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La entrada de la antigua fábrica Clesa de Madrid en el catálogo BIC compromete los planes del Ayuntamiento

La Comunidad inicia los trámites para conceder al edificio de Alejandro de la Sota la máxima protección patrimonial, que solo permite un uso acorde con el valor del inmueble

El edificio Clesa de Madrid, obra de Alejandro de la Sota.

Obras de la nave de Clesa
 

Foto: Inma Flores
El edificio Clesa de Madrid, obra de Alejandro de la Sota. Obras de la nave de Clesa Foto: Inma FloresINMA FLORES
Miguel Ezquiaga Fernández

La antigua fábrica Clesa, que ya figuraba en los libros de historia de la arquitectura, entra en el catálogo de Bienes de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento. La Comunidad de Madrid iniciará los trámites para conceder la máxima protección patrimonial a esta obra cumbre del racionalismo industrial, dibujada por Alejandro de la Sota en 1958, tal y como solicitaban el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), la Academia de Bellas Artes de San Fernando y expertos en el legado moderno español como William Curtis y Kenneth Frampton. Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco, durante la sesión de control al Gobierno regional, tras una pregunta de la socialista Mar Espinar.

La fábrica iba a ser rehabilitada por la firma holandesa Kandans Science con el objetivo de instalar en ella laboratorios, oficinas y un pequeño centro cultural que apenas representaba el 12% del espacio, pero la declaración BIC pone en entredicho el futuro de la operación. El reconocimiento condiciona los usos del inmueble, que deberán ser compatibles con su puesta en valor, como se desprende de otros expedientes recientes, aunque no existe una normativa general que impida la utilización terciaria. El Gobierno regional todavía no ha aclarado si esta condición afectará a los planes de Kadans, compañía a la que el Ayuntamiento de Madrid —propietario del suelo— ha cedido la parcela por un periodo de 75 años.

De Paco ha explicado que la Dirección General de Patrimonio emitió en octubre de 2022 un primer informe desfavorable a la declaración BIC. Realizado tras una visita de los funcionarios regionales, el estudio señalaba que el inmueble había perdido sus valores industriales, pues no se conservaban ni la maquinaria original ni los depósitos de tratamiento de leche. También habían desaparecido otros elementos de gran valor, como las carpinterías, las escaleras o las barandillas. Ante la negativa a aumentar la protección del edificio, la plataforma Liebre por Gato, que agrupa a 30 entidades vecinales y por la defensa del patrimonio, presentó entonces el recurso de alzada que ha dado lugar a un segundo peritaje técnico. Esta vez sí, el informe recomienda en sus conclusiones la máxima protección. Todavía no se ha hecho público.

Antonio Giraldo, portavoz de Urbanismo de los socialistas madrileños, califica la rectificación de Patrimonio como una buena noticia. “Es posible que esta nueva situación de Clesa no sea compatible con el proyecto de Kadans. En cualquier caso, ese es un asunto que el Ayuntamiento tiene que resolver. Valoramos positivamente que se haya escuchado a tantas asociaciones profesionales y del mundo de la cultura. Ahora lo que reclamamos es que el Ayuntamiento juegue su papel y dé al edificio un uso acorde a sus valores patrimoniales, una nueva centralidad cultural en el norte, que es una zona que necesita este tipo de dotaciones”, declara el concejal. Su compañera Mar Espinar ha calificado en el pleno de este jueves como “muy pobres” las razones dadas hasta ahora para negar la protección del inmueble.

Metrovacesa adquirió la central lechera después de que Clesa entrara en concurso de acreedores hace una década. Solo unos años después, la promotora inmobiliaria cedía el complejo fabril al Consistorio de Manuela Carmena, a cambio de que este modificara el uso industrial del resto de la parcela, condición necesaria para proyectar allí unas torres. El inmueble de Alejandro de la Sota, protegido entonces solo de forma parcial, se calificó en las normas urbanísticas como un equipamiento singular con la intención de levantar allí el “Matadero del norte”. Tras las elecciones municipales de 2019, el nuevo edil de Urbanismo, Mariano Fuentes (Ciudadanos), obvió aquel proyecto y quiso hacer de Clesa un paradigma de la colaboración público-privada.

Así fue como la Corporación inscribió la antigua fábrica en el concurso Reinventing Cities. Era la primera vez que un edificio con alto valor patrimonial se presentaba al certamen, especializado en el reciclaje de áreas urbanas abandonas, no en edificios con valor histórico. De los 13 vocales del comité de selección reunidos en 2021, solo uno era experto en arquitectura moderna, movimiento en el cual se inscribe este inmueble. Entre los integrantes del proyecto ganador, financiado por Kadans con 34 millones de euros, figuraba además Metrovacesa, vinculada de nuevo a la fábrica en una paradójica variante de la economía circular. Los planes de rehabilitación fueron objeto de numerosas críticas del gremio que alertaban sobre un daño irreparable al original.

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Casi dos años después, el 28 de marzo, el pleno de Cibeles solicitó a la Comunidad de Madrid que declarase Clesa como BIC a propuesta de la Plataforma Liebre por Gato. Solo el PP y Ciudadanos votaron en contra. El concejal Fuentes, ahora retirado de la vida política, se mantuvo pese a todo firme en la defensa del proyecto, que presentaba en numerosas entrevistas como ejemplo de su labor en el Ayuntamiento. El sociólogo Vicente Pérez, responsable de Urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM) —integrada en Liebre por Gato—, plantea que la nueva catalogación de Clesa representa “otro varapalo” para el exedil. “Esta es una victoria clara de las organizaciones civiles frente al despropósito de algunos”, declara.

Fuentes protagonizó su último escándalo en julio, cuando se supo que iba a fichar por la promotora inmobiliaria Vía Ágora, a la cual había cedido cinco parcelas tan solo unos días antes de dejar el cargo. La Oficina contra el fraude y la corrupción archivó semanas después el caso de puertas giratorias, denunciado por el PSOE y Más Madrid, pues la empresa había retirado la oferta laboral tras comprobar que el exedil “está afectado por restricciones temporales de carácter administrativo”, según aseguró en un comunicado. En tres leyes distintas consta que deben trascurrir al menos dos años desde que un alto cargo deja su puesto hasta que puede fichar por empresas de áreas que estuvieron bajo su competencia.

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