Sorpresa y enfado entre los autónomos madrileños que deben devolver ahora las ayudas que Ayuso les dio durante la covid-19

Una notificación de la Comunidad de Madrid le ha amargado la Navidad a los trabajadores autónomos. Este diciembre, la Consejería de Economía y Hacienda ha enviado una carta para que regresen parte –o, en algunos casos, toda– la ayuda que se les dio durante la pandemia a través del Programa Impulsa para pagar las cuotas mensuales por contingencias comunes de Seguridad Social. El documento de cuatro páginas no da mayores explicaciones, solo dice que han “incurrido en una causa de reintegro de la ayuda concedida”, menciona las normas que había con respecto a la afiliación a la Seguridad Social y, al final, indica cuánto dinero debe devolver cada uno a una cuenta bancaria de la Comunidad. Quienes no estén de acuerdo tienen 15 días hábiles para presentar alegaciones y, en caso de que no salga a su favor, tienen un año para pagar.

La Consejería de Economía asegura que no se está solicitando el reintegro de las ayudas, sino que se ha abierto “un procedimiento que incluye una fase de alegación”. “Si aportan y/o justifican por qué falta alguno de los pagos en las cotizaciones de autónomos, no tendrán que reintegrar nada”, responde una portavoz de la Consejería que, sin embargo, no especifica cuántos trabajadores autónomos han recibido la notificación. En Madrid se beneficiaron alrededor de 13.000 trabajadores autónomos de esa fase del Programa Impulsa. En la región hay más de 419.000 trabajadores autónomos, según el Ministerio de Trabajo.

Tras el envío de las notificaciones, el centro de atención situado junto a la Consejería de Economía en Madrid ha visto un desfile de personas que tratan de encontrar una respuesta, sin mucho éxito. Son las 10.30 del 19 de diciembre y una mujer de unos 50 años sale del cubículo número siete con la cara larga. No ha conseguido que la única funcionaria disponible para atender este tipo de quejas en el único Punto de Atención al Emprendedor de toda la Comunidad le explique por qué a ella le toca devolver todo, los 3.200 euros de ayuda que le concedieron en mayo de 2020.

Esta mujer, que prefiere reservar su nombre, es una de las beneficiarias del Programa Impulsa, que destinó más de 42 millones de euros para subvencionar a los beneficiarios una ayuda directa de hasta 3.207 euros, que correspondía al pago de 12 mensualidades de la base mínima de cotización a la Seguridad Social. Para acceder a la ayuda, debían estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), adjuntar una declaración que justificara la merma de ingresos provocada por el coronavirus y mantener el alta durante al menos doce meses, según el Acuerdo del 25 de Marzo de 2020 publicado en el BOCM 74.

Unas 15 personas, todas con la misma notificación bajo el brazo, esperan con impaciencia a la mujer que acaba de salir de la cita de asesoría y la aturden a preguntas: es la única fuente de información que han tenido desde las 9.00. Ella les muestra una hoja con una dirección web escrita a mano, allí deben presentar las alegaciones. Pero tampoco saben qué alegar, porque no hay quien expliqué cuál es la cláusula que han incumplido. “Es la segunda vez que vengo. Estuve aquí también el martes pasado, me dieron una dirección de correo electrónico para resolver dudas. Pero ese correo está petado y lo que envíes, rebota”, dice, y muestra, como evidencia, una respuesta automática que le ha llegado el 18 de diciembre: “El buzón de correo del destinatario está lleno y no puede aceptar mensajes por el momento”. No hay respuesta ni en el correo, ni en líneas telefónicas, ni en las oficinas de atención presencial. El enfado empieza a contagiarse entre las personas que esperan, muchos se han escapado de sus lugares de trabajo y otros han dejado de hacer las compras de Navidad para sus familias por estar allí. “Demasiado bonito lo de las ayudas”, masculla, con el ceño fruncido, una mujer que llena un formulario de quejas y reclamos, “demasiado bonito para ser verdad”.

Sandra Ripoll, la siguiente persona en la fila, y de las pocas con cita previa, toma aire y entra, resignada, al cubículo siete. Es productora de eventos y la Consejería le reclama devolver 791 euros de los 3.200 que le entregaron en 2020. “Fuimos los primeros que paramos por la pandemia”, recuerda Ripoll, que perdió todo su negocio por aquel entonces. Tras recibir la ayuda del Programa Impulsa, tuvo que enviar “varias veces” documentos que justificaran que cumplía las condiciones. Ripoll nunca ha dejado de cotizar a la Seguridad Social. “Presenté los papeles de cuotas cotización de 2020, 2021 y de lo que iba de 2022″, empieza a enumerar Ripoll y saca de una carpeta varios documentos, los mismos que le ha expuesto a la funcionaria, que no le ha dado la respuesta que esperaba. Unos 15 minutos después de pasar por el cubículo, vuelve con la misma cara de derrota que la primera mujer. “No ha valido de nada. Cuando te sientas con la funcionaria, te dice que no tiene ningún tipo de información”, relata. Una empleada de la oficina trata de abrirse entre los autónomos molestos. “Esto parece un mercado”, murmura, con enfado. Esta escena se repite cada hora, entre las 9.00 y las 14.00, en la oficina del número 5 de la calle de Ramírez de Prado.

