Los médicos no aceptan las rebajas de Sanidad y mantienen la huelga para el 10 de mayo

La partida de ajedrez entre los médicos y la Consejería de Sanidad de Madrid todavía tiene movimientos pendientes. Para empezar, la huelga prevista se mantiene. Para continuar, quedan tres días y no hay acuerdo por los servicios mínimos. Y para rematar, la Administración se escuda en un informe jurídico de la Abogacía General de la Comunidad para no desconvocar unas oposiciones en las que los especialistas se jugarán 4.725 plazas fijas. Nadie está contento. Ni los sanitarios que llevan años acumulando experiencia y creen que mantener la Oferta Pública de Empleo (OPE) ocasionará un enorme problema en el sistema sanitario, ni el Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), que elaboró su propio informe jurídico argumentando por qué era legal reformular esa OPE convocada en diciembre, cinco días antes de que se tramitara la ley estatal que permitía organizar una convocatoria extraordinaria para estabilizar los puestos de trabajo de doctores teniendo en cuenta los méritos. Pero tampoco está contento el Gobierno regional, que ha afeado al colegio oficial su posicionamiento público en una reunión de alta tensión y que ha aceptado abrir una vía alternativa para estabilizar unas 1.000 plazas que no evita la huelga.

Quedaban pocos días para que llegara el parón indefinido en los hospitales sanitarios y la Comunidad de Madrid debía hacer algún movimiento. Y lo hizo el miércoles con un comunicado que llegó como un jarro de agua fría para los sanitarios. En él decía que las plazas de facultativos ya publicadas en el Boletín Oficial regional (BOCM) no se podían desconvocar, porque eso significaría “vulnerar la legislación nacional vigente en esta materia”. Curioso, protestaron los facultativos, cuando la Comunidad de Madrid aceleró el paso para publicar esa OPE precisamente para evitar la legislación nacional que iba a estar vigente a finales de 2021.

Todo ese movimiento ha ocasionado otros tantos que se han sucedido en cadena. El jueves a primera hora de la mañana los representantes del Colegio de Médicos se citaron en la Consejería de Sanidad con los de la Administración. Fue una reunión de alto voltaje, repleta de reproches, que duró algo más de hora y media. En una parte de la mesa: el presidente del Icomen, Manuel Martínez-Sellés, el vicesecretario de la institución colegial, Carlos Hernández, que además es jefe de la Asesoría Jurídica del Colegio, y la directora del gabinete, Isabel Durán. Al otro lado, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Antonio Zapatero, la directora de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del SERMAS, Raquel Sampedro y el director general de Hospitales e Infraestructuras, Fernando Prados. Todos con caras de pocos amigos.

El Gobierno regional insistía en que desconvocar las oposiciones era ilegal y que incluso les podían acusar de prevaricar. El Colegio de Médicos defendía lo contrario, basándose en el informe de sus abogados. Hasta que llegaron a un punto de no retorno y debían desencallar la situación. Fue entonces cuando la Administración se comprometió a que antes del 31 de mayo iba a llevar cabo un proceso extraordinario de estabilización contemplado en la ley nacional, por la modalidad de concurso, y que el número de plazas convocadas supondrán en torno a un tercio más de las actualmente convocadas, lo que los médicos estiman en unas 1.000. “Hemos conseguido llegar a un acuerdo por el que la Consejería se compromete a cuatro aspectos fundamentales para la estabilización presente y futura de las plantillas de cuyo cumplimiento vamos a hacer un seguimiento continuado y minucioso”, defendió el doctor Martínez-Sellés después.

Pero, ¿eso solucionaba el entuerto? “No. Son solo unas migajas”, explica Antonio Lalueza, doctor en medicina interna en el hospital Doce de Octubre, interino y con 16 años de antigüedad. El problema, al final, son los números. Y las cuentas no salen. De 11.970 médicos hospitalarios, 6.215 son interinos o eventuales, un 52% del total. De esos, no todos tienen la antigüedad necesaria para acceder a ese proceso extraordinario, ya que podrían acogerse a aquellos que llevan en su puesto desde antes del 1 de enero de 2016. “Los números que ofrece la Administración son muy opacos, pero según nuestros cálculos seremos unos 3.200 o 3.500 los que estamos en esa situación. ¿Cómo van a elegir qué 1.000 puestos se van a estabilizar y cuáles no y, por tanto, vamos a tener que ir a una OPE? Porque eso significa que van a coger la mitad de las piezas de un puzle, las van a quitar, las van a meter en una bolsa y las van a colocar luego sin ningún sentido”, insiste Lalueza.

Servicios mínimos del 100% en hospitales

Poco después de la reunión entre la Administración y el Icomem, llegó el turno para el comité de huelga, formado por el sindicato de médicos Amyts y las plataformas de Médicos y Facultativos no fijos en Madrid-MUD, SomosUrgencias, Somos Uno y el grupo de Urgencias Hospitalarias. En esa ocasión, en la cita la tensión se rebajó. Aunque entonces no se llegó a un acuerdo. La Administración pedía que la jornada ordinaria de trabajo tuviera un 50% de servicios mínimos (es decir, las consultas) y además fijó el 100% de servicios mínimos en las unidades que consideraba urgentes, como diálisis, urgencias, reanimación, cuidados críticos, hospitalización, quirófanos, anatomía patológica, el hospital de día de oncología y Sida, farmacia, diagnóstico por imagen, laboratorios, extracción y trasplante de órganos, radioterapia, hemodinámica y admisión y archivo. Es decir, todo lo que tenga que ver con los ingresos del hospital. “No podemos aceptar esos servicios mínimos”, defiende Ana Hernández, neumóloga interina del Doce de Octubre. “Han puesto la excusa de que la situación que estamos viviendo de la covid obliga a imponer esos servicios mínimos, pero hace nada echaron a la calle a 5.000 sanitarios porque decían que lo peor había pasado y ya no eran necesarios. ¿En qué quedamos?”, añade el doctor Lalueza.

Así que la huelga se mantiene. El jueves pasado lo discutieron unos 400 médicos que se reunieron en una asamblea presencial y virtualmente organizada en una sala del Icomem y donde fijaron sus posturas. “Buscaremos también un resquicio legal para derogar la OPE”, explica Lalueza. Algo que ya sigue su propio trámite desde hace meses. Ya en enero, nada más publicarse la OPE, un grupo de médicos contrató los servicios de los despachos de abogados ASAES y de Arnáiz y desde entonces hay más de 900 demandas en curso. “Porque somos los primeros que queremos una salida pacífica y que no haya huelga”, afirma.

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