300 días de huelga: el conflicto olvidado en las teleoperadoras sanitarias de Madrid

Las trabajadoras de la centralita telefónica del Summa han preparado para este jueves una nota de prensa para informar de que cumplen 300 días en huelga. Se titula “¡Los 300!”. Así, a secas, no se sabe si es un grito de celebración o de espanto. Este conflicto para mejorar sus salarios y otras condiciones laborales es uno de los frentes contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso del pasado invierno que coincidieron con masivas protestas ciudadanas en Cibeles. Otras huelgas acabaron en acuerdo (atención primaria, en marzo) o fueron abandonadas (urgencias extrahospitalarias, antes de las elecciones), pero esta que empezó el 18 de febrero se ha eternizado.

Todo estalló cuando en enero se notificó a la plantilla de un centenar de empleadas que iban a ser trasladadas al centro sanitario multiusos Zendal. Fue la gota que colmaba el vaso para un equipo desanimado por sus bajos sueldos (1.299 euros mensuales en 12 pagas), que según fuentes del comité de huelga son los más bajos de toda España en el ramo de las urgencias sanitarias. El cambio de ubicación desde la calle Antracita, relativamente céntrica, hasta el Zendal, una zona mal comunicada en la esquina noroeste de la ciudad, fue el colmo para las empleadas porque, dicen, la inmensa mayoría vive en el sur obrero del área metropolitana. El 18 de febrero iniciaron oficialmente la huelga que acompañaron con protestas en la Puerta del Sol y ante la Consejería de Sanidad.

Se trata, como pasa en la sanidad, de una huelga silenciosa, de esas que no nota el ciudadano porque el servicio sigue funcionando como de costumbre, atendiendo en el 061 las llamadas dramáticas de infartos, accidentes y otras emergencias. Esto se debe a que, por su carácter esencial, la Consejería de Sanidad les impone unos servicios mínimos del 100% en las llamadas urgentes y del 80% en las no urgentes. Las trabajadoras consideran que esos porcentajes son abusivos y les están privando de su derecho constitucional a huelga y por eso esperan una resolución judicial contra esa medida, dice el secretario del comité de empresa, Vladimir Valentín.

“Realmente nos han quitado esta herramienta de presión”, lamenta Valentín. “Si la gente no fuera a trabajar, la necesidad de sentarse a negociar sería mucho mayor”.

La plantilla está desmoralizada porque en lugar de ver avances han notado retrocesos. Antes de las elecciones autonómicas de mayo celebraron reuniones con el gerente del Summa, Manuel José Guiote, y el viceconsejero, Fernando Prados, pero desde que en junio la Consejería pasara a manos de Fátima Matute nadie les recibe. Con ese panorama, algunas acaban rindiéndose: desde que el 30 de enero fueron trasladadas al Hospital Isabel Zendal se han marchado del servicio una veintena de teleoperadoras, según el comité de huelga, dominado por el sindicato CGT.

El servicio está externalizado a Ilunion, el gigante dedicado a la licitación de servicios públicos, que no ha contestado a una solicitud para conocer su versión. Las empleadas cobran poco más del salario mínimo y protestan porque creen que les corresponde un convenio colectivo distinto al que rige para teleoperadores de otros sectores, como la venta comercial.

Matute considera que no están obligados a reunirse con los trabajadores porque es Ilunion quien debe atender a sus reivindicaciones laborales. Un portavoz responde que las reuniones antes de su llegada al cargo fueron un “gesto de buena voluntad”.

El portavoz añade que las teleoperadoras no son profesionales de urgencias, ni personal sanitario de ningún tipo, ni tienen vinculación laboral alguna con el Servicio Madrileño de Salud, el Sermas. “Son operadores telefónicos que se rigen por su convenio, contratados por la empresa que presta ese servicio en virtud de un concurso público”.

Sin embargo, los trabajadores en huelga dicen que el margen de maniobra de la empresa está limitado por el bajo precio que paga la Comunidad por este contrato.

Posible final esperanzador

Ana Díaz, una teleoperadora veterana, dice que las condiciones han sido “cutres” desde que empezó a trabajar en 1997 y que las huelgas han sido una constante en todo este tiempo, pero no recuerda una que se hubiera prolongado durante tanto tiempo.

Cuenta que sus 300 días de huelga se han diferenciado poco de su trabajo en tiempos de paz laboral. Apenas ha podido parar un par de días, cuando le han incluido en el equipo que atiende llamadas no urgentes y dentro de ese grupo en el 20% que puede acogerse a la medida.

Díaz dice que apenas se habla de la huelga porque las interacciones con los compañeros son muy limitadas, como suele pasar en los call centers. Trabajan en un edificio de oficinas dentro del recinto del Zendal, la infraestructura construida para la pandemia de coronavirus que hoy permanece semivacía. Tan pronto empieza su turno, comienzan a atender llamada tras llamada y cuando les toca la reglamentaria pausa visual, es raro que coincidan con otras compañeras.

Como están divididas en tres turnos (mañana, tarde y noche) para cubrir las 24 horas, es muy difícil organizarse. El comité de huelga se reúne de manera telemática. Las comunicaciones llegan por correo electrónico y en redes sociales como X, donde han publicado un tuit diario con el conteo de días del conflicto.

A pesar de todo, la nota de prensa de este jueves abre la puerta a la esperanza. Habla de que a principios de 2024 se espera que la Comunidad saque de nuevo a licitación la gestión del servicio.

Aunque siguen dudando sobre las condiciones del nuevo contrato, el comunicado opta por mandar un mensaje de ánimo: “Todo parece apuntar a que en los próximos pliegos de contratación va a primar más la calidad del servicio y con ello se van a mejorar nuestras condiciones laborales. Esperamos que así sea por el bien común de la población de la Comunidad de Madrid y el de las personas trabajadoras del 061″.

¿Tienes más información? Escribe al autor a fpeinado@elpais.es o fernandopeinado@protonmail.com

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