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Las cocinas fantasma se quedan: las claves de las nuevas normas urbanísticas de Madrid

El Gobierno de Almeida saca adelante la modificación del Plan General de Ordenación urbana con el voto en contra del PSOE y Más Madrid

Pleno constitutivo del Ayuntamiento de Madrid
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida recibe los aplausos de sus concejales tras ser elegido en el Pleno de junio.Juan Carlos Hidalgo (EFE)
Elena Reina

El Gobierno popular de José Luis Martínez Almeida ha pasado el primer rodillo gracias a la confianza que le otorgaron las urnas. Y este lunes el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid ha sacado adelante la modificación de las normas urbanísticas en una sesión extraordinaria del Pleno con los votos en contra del PSOE y Más Madrid y la abstención de Vox. Los cambios en el Plan General de Ordenación Urbana, que se habían mantenido bloqueados por la ultraderecha en la anterior legislatura y datan de 1997, entrarán en vigor una vez dé el visto bueno la Comunidad de Madrid, que tiene un plazo de cuatro meses. Las nuevas normas buscan regular negocios que hace 26 años ni se pensaban: como los pisos turísticos, las cocinas fantasma, o la construcción de viviendas de menos de 40 metros cuadrados.

En una sesión exprés que ha permitido la mayoría absoluta del PP, antes de cerrar por vacaciones y de que el presidente del Pleno, Borja Fanjul, les deseara a todos que “sobrevivan a la campaña”, los concejales de la oposición han criticado unas medidas que han calificado como un “atropello”. El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha ido más allá: “Las nuevas normas solo generarán la ley de la selva con las cocinas industriales, no dan solución a la proliferación de locales de apuestas en barrios como Usera y no dan respuesta al problema de la vivienda”. Y ha añadido: “Ustedes [al PP], que están tan preocupados por la natalidad, deberían saber que para formar una familia primero hay que tener un techo”.

La líder del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha querido insistir en la cara oscura del texto: “Estas normas tienen una firma, la del antiguo concejal, Mariano Fuentes, y no hemos escuchado ninguna explicación sobre esa puerta giratoria que hemos denunciado. Una clara incompatibilidad entre ese concejal y esa empresa [Vía Ágora]. Han perdido una gran oportunidad de dar explicaciones. Esta modificación favorece a los promotores y especuladores frente al interés general de los madrileños”. Fuentes, exdelegado de Urbanismo en Madrid en la anterior legislatura de Almeida, se convirtió en directivo de Vía Ágora apenas unos días después de cederle cinco parcelas municipales.

Pero la votación de este lunes era un mero trámite para el PP, con los 26 votos a favor de su bancada no necesitaba negociar, pactar, ni escuchar ninguna alegación. Mucho menos dar explicaciones sobre el nuevo cargo de su anterior concejal de Urbanismo y, por tanto, cuestionar la legitimidad de las normas que él mismo redactó y se han aprobado. La concejala socialista Sonia López advertía de que esta dinámica será la tónica general en los próximos cuatro años.

Cocinas fantasma

Una de las cuestiones que aborda el nuevo texto son las polémicas cocinas industriales o fantasma, cuya concesión de licencias se encuentra paralizada por la moratoria que impuso el Ejecutivo municipal de PP y Ciudadanos y que finaliza el próximo 16 de agosto. Los vecinos afectados critican que no se haya prohibido que se instalen estos negocios en zonas residenciales, como ha sucedido en Barcelona, ni que se haya fijado un límite en los horarios. La nueva regulación permite cocinas fantasma de hasta 350 metros cuadrados en zonas residenciales y un número máximo de ocho cocinas.

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Estipula que todos los locales dispondrán en su interior de una zona de espera para motocicletas y bicicletas de reparto, así como una estancia de repartidores, con superficie mínima de cinco metros cuadrados por cocina, y dispondrán de un cuarto para la recepción de residuos con dimensiones adecuadas a las condiciones que establezcan las ordenanzas sobre la materia.

Patios de manzana

La modificación de las normas urbanísticas proponen fomentar la recuperación de los patios de manzana mediante la “mejora” de sus condiciones medioambientales porque, según sostiene el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 “no ha logrado dotarles de vida útil” y, es más, “se han degradado y deteriorado afectando a sus condiciones ambientales e higiénicas”.

Según cálculos municipales, casi el 35% de estos suelos carece de edificación y aproximadamente el 40% la ocupan edificaciones de tres o más alturas. En ellos se desarrollan usos con o sin licencia. “La difícil implantación de nuevos usos en las edificaciones que ocupan los patios de manzana y espacios libres en el ámbito de la Norma Zonal 1 ha provocado el desuso y abandono de edificaciones existentes o su infrautilización como espacios residuales, almacenes o cuartos de instalaciones”, han indicado.

Entre las alternativas ahora se apunta al mantenimiento de la obligación de recuperación de los patios en caso de obras de reestructuración general o de nueva edificación. Si no se realizan obras se incorporan condiciones para flexibilizar el régimen de usos permitidos en los patios.

