Huelga de médicos en Madrid: “No nos dejan presentarnos a una OPE en condiciones, ni aplicar la ley vigente, ni hacer paros”

Habrá este martes huelga de médicos descafeinada por imperativo de la Comunidad de Madrid. Es decir, que aunque el jueves pasado se escenificó en la Consejería de Sanidad una reunión entre miembros de la Administración y el comité formado por el sindicato Amyts y las plataformas de médicos temporales para determinar los servicios mínimos, no sirvió para nada, salvo para verse las caras. No hubo acuerdo. Los médicos estimaron que las condiciones que les imponía el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso eran “abusivas”, decidieron no firmar el acuerdo y al día siguiente se encontraron con una orden firmada por Raquel Sampedro Blázquez, la directora general de recursos humanos y relaciones laborales, en la que informaba de los términos de la discordia: un 50% de servicios mínimos para todas las consultas y un 100% para todo lo demás. “No nos dejan presentarnos a una OPE (Oferta Pública de Empleo) en condiciones, no nos dejan aplicar la ley vigente y no nos dejan hacer huelga para protestarlo”, resume la neumóloga Ana Hernández. Pese a que los especialistas entienden que el Gobierno trata de boicotear la huelga, este martes han organizado una marcha a las diez y media de la mañana, que comenzará en el estadio de Vallecas y acabará en la Asamblea de Madrid. Hora y media programada hasta el parlamento madrileño para intentar hacerse oír, de nuevo.

Lo han intentado por activa y por pasiva. Por la vía legal (hay 900 demandas en curso), por el de las protestas (tradicionales y en redes sociales) y por el de las explicaciones desgranadas desde el corazón de los hospitales. Los jefes de servicio del Doce de Octubre mandaron una carta certificada al consejero Enrique Ruiz Escudero el 25 de abril, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, para expresar su preocupación por la OPE y el “impacto negativo” para la organización de sus servicios. No parece haber servido de nada. El Gobierno de Ayuso se apoyó después de recibirla en un informe jurídico cuyas conclusiones hizo públicas el miércoles pasado para determinar que no puede desconvocar las oposiciones porque alega que sería ilegal, y ni ha contestado a los jefes de servicios de los hospitales, todos con puesto fijo, pero que sufrirán igualmente las consecuencias de una OPE a la que se presentarán sus compañeros y que se podía haber evitado si la Administración hubiera esperado una semana para acogerse a la ley estatal que se estaba tramitando a finales de diciembre.

“Tras muchos años de con convocatorias inexistentes o con un número de plazas muy reducido, más de la mitad (en muchas unidades más del 75%) de los médicos especialistas de los hospitales tienen un contrato inestable”, explican en la carta. “Durante todos estos años los servicios y unidades que dirigimos han tenido que organizarse para atender una cartera de servicios creciente y de alta complejidad asistencial, que requiere conocimientos, habilidades y experiencia específicas, más allá de las competencias contempladas de forma general en los programas de formación sanitaria especializada”, continúan en la misiva mandada a Escudero, para que entienda cómo va a afectar este proceso de selección a sus equipos.

“Para cumplir nuestra misión hemos contado con el esfuerzo de todo el personal sanitario, tuviera o no un contrato estable, invirtiendo tiempo, trabajo duro e importantes recursos económicos de los ciudadanos en su cualificación y adquisición de nuevas competencias para afrontar situaciones clínicas que requieren un elevado nivel de especialización”, añaden. Por eso mismo, dicen que les cuesta entender que se sigan utilizando “procedimientos de selección de personal totalmente obsoletos” y que no se contemplen las competencias específicas “que el desempeño de determinados puestos de trabajo requiere en la realidad sanitaria del siglo XXI, ignorando los obvios perjuicios que ello conlleva por un sistema de salud que aspira a la excelencia”.

Los jefes de servicio terminan asegurando que se mueven desde su “responsabilidad y lealtad con los pacientes” y solicitan que se tomen medidas oportunas para derogar la actual convocatoria de pruebas selectivas.

Más de 6.000 contratos temporales

Nada de eso pasó. El Gobierno de Madrid hizo oídos sordos, no contestó al reclamo de los médicos y continuó adelante con una OPE que pone sobre la mesa 4.725 plazas fijas. En los hospitales madrileños trabajan 11.970 especialistas, de los que 6.215 trabajan en régimen de temporalidad, unos como interinos, otros con contratos eventuales, un 52% del total, algo que ha provocado un sistema disfuncional y por el que la UE ha puesto el grito en el cielo: en 2024 la temporalidad no deberá superar el 8%, ni en Madrid ni en el resto de España, con un problema similar.

El desencuentro entre los médicos madrileños y la Administración por una OPE convocada pocos días antes de que se tramitara la ley estatal para esquivarla se oficializó el jueves pasado, cuando no llegaron a un acuerdo tampoco por los servicios mínimos de una huelga indefinida que comienza este martes. “La Constitución Española, en su artículo 28.2, reconoce a los trabajadores el derecho a la huelga para la defensa de sus intereses”, explica la Administración en la orden emitida el pasado viernes, que añade en el párrafo siguiente “el derecho a la protección de la salud”, cuya garantía compete a los poderes públicos. “En la fijación de los servicios mínimos en la huelga convocada por la organización sindical Amyts se ha tenido en cuenta el carácter indefinido de la misma y la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid”, explica la Administración, una contradicción a la que apuntan los especialistas, que vieron cómo 6.000 compañeros contratados por la pandemia fueron despedidos el pasado 1 de abril porque la región madrileña consideraba que había pasado lo peor y ya no eran necesarios.

La Administración exige, por tanto, que la jornada ordinaria de trabajo tenga un 50% de servicios mínimos (es decir, las consultas) y además fija el 100% de servicios mínimos en las unidades que consideraba urgentes, como diálisis, urgencias, reanimación, cuidados críticos, hospitalización, quirófanos, anatomía patológica, el hospital de día de oncología y Sida, farmacia, diagnóstico por imagen, laboratorios, extracción y trasplante de órganos, radioterapia, hemodinámica y admisión y archivo. Es decir, todo lo que tenga que ver con los ingresos del hospital.

Mientras, el Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), que también se reunió el jueves con portavoces de Sanidad, espera el informe jurídico que contradice al que el propio colegio realizó primero, en el que sus abogados argumentan por qué es legal reorganizar la OPE para poner en marcha una convocatoria extraordinaria donde prevalezcan los méritos. “Se nos dijo de forma clara que se nos enviaría”, explica un portavoz del Icomem. “Pero pese a las peticiones reiteradas, a día de hoy no se nos ha enviado. Este lunes hemos recibido un resumen, por lo que hemos vuelto a solicitar el informe. Para nuestra sorpresa, el Viceconsejero [Antonio Zapatero] nos ha respondido que no estaba seguro de poder enviarnos el informe. Lógicamente, no podemos valorar un informe que seguimos sin recibir”.

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