La Consejería indica que, en la mayoría de los casos, la comunicación llega a aquellas personas que se ha detectado que no abonaron alguna cuota. También le pudo haber llegado a las personas a las que una de sus cuotas hubiera corrido “a cargo de alguna mutualidad”. Es decir, que, de acuerdo con la Comunidad, la ayuda no era compatible con otros apartados para pagar la Seguridad Social. Y ante esto, hay todo tipo de reacciones.

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) coincide en la incompatibilidad. “Hay autónomos que han solicitado esta ayuda, siendo incompatible con la ayuda por cese de actividad que puso en marcha el Gobierno”, ha explicado Lorenzo Amor, presidente de ATA. El acuerdo del 25 de marzo, de la Comunidad de Madrid indicaba que “en el caso de que el trabajador por cuenta propia o autónomo esté disfrutando en el momento de la presentación de la solicitud de otras reducciones o bonificaciones en su cuota mensual por contingencias comunes, la cuantía de la ayuda podrá verse reducida proporcionalmente”. ¿Las contingencias comunes eran también las extraordinarias por el coronavirus? ¿Eran incompatibles con que el Estado perdonara de forma automática durante tres meses el pago de la cuota? Nada de eso quedó claro desde el principio. En todo caso, según esa revisión, casi cuatro años después, pocos, por no decir ninguno, de los 13.000 autónomos que recibieron la ayuda, cumplirían entonces con todos los requisitos.

El presidente de ATA resalta que este tipo de incidencias son habituales no solo en Madrid, sino en otras comunidades autónomas cuando se piden ayudas. Eso sí, desde ATA asesoran todo tipo de casos. “Hay otros autónomos que estaban de baja por incapacidad temporal o por paternidad. En este caso, la Comunidad sí tiene que pagar la ayuda, porque hubo una contingencia”, añade Amor.

Pero para los autónomos, esa regla no estuvo clara desde el principio. Ripoll, por ejemplo, asegura que, en medio de la pandemia, hubo una orden del Gobierno de cese de actividad y se aplicó a todos los autónomos. “No fue decisión nuestra solicitar esa ayuda [estatal]. Fueron tres meses que no nos cobraban la cuota y no sabíamos muy bien por qué”, narra. A Ripoll no le cuadran las cuentas: suma, en calculadora, los meses que la mutua le pagó la cuota y no le coinciden con los 791 euros que le pide ahora la Consejería.

Algo similar le ocurrió a Emilio Orduña, un arquitecto al que la notificación de devolución le llegó por 2.700 euros. “En la oficina de atención no nos dan una razón específica. Algo se ha dicho de que, por un lado, recibimos la ayuda de la Comunidad de Madrid, pero que luego, en algunos casos, el Estado permitió el cese de actividad y las cuotas las pagaron las mutuas”, cuenta. El día que Orduña estuvo en la oficina de atención al emprendedor se encontró con varios taxistas en la misma situación.

La Federación Profesional del Taxi confirma que al menos 500 taxistas han recibido la notificación. “Escuchamos versiones, pero nadie nos explica el motivo por el cual solicitan ese dinero ni cómo lo calculan”, afirma Santiago Simón, de la junta directiva de Federación, y resalta que la incompatibilidad no estaba clara en las comunicaciones de la Consejería. Incluso lee una nota de prensa de la Comunidad de Madrid, publicada en marzo de 2020, que también agregaba que esa ayuda: “El autónomo podrá emplearla en lo que considere necesario y urgente para mantener la actividad de su negocio”. El agobio en el sector ha sido tal que hasta el Podcast Todo Taxi, de la Federación, ha dedicado dos episodios a hablar del tema.

Por lo pronto, la fila de autónomos, armados con documentos y muchas preguntas, sigue en el número 5 de la calle de Ramírez de Prado. Muchos se preguntan por qué la carta ha llegado más de tres años después de la pandemia. La Consejería, vía telemática, le responde a este diario que “según la normativa vigente, la prescripción para solicitar el reintegro es de cuatro años”.

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