Ayuso se compromete con Vox a borrar la autodeterminación de género de las leyes en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha comprometido este jueves con Vox a eliminar el concepto de autodeterminación de género de la legislación vigente en la región, lo que incluiría tanto retocar las leyes autonómicas como intentar enmendar la ley trans nacional cuando se apruebe en el Congreso. Esa afirmación, lanzada en el pleno de la Asamblea de Madrid, ha dejado casi sin palabras a Rocío Monasterio, la líder de la extrema derecha, que lleva toda la legislatura intentando provocar un gesto parecido, sin conseguirlo. Ahora, sin embargo, se acercan las elecciones municipales y autonómicas de mayo, el PP busca atraer a los votantes de Vox, y esta propuesta permite cumplir con ese objetivo y el de abrir un nuevo frente en su choque con el Gobierno central. Porque ahí está la clave: Ayuso no hará nada hasta que la ley nacional se apruebe, momento en el que ha insinuado que la recurrirá.

”Le hemos hablado muchas veces de la ley trans de su gobierno, la 2/2016″, ha arrancado Monasterio en la sesión de control al Gobierno. “¿Qué es necesario hacer para que la derogue?”, ha seguido. “Ahora Sánchez e Irene Montero han hecho suya esta ley. ¡Deróguela!”

“Su pregunta es si voy a eliminar el concepto de autodeterminación de género de la legislación vigente en la Comunidad de Madrid y la respuesta es que desde este grupo parlamentario, porque esto se hace desde aquí, desde esta Cámara, la respuesta es sí”, le ha contestado Ayuso.

“Gracias, la traeremos al siguiente pleno [la ley] para que sea derogada”, ha replicado Monasterio, ojiplática ante la oportunidad que se le ha presentado repentinamente.

“Falta un pequeño matiz: cómo y cuándo hacer las cosas”, ha cortado Ayuso. “No estoy dispuesta a ser la primera que se equivoca en la estrategia a nivel nacional, como hacen ustedes a veces, para solucionarle la papeleta [al Gobierno central]”, ha seguido. “Vamos a ver qué engendro fabrican con esta ley, antes de tomar una decisión equivocada en esta Cámara, y desviar [el foco de atención] (...) Es una papeleta que tiene Sánchez, y que debe resolver él”, ha añadido. Y ha prometido: “Desde aquí corregiremos todos los excesos. Somos conscientes de que habrá muchos, pero hay que hacerlo con cabeza”.

El concepto de autodeterminación de género, que Ayuso se ha dicho dispuesta a eliminar, aparece en al menos dos leyes regionales aprobadas en 2016, cuando el PP estaba en minoría y dependía de la oposición para sacar adelante normas en la Cámara: la de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid; y la de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.

Modificaciones en pausa

Derogar esas normas es una vieja reivindicación de Vox a la que Ayuso siempre se había negado. La presidenta había limitado hasta ahora los posibles cambios en ambas normas a otros aspectos de las mismas, como la inversión de la carga de la prueba (es el acusado quien tiene que demostrar su inocencia). Este jueves, sin embargo, ha abierto la puerta a estas otras modificaciones, pero las deja en pausa hasta que se apruebe la ley nacional, que afronta un complejísimo trámite parlamentario, lo que hace imposible asegurar que saldrá adelante.

De hecho, la tramitación del proyecto de ley, motivo de uno de los principales incendios en el Gobierno de coalición por las diferencias que PSOE y Unidas Podemos mantienen por la libre autodeterminación de género en menores (que puedan cambiar, solo con su voluntad, el nombre y sexo en el DNI), quedó aparcada hasta dentro de dos semanas. ¿La razón? Ninguno de los socios cede en sus posiciones: los socialistas mantienen sus enmiendas. Y para que haya ley, ese choque entre los socios del Ejecutivo tiene que resolverse.

Los socialistas mantienen vivas las 17 enmiendas presentadas. Entre ellas, la de exigir que para los menores de entre 12 y 16 años el cambio del sexo en el registro requiera de una autorización judicial; algo que durante meses afirmaron que no tocarían y que UP, ERC, PNV, EH Bildu y Más País, que suman 60 votos, se niegan a aceptar.

Las enmiendas del PSOE que no cuentan con el respaldo necesario son, además de la que versa sobre la autodeterminación para los menores, dos más. Una sobre eliminar el concepto de violencia intragénero (la que se da entre miembros de una pareja del mismo sexo o género), para que no exista la analogía con la violencia machista. Y otra sobre la cuestión de la reversibilidad del cambio registral: el procedimiento para que alguien que ha cambiado el sexo en el registro pueda volver a hacerlo en caso de que se arrepienta o cambie de opinión. Ahora mismo, el texto de la ley da libertad para hacer dos cambios (el primero, y una primera reversión); a partir del tercero, la recuperación del sexo que figuraba antes requiere aprobación judicial a través de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. El PSOE propone que ya desde ese segundo cambio sea necesario el paso judicial.

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