La oposición acusa a Ayuso de confundir mayoría absoluta “con absolutismo” para controlar los órganos fiscalizadores de Madrid

Las protestas en las que hierven los partidos de la oposición de la Comunidad de Madrid durante todo el fin de semana estallan este lunes, tras la junta de portavoces de la Asamblea regional. En un raro ejemplo de unanimidad, derecha e izquierda, Vox, Más Madrid y PSOE, se unen para criticar la ley de medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid, registrada por el PP el viernes, y que permitirá al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso controlar la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia y la televisión y radio públicas de la región. De hecho, en una pirueta inesperada, Rocío Monasterio, la portavoz de la extrema derecha en el Parlamento madrileño, viene a comparar a la líder conservadora con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE). Para ellas, el mayor de los desdoros.

“Si viéramos esas reformas de la televisión pública, de la Cámara de Cuentas, de la Cámara de Comercio, hechas por Sánchez, nos parecería mal”, ha recalcado este lunes Monasterio, intrascendente en la Asamblea tras dos legislaturas en las que sus votos fueron decisivos para que el PP sacara adelante sus proyectos legislativos. “La señora Ayuso aquí quizás ha equivocado la mayoría absoluta con el absolutismo”, ha seguido. “Y por eso lo introduce ahora, cuando tenemos que estar a las cosas que afectan a la Nación”.

Un argumento con el que ha coincidido Juan Lobato, el líder del PSOE en Madrid. “Lo presentan aprovechando estos días de foco mediático en la investidura [de Sánchez]”, ha dicho el también senador. “Y lo hacen para colar por la puerta de atrás el desmantelamiento del Consejo de Transparencia, de la Cámara de cuentas o de la posibilidad de que algún día haya un Telemadrid plural al servicio de los madrileños”, ha añadido. “Muestro mi total rechazo”.

“Es un asalto definitivo a Telemadrid”, ha lamentado Mónica García, de Más Madrid. “Modifica la Cámara de Cuentas, supongo que no les gusta que fiscalicen, el Consejo de Transparencia, para hacer opacos los datos y todas sus políticas; eliminan la ley de buen gobierno y buena gestión, que nunca se ha tenido en cuenta, porque las gerencias de los hospitales supongo que consideran que también tienen que tener el carnet del PP”, ha detallado.

La ley patrocinada por el PP, que tiene mayoría absoluta por la Asamblea, y podrá aprobarla por el trámite de urgencia, introduce los siguientes cambios.

Nuevo director para Telemadrid. “Para evitar situaciones de interinidad prolongadas en el tiempo, se cambia el procedimiento de elección” del director general, defiende el PP en su texto. Hasta ahora, esa designación dependía de la Asamblea, lo que obligaba al consenso entre Gobierno y oposición. Ahora, el nombramiento se efectuará por cuatro años y a propuesta del Consejo de Administración de la sociedad, cuyos miembros serán elegidos por la Asamblea de Madrid de entre los propuestos por los Grupos Parlamentarios y de acuerdo a su peso político. Es decir, dominará el partido mayoritario. Todo un resumen de cómo Díaz Ayuso ha ido controlando la televisión pública desde que llegó al poder. Así, Ciudadanos defendió una reforma de la ley que obligaba a un acuerdo político. Tras las elecciones de 2021, en las que este partido no logró representación, el PP se alió con Vox para cambiar la norma, despedir a la dirección del momento, a la que Díaz Ayuso acusaba de operar en su contra, y nombrar a un administrador provisional, figura de nueva creación ideada para sortear la necesidad de lograr una mayoría suficiente para nombrar a un director.

El puesto lo ocupa José Antonio Sánchez, votante confeso del PP que reconoció aparecer en los papeles de Bárcenas, y al que PP y Vox han mantenido en el puesto vetando una propuesta del consejo de administración para nombrar un nuevo director general. Ese consejo, además, deberá ser renovado en el primer trimestre tras la aprobación de la nueva regulación, mientras que el nuevo presidente deberá ser nombrado, como máximo, seis meses después de esa tramitación favorable en la Cámara.

Un consejo de Transparencia elegido por el Gobierno. El Consejo de Transparencia y Participación está integrado por tres consejeros nombrados por la presidencia de la Asamblea, a propuesta del Pleno de la Cámara, por mayoría de las tres quintas partes. Están en el cargo durante seis años, y se distribuyen rotatoriamente la presidencia cada dos años. Hasta ahora. Con la reforma del PP, el órgano que dirime las quejas sobre la transparencia del Ejecutivo será presidido por una persona designada por ese mismo Ejecutivo, su único integrante, pues el número de consejeros pasa de tres a uno. Y se especifica: “Se elimina su dependencia de la Asamblea”. La formación conservadora justifica que la reforma incluye poner “a su disposición una unidad técnica de apoyo, lo que redundará en su mayor carácter técnico, manteniendo la independencia del órgano”.

Una Cámara de Cuentas controlada por el partido en el poder. El PP lleva desde febrero de 2022 intentando controlar la Cámara de Cuentas, el organismo que fiscaliza sus contratos y gastos, y no lo había conseguido hasta ahora porque estaba en minoría, dependía de Vox, y el partido ultra se había opuesto. ¿Qué ocurre? Desde 2019, los integrantes de este ente público eran elegidos por dos tercios de la Asamblea, lo que obligaba a un pacto entre todos los partidos sin posibilidad de desbloqueo en caso de desacuerdo. Con la justificación precisamente de ese bloqueo, los conservadores apuestan porque el número de miembros del órgano pase de tres a siete y se modifica el sistema de elección de presidente y consejeros de forma similar al de elección de la Mesa de la Asamblea. Es decir, que el partido mayoritario en la Asamblea controlará la Cámara, como ocurre en el Parlamento. Y lo hará bien pronto: la nueva alineación debe ser aprobada, como tarde, tres meses después de su aprobación.

Recentralización de los nombramientos para dirigir hospitales. La modificación patrocinada por los conservadores busca “devolver al Consejo de administración del Sermas la posibilidad de ejercer las competencias que le son propias y poder elegir, de entre los mejores, a los gestores de los hospitales, agilizando los nombramientos y ofrecer así una respuesta más rápida y eficiente a las necesidades de cada centro hospitalario”. Así lo interpreta el exdiputado del PSOE y exconsejero de Sanidad del País Vasco José Manuel Freire: “Es volver al dedazo sin dar cuentas. Dejará de haber una convocatoria pública, para que se presente quien quiere y la ciudadanía pueda ver quién quería el puesto y a quién se lo han dado. Es un golpe de mano contra la tendencia universal hacia la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción”.

Además, se elimina la eliminación de mandatos en la presidencia de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, fijada en ocho años, lo que permitirá seguir en el poder al actual presidente si así lo quiere.

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