El Sindicato de Bomberos denuncia al Gobierno de Madrid por desviar 40 millones de inversiones a gastos corrientes

La contribución especial que hacen anualmente las aseguradoras para mejorar el Cuerpo de Bomberos lleva esfumándose en la Comunidad de Madrid al menos durante los últimos cinco años, según denuncia el Sindicato de Bomberos, federado en CSIT y mayoritario en la región al representar a casi 800 de los 1.500 efectivos madrileños. Aunque el dinero llega y en los presupuestos autonómicos figuran todos los años una partida con este fin, “luego desaparece del programa económico” del cuerpo, asegura el sindicato. Calculan que, entre lo que consta en los presupuestos y los “pocos datos” que tienen sobre su ejecución final, son 40 millones de euros los que deberían haberse traducido en inversiones entre 2019 y 2023 y que “se han derivado a partidas desconocidas o a gastos corrientes de otros servicios de emergencias pero, evidentemente, a los bomberos, no”. El Gobierno regional no solo niega estas acusaciones, sino que sostiene que dedica a inversiones más de lo que aportan las aseguradoras.

Desde finales de los ochenta, todas las administraciones que tienen bomberos, de ayuntamientos a comunidades, perciben un porcentaje de las primas que se cobran a los asegurados para contribuir a la mejora de este servicio público, ya que la prevención evita desde incendios a inundaciones, pasando por caídas de cornisas, y una rápida actuación hace que los daños sean menores. En 2004, la Ley de Haciendas Locales mantuvo esta ayuda, que es un 5% al año de todas las pólizas contra incendios contratadas y un 2,5% de las de multirriesgo. Sin embargo, el dinero se ha venido destinando parte a inversiones y parte al día a día del servicio, porque hasta noviembre de 2020 no había jurisprudencia del Tribunal Supremo, que sentenció la obligatoriedad de que vaya “exclusiva, íntegra e ineludiblemente” a inversiones en los parques de bomberos.

Pero, en Madrid, este monto, que tiene un carácter “finalista”, ha seguido “no revirtiéndose en el servicio”, un “auténtico escándalo” en palabras de Israel Naveso, responsable del Sindicato de Bomberos, que ha decidido poner pie en pared y presentar este lunes una reclamación administrativa contra la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo por los cinco años de no inversión que contempla el fallo del Supremo. Es “un paso previo obligado”, pero el colectivo advierte de que, si hace falta, elevará el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). EL PAÍS ha preguntado por este asunto tanto a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, de quien dependen los bomberos, como a las consejerías de Interior y de Economía. De momento, ha respondido Interior, donde “no se tiene constancia de esa reclamación”. “Habrá que esperar a que llegue para estudiarla y contestar”, indica un portavoz, para añadir que la Comunidad “invierte una cantidad superior para mejoras en el Cuerpo de Bomberos de la que recibe anualmente de las aseguradoras”. “Cumplimos con esa máxima de contribución específica en la mejora del servicio, en contra de lo que denuncia el sindicato”, remacha.

Una manifestación por el centro de Madrid

Además de la denuncia, los bomberos se manifestarán el miércoles 20 de diciembre desde las 11.30. La protesta partirá de la calle de los Madrazo 34, en la puerta de la Dirección General de la Función Pública, y pasará por delante de la Consejería de Interior en la calle de Alcalá para acabar en Sol. “Durará un par de horas y esperamos una afluencia masiva”, promete Naveso, entrevistado por teléfono por EL PAÍS.

