante los tribunales para impedirlo, solicitando en su escrito que se aplicaran medidas cautelares, es decir, que se paralizara dicha resolución del Consejo de Transparencia hasta que la Justicia no resolviera el recurso de la Comunidad de Madrid y hubiera una sentencia sobre el fondo del asunto, lo que puede dilatar el proceso meses.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha frenado por el momento dicha orden. La sección octava de lo contencioso del TSJM estimó la petición de medidas cautelares de la Comunidad y suspendió de forma cautelar la ejecución del acuerdo, lo que en la práctica amortigua la posibilidad de obligar a la administración regional a hacer público el expediente por el momento.
En el auto, los jueces explican que no paralizar la ejecución de la orden de Transparencia quitaría cualquier valor al recurso que ha presentado la Comunidad de Madrid: si en el futuro una sentencia estima sus pretensiones y dice que no hay obligación de hacer público el expediente académico de Ayuso, ya se habría difundido y sería demasiado tarde. “Implicaría la completa ineficacia de una sentencia estimatoria”. También se sorprenden los jueces de que el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid, organismo autónomo, pero adscrito a la Asamblea regional, no haya presentado ninguna alegación en defensa de su propia resolución.
Este viernes la Asamblea de Madrid somete a debate cambios en más de una docena de leyes, entre ellas el funcionamiento del Consejo de Transparencia. Hasta ahora, el organismo está integrado por tres consejeros nombrados por la presidencia de la Asamblea, a propuesta del Pleno de la Cámara, por mayoría de las tres quintas partes. Están en el cargo durante seis años, y se distribuyen rotatoriamente la presidencia cada dos años. Con la reforma del PP, el órgano que dirime las quejas sobre la transparencia del Ejecutivo será presidido por una persona designada por ese mismo Ejecutivo, su único integrante, pues el número de consejeros pasa de tres a uno. Y se especifica: “Se elimina su dependencia de la Asamblea”. La formación conservadora justifica que la reforma incluye poner “a su disposición una unidad técnica de apoyo, lo que redundará en su mayor carácter técnico, manteniendo la independencia del órgano”.
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