Los letrados de la Asamblea de Madrid ponen en duda la nueva ley de Ayuso para controlar aún más Telemadrid

Primer obstáculo. Primera enmienda. La mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea madrileña se ha topado este miércoles con un informe de los abogados de la cámara. El documento, adelantado por la cadena SER, aprecia visos de inconstitucionalidad en algunos de los cambios que los populares quieren introducir la radiotelevisión pública madrileña. ¿Qué proponía el PP antes de los avisos de los letrados? “Para evitar situaciones de interinidad prolongadas en el tiempo, se cambia el procedimiento de elección” del director general, defendían los populares en su texto.

Hasta ahora, esa designación dependía de la Asamblea, lo que obligaba al consenso entre Gobierno y oposición. Ahora, lo que pretendía Ayuso, es que el nombramiento se efectuara por cuatro años y a propuesta del Consejo de Administración de la sociedad, cuyos miembros serán elegidos por la Asamblea de Madrid, de entre los propuestos por los Grupos Parlamentarios y de acuerdo a su peso político. Es decir, dominará el partido mayoritario: el PP.

Según el informe del letrado, esta decisión sería contraria al control parlamentario de los medios de comunicación, que fijan el artículo 20.3 de la Constitución Española y el artículo 16.3 del Estatuto de Autonomía. Ante este aviso, el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha enmendado la ley que ha presentado para modificar 15 textos entre los que incluía la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia y Telemadrid. “Después de un informe de los letrados”, ha dicho el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, en la rueda de prensa posterior a la reunión de los portavoces en la Asamblea, “hemos considerado que se podía mejorar el texto”. Y ha añadido que, con esta autoenmienda, se asegura “que no haya sombra de duda de la gestión de esta empresa pública, que es de todos”. Todos los grupos de la oposición han criticado el informe de la Cámara. PSOE y Más Madrid no han descartado acudir a “otros espacios jurídicos” para recurrirlo. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha dicho que Ayuso “está decidida a que por la puerta de atrás puedan hacerlo todos los cambios posibles para hacerse con el control de Telemadrid, la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia y cambiar quince leyes con nocturnidad”. El pleno para aprobar estas medidas está previsto para el viernes 22 de diciembre.

Estos son los principales cambios que se recogían en la ley y que permitirá al Gobierno de Ayuso controlar aún más Telemadrid, y atar en corto a la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia, dos organismos estos que, precisamente, están diseñados para fiscalizar sus decisiones.

Un consejo de Transparencia elegido por el Gobierno. El Consejo de Transparencia y Participación está integrado por tres consejeros nombrados por la presidencia de la Asamblea, a propuesta del Pleno de la Cámara, por mayoría de las tres quintas partes. Están en el cargo durante seis años, y se distribuyen rotatoriamente la presidencia cada dos años. Hasta ahora. Con la reforma del PP, el órgano que dirime las quejas sobre la transparencia del Ejecutivo será presidido por una persona designada por ese mismo Ejecutivo, su único integrante, pues el número de consejeros pasa de tres a uno. Y se especifica: “Se elimina su dependencia de la Asamblea”. La formación conservadora justifica que la reforma incluye poner “a su disposición una unidad técnica de apoyo, lo que redundará en su mayor carácter técnico, manteniendo la independencia del órgano”.

Una Cámara de Cuentas controlada por el partido en el poder. El PP lleva desde febrero de 2022 intentando controlar la Cámara de Cuentas, el organismo que fiscaliza sus contratos y gastos, y no lo había conseguido hasta ahora porque estaba en minoría, dependía de Vox, y el partido ultra se había opuesto. ¿Qué ocurre? Desde 2019, los integrantes de este ente público eran elegidos por dos tercios de la Asamblea, lo que obligaba a un pacto entre todos los partidos sin posibilidad de desbloqueo en caso de desacuerdo. Con la justificación precisamente de ese bloqueo, los conservadores apuestan porque el número de miembros del órgano pase de tres a siete y se modifica el sistema de elección de presidente y consejeros de forma similar al de elección de la Mesa de la Asamblea. Es decir, que el partido mayoritario en la Asamblea controlará la Cámara, como ocurre en el Parlamento. Y lo hará bien pronto: la nueva alineación debe ser aprobada, como tarde, tres meses después de su aprobación.

Recentralización de los nombramientos para dirigir hospitales. La modificación patrocinada por los conservadores busca “devolver al Consejo de administración del Sermas la posibilidad de ejercer las competencias que le son propias y poder elegir, de entre los mejores, a los gestores de los hospitales, agilizando los nombramientos y ofrecer así una respuesta más rápida y eficiente a las necesidades de cada centro hospitalario”. Así lo interpreta el exdiputado del PSOE y exconsejero de Sanidad del País Vasco José Manuel Freire: “Es volver al dedazo sin dar cuentas. Dejará de haber una convocatoria pública, para que se presente quien quiere y la ciudadanía pueda ver quién quería el puesto y a quién se lo han dado. Es un golpe de mano contra la tendencia universal hacia la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción”.

En el área de Sanidad también se impulsa un viejo proyecto de Díaz Ayuso, la incorporación de personal sanitario extracomunitario para cubrir de forma temporal especialidades médicas deficitarias.

Un estatuto para los expresidentes de la Comunidad. El Gobierno regional quiere “dignificar” la situación de los expresidentes y exconsejeros, acabando, explicita el texto del PP, con la “anomalía” de que Madrid sea la única región, con Cantabria, sin este tipo de previsión normativa. ¿Implicará eso gasto en sueldos y oficinas para expolíticos como Esperanza Aguirre, Ignacio González, Alberto Ruiz-Gallardón, Ángel Garrido o Cristina Cifuentes? “Simplemente, se habilita al Consejo de Gobierno a que regule sobre esa materia”, contesta una fuente que cuenta con la confianza de Díaz Ayuso. Y asegura: “No hay nada encima de la mesa con cuestiones que conlleven gastos”.

Además, se añade una disposición adicional “para mantener la cobertura de puestos de libre designación en la Comunidad de Madrid y controlar el traslado de funcionarios hacia otras administraciones. Se exigirá, al igual que en el Estado, un informe previo favorable del departamento correspondiente para autorizar el destino por libre designación en otra administración”. Y se elimina la eliminación de mandatos en la presidencia de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, fijada en ocho años, lo que permitirá seguir en el poder al actual presidente si así lo quiere.

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