Ayuso promete indemnizaciones a los vecinos desalojados de sus casas por la línea 7B de Metro

Tras publicar EL PAÍS los informes sobre los desperfectos causados por la línea 7B de Metro en viviendas del municipio de San Fernando de Henares, al este de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha prometido este lunes a los afectados que “se les indemnizará adecuadamente por los inmuebles que no puedan ser rehabilitados”. La presidenta regional se ha dirigido a través de una carta a las 35 familias afectadas, que suman 99 personas, y que han tenido que abandonar sus hogares por las grietas y desequilibrios en los edificios provocados por la construcción del suburbano, impulsada en 2007 por el Gobierno de Esperanza Aguirre.

“Desde 2008 surgieron problemas derivados de la construcción de la infraestructura [del Metro] y los condicionantes de la geología de la zona”, escribe Ayuso, estableciendo una relación de causa efecto entre el suburbano y los problemas de las viviendas que se evita en los 5000 folios de informes de los peritos a los que ha accedido este diario. “Puedo sólo imaginarme lo duro que está siendo para vosotros tener que abandonar vuestro hogar (...) Soy consciente del tremendo perjuicio que os está causando perder tantas cosas (...) El Gobierno de la Comunidad de Madrid está trabajando de manera conjunta y coordinada para rehabilitar todas las viviendas que sean viables”, añade. Y promete: “No tengas la menor duda de que nos ocuparemos de los gastos ocasionados por esta situación y de que se os indemnizará adecuadamente por los inmuebles que no puedan ser rehabilitados (...) Este problema es nuestra mayor prioridad”.

La promesa de indemnizaciones es una gota de esperanza en el océano de incertidumbres en el que se ahogan las 35 familias afectadas. Una veintena de ellas viven desde septiembre en un apartahotel (”Nos han quitado los recuerdos”, lamentan). La mayoría lleva haciendo cuentas desde entonces: de un lado está lo que les queda por pagar de hipoteca (a quien tiene), lo que podrán cobrar de la Comunidad (si cobran), y el temor de que la diferencia resultante no les permita comprar una vivienda similar a la que tenían hasta que el Metro les dejó sin ella.

Afrontar esos pagos solo engordará la factura de la Administración, que dice haber invertido ya 30 millones de euros en los últimos años en intentar arreglar el problema de las viviendas. Aparte está la inversión para buscar una solución que haga viable la línea 7B de Metro, que ha supuesto que el suburbano dejara de dar servicio en esta zona hasta en nueve ocasiones desde la inauguración de 2007 (para un total de más de dos años sin prestar el servicio).

A aquella fecha de hace ya quince años se llegó a toda prisa, para que la inauguración coincidiera con las elecciones autonómicas. El PP de Aguirre arrasó con mayoría absoluta. Y luego llegaron los problemas. El Ayuntamiento de la localidad calcula que desde entonces 200 viviendas se han visto afectadas de una manera u otra por la obra. Esos edificios se distribuyen alrededor de 15 calles cercanas al recorrido del suburbano, y se han ido hundiendo poco a poco, o han visto cómo aparecían grietas en paredes, techos y fachadas, descuadrando puertas y ventanas hasta convertir en una aventura la entrada y la salida de los edificios, y en una pesadilla la vida diaria.

¿Qué ha ocurrido? Que las obras del túnel del Metro facilitaron la entrada del agua en el subsuelo, que a su vez contactó con terrenos solubles, alterando los asentamientos de los edificios.

“La karstificación en esta zona no fue detectada con los reconocimientos del proyecto, probablemente porque no existía”, se lee en un informe oficial sobre los cambios en el terreno provocados por la entrada en contacto del agua (que no había antes) con las sales fácilmente solubles que entreveran el subsuelo (que ya estaban allí). “Sin embargo, la construcción del túnel y posterior drenaje comenzó a movilizar el flujo de agua subterránea y a iniciar un progresivo proceso de disolución del terreno, en concreto y preferentemente, de los niveles salinos existentes”, añade. “(…) En este tipo de terreno, movimiento de agua significa capacidad de disolución”, subraya, en alusión a los cambios del terreno que afectan al asentamiento de los cimientos de los edificios.

Ahora, mientras 35 familias viven fuera de sus casas, abandonadas a toda prisa por el peligro que suponía seguir en ellas, Díaz Ayuso promete indemnizaciones.

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