Límite 72 horas en San Fernando de Henares: así es el desalojo de las casas hundidas por el metro

“En 72 horas no vacías una casa”. Las siete palabras que pronuncia Rosa, vecina del número siete de la calle de Rafael Alberti de San Fernando de Henares (40.000 habitantes), encierran el drama de 16 familias que tuvieron que abandonar sus viviendas a toda prisa el lunes de la semana pasada. Cuenta que hay vecinos que veían la calle desde sus casas a través de las grietas. Que la mano de un adulto cabía entre la acera y la fachada, tanto se estaba moviendo el edificio. Y que el día en el que los convocaron para darles la mala nueva, ya se imaginaban lo que pasaba: en San Fernando de Henares ya había para entonces más de un centenar de vecinos fuera de sus hogares porque las obras de la línea 7B del metro, impulsadas en 2007 por el Gobierno de Esperanza Aguirre, afectaron a los cimientos de sus edificios. El suyo, sin embargo, fue un desalojo atípico. A cámara lenta, porque llevaban semanas esperándolo, mientras sus viviendas se caían a cachos. Y a cámara rápida, porque cuando se toma la decisión, solo tienen 72 horas para dejarlo todo atrás.

Martes 6 de septiembre. Un trozo de la cornisa cae al suelo, bien cerquita de unos niños que están jugando. Retumban las sirenas de bomberos y policías. Uno de los vecinos, Javier ―como el resto de los consultados reclama no dar su apellido para evitar ser señalado en el futuro―, dueño de un salón de peluquería, lo ve todo en directo: está sacando cajas cargadas con sus cosas, porque sabe que antes o después va a tener que abandonar su hogar. A su hija, de 17 años, le da un ataque de ansiedad ante la escena. “Sientes impotencia, frustración, no entiendes nada”, dice él ahora, ya desalojado. “¿Por qué se ha permitido prolongar esa situación si el edificio estaba cayendo en picado? ¡Se había hundido seis centímetros en 12 meses!”.

Jueves 15. Rugen los chats de los vecinos, transmitiendo un comunicado de la Comunidad de Madrid con la decisión de los nuevos desalojos. Para algunos, como Javier, es casi un alivio, aunque aún tenga que esperar hasta la noche para que el alcalde de la localidad, Javier Corpa (PSOE), les confirme todo durante una reunión nocturna en el Ayuntamiento: “No es algo que quisiera, pero llevaba 15 días sin dormir, con las paredes y los cristales crujiendo. Esa noche descansé plenamente: necesitábamos una situación de seguridad”.

Viernes 16. Una pareja de policías municipales va de puerta en puerta para notificar los desalojos y que los vecinos los firmen, después de que el Ayuntamiento haya emitido la orden correspondiente. Los residentes encuentran una solución “más humana”. Uno de los afectados es policía y se presta voluntario para ayudar en la tarea. “Eso lo hace todo más fácil”, dice Javier.

Lunes 19. Javier y su familia llevaban semanas con unas maletas de urgencia hechas en el salón, por si tenían que salir pitando por orden de los bomberos. Ese lunes dejan su casa definitivamente. No saben por cuánto tiempo. “Mi vida se ha descolocado del todo. Tengo desparramado por varios sitios todo lo que guardas en tu casa durante 23 años”, resume.

Casi dos semanas después, los afectados siguen en estado de shock. Tenían casa. Ya no. Para perderla no hicieron nada mal, solo vivir en las cercanías de la línea 7B del metro.

“A los pocos años de la puesta en servicio de la línea 7B, comenzaron a recibirse quejas de vecinos de San Fernando por daños en viviendas”, reconoce en un documento oficial publicado el lunes por la Comunidad de Madrid en el portal de contratación, pues forma parte del expediente para gastar 1,8 millones en realojar a las 16 familias recientemente desalojadas. Suman 72 afectadas, 27 viviendas derribadas y 85 vaciadas desde septiembre de 2021. “La mayor parte de los daños se concentraba en la zona del pozo de ventilación de la calle Rafael Alberti, el cual, por problemas de filtraciones, provocó movimientos del terreno y daños a las edificaciones cercanas”, añade el texto, que detalla el “empeoramiento acelerado” y la “evolución muy desfavorable de los daños” en el edificio que se acaba de vaciar. “Esta situación supone un grave peligro”, se alerta.