Pisos turísticos, sin cambios

Las nuevas normas urbanísticas integran el Plan Especial de Hospedaje, por lo que las viviendas de uso turístico no experimentarán ningún cambio y quedan, por tanto, sujetas al mismo, que exige acceso independiente, un aspecto que la Comunidad de Madrid pide mantener.

Sobre este punto se ha manifestado el alcalde a su salida del Pleno ante un encuentro con la prensa. Ha prometido establecer una nueva normativa relativa a las viviendas de uso turístico que “sea clara y dé seguridad” y aumentar las inspecciones, llegando a clausurar aquellas que no cumplan con los parámetros vigentes.

Prohibidas las viviendas de menos de 40 metros

El texto introduce la regulación de dos modelos residenciales, el cohousing y el coliving y prohíbe la construcción de viviendas de menos de 40 metros cuadrados, mientras que se regulan los tendederos, trasteros y zonas comunitarias.

Hasta el momento, Madrid solo regulaba dos tipos de vivienda, la colectiva y la unifamiliar. Los modelos residenciales emergentes se integran en la nueva categoría de la clase de residencia compartida o coliving, caracterizado por la dotación de espacios comunes, con la correlativa reducción de las unidades de alojamiento privativas de las viviendas. Estas no podrán ser inferiores a 15 metros cuadrados para una persona, ni a 10 metros por persona cuando esté prevista para más de una.

También se regulan las viviendas colectivas tipo cohousing, donde los espacios comunes aumentan hasta abarcar todas las zonas de estancia y ocio, mientras que las viviendas dispondrán de las piezas que considere cumpliendo el programa mínimo de vivienda, salvo la estancia comedor, que será libre. La superficie mínima de la vivienda será en este caso de 30 metros cuadrados, compensando el resto hasta los 40 con las zonas comunitarias.

Las nuevas normas incluyen la regulación de los tendederos, trasteros y zonas comunitarias. Desde este momento no será necesaria la separación física entre cocina y tendedero y se admite la planta baja para los trasteros sin computar edificabilidad.

De local a vivienda

Otra de las cuestiones que regulan las nuevas normas urbanísticas y que no se contemplaba de manera expresa en las actuales es la transformación de local a vivienda, garantizando que se respetan las condiciones de habitabilidad, confort, seguridad, accesibilidad y salubridad exigibles a las viviendas de nueva construcción.

Uno de los cambios que se han introducido es que se excluye del cómputo de edificabilidad elementos que mejoren la eficiencia energética del edificio, como galerías bioclimáticas, locales de generación, almacenamiento y distribución de energías renovables, chimeneas solares y el incremento del espesor de cerramientos para aislamiento acústico y térmico. Afectaría además a escaleras adicionales y a las zonas de refugio que se deban disponer por adaptación a la normativa de seguridad en caso de incendio.

También será posible el sobredimensionado de elementos comunes como escaleras y pasillos para favorecer la accesibilidad y el confort. Tampoco computarán los espacios en un edificio para alojar bicicletas o patinetes eléctricos, ni los de recepción de paquetería, conserjería o similares.

Balcones y factor verde

Se potencia la incorporación de balcones y balconadas, incrementando su saliente (hasta 0,75 metros frente a los 0,45 de antes) y se admite la posibilidad de disponer terrazas sobre el espacio libre de parcela sin computar edificabilidad cuando estén descubiertas en al menos dos plantas.

También se mantiene la exclusión del cómputo de los miradores, pero modificando sus condiciones para mejorar su comportamiento bioclimático con la incorporación de persianas y otros elementos de protección solar. Además, se abren a cornisas a nivel de todas las plantas como elementos de protección solar.

Las normas urbanísticas introducen un nuevo parámetro urbanístico, el factor verde, que busca reducir las islas de calor y mejorar la calidad del aire. Se trata de aumentar la superficie verde total en la edificación mediante cubiertas y fachadas verdes, y en el espacio libre de parcela mediante su arbolado y ajardinamiento. Se aplicará a las obras de nueva planta, sustitución, ampliación y en las de reestructuración y acondicionamiento generales.

Solares para distintos usos

Las normas urbanísticas buscan “aprovechar” solares vacantes para distintos usos, un destino provisional mientras no se utilicen. En la mayoría de los casos, los usos que se permitan responderán a intereses generales para los ciudadanos, tanto de recreo y esparcimiento, como dotacionales. Esta propuesta está alineada con los objetivos establecidos en el Plan de 1997, que establecía esta necesidad de uso temporal, pero que no determinaba un plazo. Ahora sí lo define, cuatro años.

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Sobre la firma

Elena Reina
Es redactora de la sección de Madrid. Antes trabajó ocho años en la redacción de EL PAÍS México, donde se especializó en temas de narcotráfico, migración y feminicidios. Es coautora del libro ‘Rabia: ocho crónicas contra el cinismo en América Latina’ (Anagrama, 2022) y Premio Gabriel García Márquez de Periodismo a la mejor cobertura en 2020

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