“Porque hay alternativa, es ilegal”: el movimiento del No a la tala suena en Atocha
Los vecinos siguen en lucha por salvar los árboles tras el arranque de la ampliación de la línea 11 de metro
“Hay otra alternativa para hacer mejor el proyecto”, insisten los vecinos que luchan contra las talas y trasplantes de 880 árboles que va a suponer la ampliación de la línea 11 de metro en Madrid. La frase, en boca de la portavoz del movimiento, Susana de la Higuera, resuena también en los 250 manifestantes que se han concentrado este viernes a las 19.00 frente al antiguo reloj de la estación de trenes de Atocha. “Porque hay alternativa, es ilegal”, han cantado, para protestar por la declaración de “interés general” de las obras. Ha sido una concentración más descafeinada que la anterior que hicieron de Sol a Cibeles el 24 de octubre, que reunió a 5.000 personas según las cifras de la Delegación del Gobierno en Madrid. La noticia del arranque de las obras les ha pillado a contratiempo. “Vamos a convocar movilizaciones más masivas pronto”, ha asegurado la portavoz.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado miércoles 15 de noviembre seguir adelante con la obra con el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente. Lo han hecho tras un periodo de alegaciones que se inició a finales de julio y terminó el 6 de septiembre. Tras las alegaciones, varios organismos aportaron sus informes, entre ellos el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Madrid, responsable de autorizar las talas de árboles. El Canal de Isabel II informó de que la tubería de abastecimiento que molestaba para construir la estación de Madrid Río en la ubicación original en el paseo de Yeserías, el principal argumento de la Comunidad de Madrid para construir la infraestructura dentro del parque de Arganzuela, también pasa por la ubicación elegida por la Consejería de Transportes.
El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha enviado un informe de la Dirección General de Planeamiento del Ayuntamiento de Madrid que afirma que, efectivamente, no se puede construir una infraestructura ferroviaria dentro del parque de la Arganzuela, protegido por las normas urbanísticas por ser una zona verde. Esto no ha impedido a la Comunidad de Madrid seguir adelante con sus planes. Ha declarado la obra “de interés general”, según informan en un comunicado. Es un mecanismo que permite pasar por encima de normas urbanísticas para realizar obras de cierta importancia. Los vecinos detrás del No a la tala argumentan que “para poder declarar una obra de interés general no puede haber una alternativa mejor, y sí la hay”, ha afirmado De la Higuera.
El movimiento vecinal y Ecologistas en Acción denuncian que “se trata de un procedimiento opaco de dudosa legalidad, con similitudes a los aplicados inadecuadamente para justificar proyectos como el desdoblamiento de la M-501 o el campo de golf de Chamberí, que fueron anulados por la Justicia precisamente por esto”, informan en un comunicado. Insisten en que, como mínimo, se debería aprobar un Plan Especial para el proyecto antes de ejecutar las obras.
Los siguientes movimientos de los vecinos, además de las protestas, pasan por tener conversaciones con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que financia tres cuartas partes de la obra. Los vecinos, que han denunciado a la Comunidad de Madrid ante la entidad, se han reunido esta mañana con el BEI para tratar de que medie entre ellos y la Comunidad de Madrid. “Si acceden a sentarse con nosotros y hablar para mejorar el proyecto, nosotros tenemos que retirar la denuncia, pero si se niegan sigue adelante”, ha detallado De la Higuera. “Si en un futuro, cuando la obra ya esté hecha, la declaran ilegal, a ver qué cara se le queda al BEI [también llamado Banco del Clima por los proyectos que financia] por haber permitido la tala de los árboles cuando nosotros y les habíamos avisado”.
El delegado del área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha comunicado que procederá a conceder los permisos de tala “inmediatamente” en cuanto la Consejería de Transportes lo solicite, a pesar de que el proyecto modificado está inconcluso. La Comunidad de Madrid tiene seis meses para redactar un proyecto constructivo definitivo con los pequeños cambios que ha accedido a estudiar tras recibir las alegaciones, como colocar la subestación eléctrica fuera de los jardines de Palestina, en el entorno de la estación de Palos de la Frontera, y que salvaría varios árboles. Este proyecto incluirá también, gracias a lo que pedían las alegaciones, un estudio hidrogeológico más detallado para comprobar la estabilidad del suelo. Pero la Comunidad de Madrid no va a esperar al resultado del estudio para empezar las obras.
Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.