El límite de 72 horas para desalojar lo cambia todo. Son tres días, con sus noches, para recoger toda una vida. Un plazo que separa lo conocido de la incertidumbre. De vivir en casa a la mudanza a un apartahotel. De conocer los caminos rutinarios del día a día (para ir al trabajo, o al colegio) a tener que descubrirlos. Y de vivir con las cuentas equilibradas, a empezar a tener que hacer sumas y restas: aunque la Comunidad se encarga de pagar el alojamiento, los vecinos hipotecados siguen teniendo que hacer frente a la letra de una casa en la que ya no pueden vivir.

“Es una incertidumbre total, no puedes centrar tus pensamientos en una cosa”, describe Rosa sobre el torrente de dudas que se agolpan en su cabeza al recibir la noticia. “¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Cómo se lo cuento a mi hijo? ¿Dónde me llevarán? ¿Cómo va a afectar esto al trabajo? ¿Y al colegio?”, recuerda. “Se te agolpan los pensamientos, sobre todo viendo que la casa de al lado la han derribado: les dijeron que iban a convertirla en la finca más segura de España, y ahí está, en el suelo”, describe sobre las 27 viviendas que ya han sido derribadas. “No me canso de decir que querría información de primera mano, porque el Ayuntamiento hace un gran esfuerzo por contarnos, pero el problema lo ha causado la Comunidad, y la solución también la tiene que dar la Comunidad”.

El consejero de Transportes, David Pérez, se desplazó a San Fernando el pasado 19 de septiembre para dar la cara ante los vecinos. Ausente la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a la que han invitado una y otra vez los afectados a visitar el municipio, su asesor les contó que la Comunidad indemnizará a quienes han perdido sus casas. Que en el entretanto se ocupará de pagar el apartahotel o los pisos de alquiler en los que residan. Y que ya ha invertido 30 millones de euros en intentar solucionar el problema que afecta a las casas. “Hemos estado comprobando la situación tan dura que estas familias están viviendo y les hemos explicado nuestra voluntad de darles solución”, dijo Pérez.

Todo empieza con unas elecciones. A las puertas de las de 2007, Aguirre, entonces presidenta regional en busca de la reelección, decide construir un hospital con su correspondiente estación de metro. Para eso hay que cambiar el proyecto original, ampliando el recorrido y añadiendo estaciones. Un error, según se descubre un decenio después, porque las obras del túnel del metro facilitan la entrada del agua en el subsuelo. El líquido contacta así con terrenos solubles, altera su solidez y afecta a los cimientos de los edificios cercanos.

Las consecuencias no son solo para los cientos de vecinos con las vidas rotas por las grietas de sus casas. También alcanzan a los miles de ciudadanos que quieren usar el metro, porque la circulación de trenes por la línea 7B se ha interrumpido hasta en nueve ocasiones desde la inauguración, hace 15 años. Así está ahora mismo: no funciona y cada día se suma otra nueva jornada a las más de 860 que acumulaba sin dar servicio antes de este último parón y de este último desalojo.

“Nadie nos dice cuánto vamos a estar fuera de casa, especulan con ocho meses o un año”, explica Rosa. “Está siendo como un duelo: shock inicial, luego la mente lo va asimilando porque si no te vuelves loco, y luego se abre la expectativa de alquilar un piso para normalizar la situación”, añade. “Lo que nos ha pasado ya no tiene remedio. Nos han echado de casa. Lo que me preocupa es el medio y largo plazo. El futuro”.

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