Almeida recurre la anulación de la licencia de las cocinas fantasma junto a un colegio en Madrid y enfada a las familias

El Ayuntamiento de Madrid recurrirá la decisión judicial de anular la licencia municipal que había concedido a una decena de cocinas fantasma situadas pared con pared con un colegio público del distrito de Arganzuela. El pasado 22 de mayo, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 anuló el permiso para funcionar de la nave, en el número 8 de la calle de Alejandro Ferrant, junto al colegio de Miguel de Unamuno. Ahora, el Consistorio ha anunciado que recurrirá esta sentencia, “porque así lo aconsejan los servicios jurídicos”. “La decisión se basa en dos cuestiones fundamentales: el informe medioambiental que indica el juez no era necesario, según todos los informes municipales, y el jurídico, que también señala que falta, sí está incorporado en el expediente. Por tanto, por seguridad jurídica, los abogados nos recomiendan recurrir”, explican fuentes municipales.

Es un jarro de agua fría para las familias de los alumnos de este centro de infantil y primaria, que no se detuvieron ante las molestias que generaba la actividad de estos negocios y decidieron acudir a la justicia el año pasado. Los afectados enumeran los problemas: ruidos, humos, peligro de atropello, olor a fritanga, basura… Tras conocerse la semana pasada la decisión del juez, celebraban su victoria. “Anulo la resolución impugnada por no ser ajustada a derecho”, leyeron con alegría los afectados. Lo que anulaba este documento era la licencia otorgada por el Ayuntamiento para el inicio de la actividad de las cocinas fantasma por incumplir la normativa urbanística. A los residuos, la contaminación acústica y la afección a la movilidad urbana provocados por las empresas de hostelería se le suma la inexistencia de un informe de impacto medioambiental y de otro jurídico.

Durante siete días, los afectados han publicado vídeos en redes sociales para pedir al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que no recurriera. Pero al final ha pasado lo que temían. “Las familias están profundamente decepcionadas con esta decisión que los obliga a seguir luchando contra un negocio que perjudica el bienestar de 900 menores, sus familias y cientos de vecinos del barrio de Delicias”, afirma este martes en un comunicado la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del colegio.

El Ayuntamiento indica que “se revisará toda la licencia porque sí hay una duda respecto a los antecedentes del local, por si pudo haber un cambio de uso en los años sesenta. Se estudiará toda la documentación y, si se comprueba que ese cambio de uso existió, se anularía la licencia”. Las cocinas empezaron a operar en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. Y los problemas aumentaron paulatinamente en el barrio, como el olor a fritanga que inunda el patio del colegio. Pero, lo que más preocupa a los padres es la inseguridad vial a la que se enfrentan los pequeños al entrar y salir de sus clases, debido al gran número de repartidores en moto que invaden las aceras.

“Con esta decisión, el Ayuntamiento defiende un modelo de ciudad en el que las familias no cuentan y le da una patada a sus promesas de trabajar por entornos escolares seguros”, dicen los afectados. Y como ya hicieron hace un año, cuando empezó su lucha por el cierre de estos negocios, han abierto un crowdfunding para poder costear la segunda fase del proceso judicial.

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