Las familias de un colegio público de Madrid vuelven a vencer a Almeida y a la cocina fantasma más polémica

Los padres de cerca de 900 niños de educación infantil y primaria del colegio público Miguel de Unamuno de Madrid recibieron una noticia el 15 de junio de 2022. Los ruidos, los humos y el olor a fritanga que llegaba al patio en el que jugaban sus hijos tenía los días contados. Aquella mañana, un juez les daba la razón frente al Ayuntamiento de Madrid. La gigantesca nave industrial de 573 metros cuadrados —conocida como cocina fantasma por su actividad y ubicada en los alrededores del centro educativo— no debería estar abierta y, por tanto, contar con una licencia administrativa. Según describió el magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo número tres de la capital en la sentencia, la licencia no estaba ajustada a derecho. La cocina fantasma tendría que contar con una licencia de uso industrial si el local hubiese contado con menos de 350 metros cuadrados, y no era el caso.

Siete días después de esta sentencia y para sorpresa de las familias, el gabinete jurídico del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida (PP) recurrió. Ahora, un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a dar la razón a las familias y a la asociación de padres y madres del colegio público, según la sentencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS y firmada el pasado 24 de julio. El Ayuntamiento puede volver a recurrir, en este caso, al Tribunal Supremo. Preguntado por este diario, una portavoz del área de Desarrollo Urbano afirma ahora que “no hay motivos para interponer un recurso”.

“Estamos muy contentos. Nosotros ahora pedimos que se recojan las peticiones que hicimos todas las asociaciones afectadas, que recogimos 2.000 firmas”, cuenta por teléfono Noelia Cabeza, de 39 años, con dos hijos en el colegio. “No se pueden poner cocinas fantasmas en los alrededores de vecinos vulnerables, como colegios, y centros de mayores. Esperamos que el Ayuntamiento no recurra, pero si recurren, iremos al Tribunal Supremo. No se puede volver a poner una fábrica de estas características en los alrededores de un centro escolar”.

Las cocinas fantasmas —o dark kitchens, como se las conoce en el mundo anglosajón― son establecimientos usados únicamente para cocinar pedidos a domicilio. No hay mesas, ni sillas, ni clientes. Estos locales crecieron como la espuma en las grandes ciudades por el auge sin precedentes que tuvo el delivery (reparto de comidas a domicilio) tras la pandemia, que en muchos casos han precarizado el trabajo de los repartidores (riders). Los envíos a domicilio crecieron un 60% en España solo en 2020, según Kantar, una de las compañías líderes mundiales en datos de mercado.

Estos establecimientos se multiplicaron en la capital de España en solo dos años, aprovechando el vacío legal de las administraciones. Solo en 2021 se contaron más de 20 cocinas en diferentes barrios: Tetuán, Prosperidad o Arganzuela.Madrid, sin embargo, no ha aprobado una normativa específica para las cocinas fantasma hasta julio de este año. ¿Por qué?

En el pasado mandato (2019-2023), PP y Ciudadanos gobernaron juntos en coalición, sin mayoría absoluta. Para cualquier normativa municipal necesitaban, al menos, cuatro votos de la oposición. Más Madrid y PSOE estaban en contra de este tipo de negocios. Y Vox, que no opuso objeción a los primeros trámites de la norma, se decantó por el voto negativo a finales de mandato, y a pocos días de las elecciones municipales. Tacticismo electoral.

Ante esta tesitura, PP y Ciudadanos optaron por decretar una moratoria de licencias hasta agosto de este año. Y como las elecciones del pasado mayo otorgaron al PP una mayoría absoluta, la primera norma urbanística que se aprobó en este mandato —el 16 de julio— incluyó, al fin, la regulación de las cocinas fantasma. Adiós a la moratoria.

Sin embargo, aún persisten en la capital las cocinas que proliferaron durante la pandemia. De todas ellas, la más polémica y más mediática era, precisamente, la que se ubicaba en este colegio público de Madrid.

Aquí, de la noche a la mañana, aparecieron por sorpresa en mayo de 2021 cuatro cilindros metalizados, en los tejados de los alrededores del patio, como periscopios. Comenzaron a echar humo, olores, basura. Día tras día. De lunes a domingo. “Es bastante desagradable y supone un peligro para los niños”, se quejaba en un reportaje publicado por este diario hace dos años, Iris Arisa, de 38, que lleva a su hija de cinco a este centro escolar.

A los residuos, la contaminación acústica y la afección a la movilidad urbana provocada por las empresas de hostelería, se le sumaba también la inexistencia de un informe de impacto medioambiental. El juez de primera instancia fue contundente en su sentencia: “Las emisiones de humos de las cocinas industriales próximos a un colegio público hace extremar el deber de vigilancia municipal”.

Los vecinos denunciaban que esta cocina fantasma no era equiparable a un negocio de hostelería tradicional, sino que, en este caso, se trataba de una actividad industrial que requeriría otro tipo de licencia. “Es un negocio con una licencia irregular y que no tiene cabida en una zona residencial porque está al lado de un colegio público con menores, que son población vulnerable”, explicaba una vecina del barrio en el reportaje.

Ahora, dos años después, los afectados recuerdan su lucha como un proceso largo, duro y costoso: “Abrimos un crowdfunding (mecanismo de financiación que consiste en el aporte de pequeñas cantidades de dinero por parte de muchas personas) para costear el proceso administrativo con el que conseguimos unos 18.000 euros”. La cocina fantasma del colegio, ante la presión vecinal y tras la primera sentencia, cerró en septiembre del pasado año, tal y como contó eldiario.es. Ahora, según los padres, no parece haber ningún tipo de actividad. De hecho, incluso estuvo en alquiler en Idealista hace unos meses. Sin embargo, a nivel legislativo, la empresa podría haber seguido operando, porque el Ayuntamiento recurrió la sentencia.

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