Las últimas oposiciones que salieron a concurso para el puesto de Paz Castellano, que es lo que en los centros educativos se conoce como técnico especialista III, se remontan a 1990. Se dice pronto. Era la época en que nacían las televisiones privadas en España y el Gobierno central, que todavía tenía las competencias, sacó en todo el país 20 plazas para estos profesionales que trabajan para sostener a alumnos con discapacidad. Dos años después, la responsabilidad pasó a las manos de las comunidades autónomas. Madrid, desde entonces, ha mantenido el contador a cero. Ni una plaza pública para unos profesionales que iban engrosando una lista que actualmente roza las 1.000 personas, el 90% con contratos de obra y servicios y con interinidades. Hasta ahora. 32 años después, 30 desde que tiene las competencias, la región madrileña organiza unas oposiciones para ellos. Y lo hace con polémica. Los temarios no se ajustan al trabajo que desempeñan y, además, al igual que reivindican los médicos, no pueden acceder a las convocatorias extraordinarias que permite la ley estatal desde el año pasado para que se estabilicen sus puestos teniendo en cuenta los méritos.

Castellano, de 43 años, lleva desde 2014 en el mismo centro de educación especial Monte Abantos (Las Rozas), aunque comenzó a trabajar en 2008. Lleva 14 años ofreciendo a los alumnos con dificultades motoras, ceguera, sordera o con Trastorno del Espectro Autista (TEA) sus pies y sus manos. Les ayuda a trasladarse a cada aula o sala, a colocarse correctamente, les enseña a deglutir para que no se ahoguen, a alimentarse, les cambia el pañal si es necesario, ayuda a que controlen los esfínteres o a que mantengan su higiene y su limpieza. Como ella, hay compañeras [la mayoría son mujeres] de diferentes edades que han cubierto esas plazas necesarias tanto en centros de educación especial, como en colegios o institutos ordinarios con alumnos con algún tipo de discapacidad. Algunas superan con creces los 55 años. Y todas ellas deberán enfrentarse en igualdad de condiciones a unos exámenes en los que tendrán que competir con cualquier persona. La singularidad que tiene su caso, eso sí, es que han sacado dos convocatorias distintas. En unas deberán pelear por conseguir una de las 453 plazas denominadas de estabilización que salen a la oferta pública y deberán primero aprobar el examen para que después, en una segunda fase, se tenga en cuenta su experiencia y antigüedad (solo hasta 13 años). En otras, denominadas de libre concurrencia, competirán en igualdad de condiciones con quien se presente por conseguir una de las 70 plazas.

“Eso ya de por sí no tiene ninguna lógica. Gente con experiencia de décadas se puede ir a la calle si no pasa ese examen”, explica Castellano, que continúa: “Pierden ese valor humano que has ido aculando durante décadas”. Pero lo que ha clamado el cielo, explica, es que cuando vieron el temario poco tenía que ver con la labor que desempeñan en su día a día, algo que va en contra del convenio por el que se debe regir la Administración. Para conseguir un puesto fijo, deben estudiar temas referentes a menores infractores, a adultos con discapacidad o generalidades de servicios sociales. Y se dejan fuera temas relacionados con el material que deben aprender a utilizar, la alimentación o cómo manipular a determinados alumnos.

Más afectados

La Consejería de Hacienda, de la que depende Función Pública, responsable de estos procesos, asegura que atendió la demanda de estos profesionales y eliminó siete temas. “Pero es insuficiente”, reclama Castellano, que recuerda que han mantenido unos diez más que no tienen relación con su trabajo. CC OO ha pedido una segunda modificación. Pero sin éxito.

La polémica va más allá. Diferentes tipos de técnicos, con responsabilidades diferentes y hasta sueldos diferentes, deberán prepararse el mismo temario para sacarse una plaza. Incluso los 625 integradores sociales, el 100% de ellos interinos, pues en su caso trabajan en las aulas atendiendo también a alumnos TEA desde 2007 sin pasar por ningún proceso de oferta pública.

Isabel Galvín, portavoz de CC OO, asegura que a “ambas situaciones”, la de los técnicos especialistas III y la de los integradores sociales, afectados también por un proceso de oposiciones sin que se tengan en cuenta los méritos, “se suman a las ya existentes que sufren otros perfiles y expresan que es necesario la regulación del ámbito educativo dentro del convenio colectivo de la Comunidad de Madrid para sus empleados públicos”. Además, insiste en la necesidad de que “sus funciones y su trabajo sea significado y reconocido porque son personal educativo que junto a los docentes hacen efectivo el derecho a la educación”. “Deben ser reconocidos como personal esencial a todos los efectos: sustitución de bajas, complementos retributivos específicos, promoción profesional”, insiste.

Y lo dice porque el sentir de estos profesionales es que en la Administración “no tienen ni idea del trabajo que desempeñamos”. Lo explica Sonia B., de 47 años, que trabaja como técnico especialista en el centro de educación espacial Joan Miró. “Los más afectados de todo esto serán los alumnos”, se queja. Aun así, tanto ella como Castellano coinciden en que tampoco quieren que les “regalen” una plaza. Aunque creen que la experiencia, los méritos, deberían primar, y más teniendo en cuenta que el Gobierno central facilitó con una ley que las comunidades pudieran poner coto a los altos porcentajes de contratos temporales.

Madrid, sin embargo, se apresuró, antes de que se tramitara la norma, en diciembre pasado, a convocar 172 oposiciones de diferentes modalidades. Y a ellas, como a los médicos, les toca lidiar con eso.