En su demanda, el sindicato alega que el Gobierno regional “estaría infringiendo la ley” y explica que “este agujero en la inversión va en detrimento de la calidad del servicio, que se evidencia en un aumento de los tiempos de respuesta y en deficiencias en vehículos, infraestructuras y equipos de trabajo y de protección individual (EPIs especiales llamados U2)”. El rosario de carencias que afronta el cuerpo es largo. “Llevan ocho años diciendo que íbamos a ser 1.800 y, según el último anuncio, 2.100, es el colmo. El lunes, el director del 112, Carlos Novillo, anunció la apertura de ocho parques nuevos, los mismos que llevan anunciando desde 2018. Hemos tocado fondo y el punto de inflexión fue la dana de El Alámo y Villamanta, cuando nos tuvimos que enfrentar a las inundaciones con unos EPIs que nos ponían en riesgo″, se queja el sindicalista, que cuenta que la situación es “especialmente grave, escandalosa” en nueve parques: Getafe, Tres Cantos, Torrejón, Móstoles, Leganés, Villaviosa de Odón, Villalba, El Escorial y Pozuelo.

Naveso calcula que, con los 40 millones, “se solucionarían todos los problemas”. “El gasto en horario extraordinario de este año es de 19 millones, lo que equivale a que la plantilla fuera de 2.000 bomberos. La media de edad es una locura, ronda los 49 años, por lo que por muchas plazas que se creen, y son procesos que duran cuatro años, no valen de nada, apenas se cubre la tasa de reposición, porque cada año nos jubilamos 25 y estamos estancados en las mismas cifras”, critica. Renovar todos los U2 “costaría dos millones”, construir un parque, 3,5, y así todo. “No invertir este dinero es una barbaridad, es dejarnos como estamos y hacerlo con toda la intención del mundo, que es desmantelarnos”, teme el sindicato.

Pero esta ilegalidad no es exclusiva de Madrid, “sino que es un modus operandi de muchas otras administraciones, es un dinero muy goloso”. En otros puntos de España, los bomberos ya lo han puesto en manos de la justicia “y se están ganando juicios”. Naveso, también responsable a nivel nacional de Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, la asociación más grande del país, apunta a que el fallo del Supremo fue ratificado en septiembre de 2022 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que condenó al Principado a revertir en inversiones 7,45 millones. Más recientemente, en octubre de este año, este mismo tribunal puso fin a un proceso contra el Ayuntamiento de Gijón, iniciado en 2015 y que se perdió en primera instancia, al acabar condenando al consistorio a destinar más de 1,5 millones a inversiones.

El caso madrileño lo lleva Calzadilla Abogados, el mismo bufete que ha conseguido las condenas de Asturias. El director del despacho, Javier Calzadilla, explica por teléfono a este diario que Madrid es “el paradigma” de toda España por el alto número de primas y por la entidad de muchas empresas e instalaciones, como el Santiago Bernabéu y el Wizink Center. “En Madrid, no se invierte en el cuerpo prácticamente nada. Son ocho millones los que estimamos que se desvían al año”, asegura el abogado.

Como recoge la denuncia, en Madrid “hay una precariedad absoluta en los parques, una especie de desmantelamiento encubierto y un alto riesgo de privatización o de que quede en manos de voluntarios sin la suficiente capacitación”. “Hay una política tendente a la no inversión, pero el margen de discrecionalidad de la política no puede ir en contra de la jurisprudencia”, afirma Calzadilla Abogados, que tiene pendiente de presentar otra demanda en Almería y, ya en tribunales, Cantabria, Vitoria y San Sebastián.

El Gobierno de Madrid tiene tres meses para responder y, si no lo hace o la respuesta no es la adecuada, Calzadilla presentará un recurso contencioso-administrativo ante el TSJM “sobre la base de la sentencia del Supremo”. El abogado espera no tener que llegar a este extremo, ya que el asunto está “meridianamente claro”: estos fondos no se pueden “ni dispersar ni repartir”. “No tiene sentido que las administraciones demoren las inversiones a la espera de sentencia”, concluye Calzadilla. “Esto no es un problema sindical ni de Madrid, es de todos los bomberos de España. Estamos convencidos, tenemos los datos, llevamos razón y vamos a ir a por todas”, sentencia Naveso.

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