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Más de un millar de médicos del sistema público pide a la Comunidad de Madrid que paralice las oposiciones

Los especialistas quieren que primero se estabilicen los miles de contratos que la Comunidad tiene desde hace años en una situación precaria, alrededor de la mitad de los especialistas no son personal fijo

Medicina oposiciones
Sanitarios con contratos covid y adjuntos protestan por su situación laboral en la entrada principal del Hospital 12 de Octubre en noviembre de 2021.Jaime Villanueva

El 11 de enero se abrió el plazo para la presentación de las solicitudes de las oposiciones que habrá este año en el sistema sanitario madrileño. Facultativos de 45 especialidades, celadores, técnicos medios en cuidados auxiliares de Enfermería y médicos de Admisión y Documentación Clínica están convocados a las pruebas. Sin embargo, lo que a priori parece una noticia positiva para la plantilla de la sanidad pública, no lo es para miles de esos profesionales. Los miles que desde hace años encadenan un contrato tras otro: alrededor del 50% de los especialistas en Madrid no son personal fijo de la Comunidad.

Esa situación laboral arrastrada desde hace décadas ha sido el motivo de que un grupo de médicos y facultativos no fijos del Sermas se organizaran y pidieran a la Comunidad paralizar esas OPE (oferta de empleo público). Luis Aguilar, urólogo del servicio madrileño de salud, es uno de esos especialistas con años trabajando para el sistema, en el mismo puesto, y sin un contrato estable. También es uno de los que arrancó esta movilización de sanitarios a través de la Asociación Médicos Unidos por sus Derechos, que se creó con la llegada de la pandemia, en marzo de 2020.

Han enviado una carta al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y a la directora general de Recursos Humanos, Raquel Sampedro, para pedir esa paralización: “Que se lleve a cabo la regularización de los facultativos en fraude de ley que realizan funciones estructurales durante al menos tres años con independencia de su vinculación laboral actual, cumpliendo así con los objetivos de las directivas y resoluciones del Parlamento Europeo así como los compromisos adquiridos por España en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

“Que, de una vez por todas, se corrija la elevada temporalidad que venimos sufriendo los médicos y otros facultativos especialistas en la Comunidad de Madrid desde hace tantos años”. Y explican que “no se entiende seguir convocando nuevas OPEs regulares en este momento, tras casi dos años de gran desgaste por la pandemia, sin haber solucionado previamente la gran bolsa de temporalidad”, añaden.

Aguilar, al teléfono, insiste en que “antes de sacar oposiciones ordinarias, hay que sacar unas de estabilización para todos aquellos que llevan más de tres años en su puesto de trabajo”. De la Consejería, dice, “aún no ha habido respuesta”. A la pregunta de este diario, un portavoz asegura que “se va a empezar a estudiar con los sindicatos”.

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Ellos, el grupo de facultativos, ya se han puesto en contacto con el resto de partidos políticos, todos: “Hay que solucionarlo ya, las comunidades autónomas tienen hasta junio para convocar oposiciones extraordinarias, es decir, que puede hacerse. Primero que se arregle el problema, y luego que haya OPE todos los años”. Y añade que “si no hubiese esta bolsa de temporalidad tan enorme, no pasaría nada, pero llevan [los distintos gobiernos de la Comunidad] 20 años convocando OPEs cada 10, y cuando las sacan es un 10% de los huecos que se necesitan cubrir”.

En la carta recuerdan que “en algunas especialidades no se han convocado ofertas públicas de empleo durante más de 10 años y, en las que se han realizado, el número de plazas ofertadas ha sido claramente insuficiente”. Especialidades como Nefrología o Urología llevan más de una década sin una convocatoria. Por todo ello, hasta ahora, al menos 600 profesionales han impugnado de forma individual esas oposiciones.

Los contratos de refuerzo covid

Otro profesional, un anestesiólogo con casi una década de carrera en los hospitales públicos madrileños que tiene ahora uno de esos “contratos de refuerzo covid” —con los que tampoco se sabe aún qué pasará cuando llegue marzo—, explica que estas pruebas selectivas les generan “incertidumbre”: “Los que estamos trabajando desde hace años en el sistema, no entendemos que no se estabilicen esos puestos, que son estructurales en la práctica aunque no lo sea sobre el papel de los contratos”.

Él, como miles de médicos más, pasaron a tener un “contrato de refuerzo covid” cuando llegó el virus, a pesar de que muchos de ellos llevaban años en sus servicios: “Dijimos que sí muchos porque un contrato de seis meses de refuerzo es más estable que uno de un mes, o de tres, pero claro, ahora parece que contamos como recién llegados a nuestros hospitales, y nada más lejos de la realidad”.

Otra de esas facultativas, una dermatóloga, recuerda que lleva 11 años en la sanidad pública: “Formándome, atendiendo pacientes, siendo parte de un equipo, y como yo, miles, es decir, que somos parte del sistema sanitario, ¿y convocas OPEs? ¿Y por qué no estabilizas al personal que tienes en condiciones que dan vergüenza encadenando uno y otro y otro contrato año tras año?”.

En esta situación, según cifran estos profesionales, hay 4.528 interinos y 1.857 eventuales. “Muchos de nosotros llevamos más de tres años con esta vinculación laboral, ejerciendo en el mismo puesto de trabajo con contratos precarios y sin los derechos del personal fijo. No hemos tenido la oportunidad de acceder a un puesto fijo para desarrollar nuestra profesión por la falta de planificación y el inmovilismo que ha tenido la Administración durante años”. Ahora, dice el anestesiólogo, “es hora de corregir las deficiencias de un sistema que, además de lo que acarrea desde hace años, ha atravesado y soportado dos años de pandemia”.

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Sobre la firma

Isabel Valdés
Corresponsal de género de EL PAÍS, antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió 'Violadas o muertas', sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Su segundo apellido es Aragonés.

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