El “grave peligro” creado en casas por la línea 7B de Metro obliga a la Comunidad a realojar a sus habitantes

Los defectos en la construcción de la línea 7B, que ha estado más de dos años cerrada por obras desde que fue inaugurada por Esperanza Aguirre, en 2007, han obligado este enero a la Comunidad de Madrid a gastarse 824.316,60 euros en realojar a tres familias durante unos siete meses y rehabilitar sus viviendas en San Fernando de Henares. Los movimientos de tierra generados por el suburbano han causado “daños muy importantes” y “graves” en la cimentación de las casas, según consta en documentación a la que accedió EL PAÍS, que detalla un “riesgo es severo” que puede “suponer grave peligro” para los habitantes, por lo que no se descarta que haya que demoler los edificios. Las autoridades locales prevén que la misma solución se aplique próximamente a más familias y viviendas.

Una foto de 2007 marca el inicio de los problemas. Allí están Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón y tres alcaldes inaugurando la línea justo antes de las elecciones. Los festejos (una paella para miles de personas, dos conciertos…) reflejan la importancia estratégica que tiene para los comicios que las obras hayan terminado a tiempo. Se han invertido 650 millones de euros. A los pocos años empiezan las protestas de decenas de vecinos de San Fernando de Henares (40.000 habitantes), porque algo les pasa a sus viviendas. Aparecen grietas. Las casas se están moviendo. Algunas, según documentación oficial, varios centímetros al año. En paralelo, la circulación del metro se detiene hasta en seis ocasiones porque hay que hacer obras de reparación. Una vez cada dos años.

“Desde 2007 ha habido pequeños arreglos, pero esto es un pozo sin fondo porque es una obra que no se hizo bien en su día. Se han ido consiguiendo cosas, como que ya hoy la Comunidad de Madrid reconoce el problema. Eso antes no pasaba”, explica el alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpas (PSOE). La mesa técnica en la que se sientan el gobierno regional, el municipal y los vecinos ha logrado, según el primer edil, que ahora se vaya a actuar en tres fases: primero en los números 29 y 31 de las calles de la Presa (bajo y primero), después en otros puntos de esa misma vía, y, por último, con obras en otras viviendas situadas a lo largo recorrido del Metro.

Los problemas se concentran siempre en el mismo punto, entre las estaciones de San Fernando y Jarama. La realización de 12 kilómetros de túnel facilitó la entrada del agua, que así contactó con terrenos solubles (karstificación), afectando a los cimientos de al menos 172 viviendas, según la Plataforma de afectados por la construcción de la línea 7B. También son víctimas las instalaciones que albergaba el complejo El Pilar, donde se encontraba la escuela de idiomas, la escuela infantil El Tambor o la escuela de adultos. Se tuvieron que trasladar.

Porque estas son las grietas de nunca acabar. Y nadie asegura que el problema se pueda solucionar. En la memoria del encargo actual, con fecha 7 de enero, se explicita la posibilidad de que los inmuebles acaben siendo declarados en estado de ruina, y la opción de que sea necesario proceder a su demolición. Eso obligaría al realojo de los vecinos del número colindante, el 33 de la calle de la Presa.

Las casas sobre las que se actúa ahora, donde habitaban 8 personas de tres unidades familiares, presentan “grave riesgo estructural” y hubo que proceder a su desalojo de manera “inmediata”, según la Consejería de Transportes. Nadie vive ya en ellas desde mediados de diciembre y es probable que no puedan volver a ser ocupadas hasta dentro de siete meses. Ese es el plazo otorgado para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y afianzamiento de los cimientos, según el contrato de emergencia impulsado por la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo. La obra todavía no ha empezado.

El informe encargado por la Comunidad a la empresa INES Ingenieros consultores concluyó el mes pasado que los daños que sufren conllevan un “riesgo severo o muy severo” y “los edificios se encuentran por encima de los límites admisibles de asiento máximo y distorsión angular que pueden considerarse normales”.

Eso exige poner en marcha medidas para proteger las estructuras que entre 2016 y 2020 han sufrido un asentamiento de hasta 8,3 centímetros en su fachada principal. Los movimientos en el terreno que afectan a las casas “siguen activos” y el seguimiento realizado desde el mes de agosto “podría indicar una aceleración del fenómeno”, aunque todavía han de confirmar esta tendencia, según esta empresa de ingeniería.

En la justificación de emergencia del contrato del gobierno regional aparece, además, que el riesgo puede agravarse “si se produce un elevado volumen de precipitaciones, por lo que resulta imprescindible afrontar la actuación de emergencia propuesta”. La Comunidad no ocultaba ya hace unos años que esos daños “graves”, en las actuales circunstancias, pueden derivar en “muy graves”, lo que conlleva el “peligro de inestabilidad estructural con el consiguiente riesgo de grave daño a los edificios”.

Aguirre ya no gobierna la Comunidad de Madrid. No obstante, casi 15 años después de que inaugurara esta línea de metro, persisten los problemas que sufren los vecinos.