Más de 11 millones en contratos de emergencia para agilizar la vacunación masiva en Madrid

La Comunidad de Madrid ha adjudicado por la vía de emergencia una treintena de contratos a grandes compañías como Indra, Telefónica o Accenture para agilizar la vacunación masiva en la región. Desde el diseño del sistema de autocita al control de las colas de pacientes, pasando por la contratación de analistas para detectar vías con las que acortar los plazos de la campaña de vacunación, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha gastado 11 millones de euros en externalizar la logística e infraestructura de la campaña, y en adquirir jeringuillas o agujas específicas para la lucha contra la covid. Con un 94,4% de dosis administradas sobre las recibidas, Madrid es una de las siete regiones a la cola de una estadística que lideran Asturias y Andalucía.

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“Estamos cada vez más cerca”, celebró este lunes Díaz Ayuso. “Hemos comenzado a vacunar a los menores de 60 años con la segunda dosis de AstraZeneca”, dijo, en referencia a la reanudación de las inyecciones de los trabajadores esenciales como policías o docentes que forman parte de uno de los grupos prioritarios de la Estrategia de Vacunación nacional y cuya inmunización fue paralizada el 7 de abril por el riesgo de trombos, muy infrecuentes. “El 43% de la población diana ya ha recibido una dosis, y casi el 21,6% ya tiene la pauta completa. En total, más de 3,5 millones de vacunas administradas”, cifró.

No obstante, la gestión de la vacunación ha estado rodeada por la polémica en Madrid desde el principio. Primero, por el papel secundario de la atención primaria en la campaña, a pesar de las recomendaciones de expertos, profesionales sanitarios y organizaciones, que pidieron desde el primer momento que la primaria fuese el puntal sobre el que desarrollar la campaña. Después, por las colas puntuales de pacientes en centros de referencia como el centro de emergencias Enfermera Isabel Zendal o el estadio Wanda Metropolitano. Más tarde, por paralizar durante los festivos de Semana Santa la vacunación de los mayores de 80 años por el cierre desde hace más de un año de los centros de salud en días señalados, fines de semana y noches. Y, finalmente, porque la Administración regional ha desoído a la nacional, recomendando de manera expresa el uso de AstraZeneca como segunda dosis a los menores de 60 años.

Con el sistema sanitario muy debilitado tras un año de pandemia —con retrasos en la atención a las patologías más habituales, profesionales de baja o excedencias— el Ejecutivo empezó a invertir en la agilización del sistema a finales de febrero, cuando creyó detectar un problema.

“Buena parte del éxito de este proceso reside en la capacidad de generar información suficiente y suficientemente fiable de la población vacunada y por vacunar, que permita una toma de decisiones ágil y basada en la realidad”, argumentó entonces en un documento oficial Elena Andradas, directora general de salud pública. “En estos momentos, aunque la disponibilidad de vacunas es muy limitada, y el número de personas inmunizadas y registradas es aún reducido en comparación con la capacidad de vacunación del sistema sanitario madrileño, se ha encontrado alguna dificultad en el proceso conjunto de grabado de datos de vacunación y de distribución”, añadió. “Resulta fundamental contar con un servicio que verifique la calidad de la información recabada periódicamente (…) con objeto de asegurar que los sistemas de pedidos, distribución y vacunación se desarrollan de forma coordinada”.

En contratar a una compañía para hacer ese trabajo se gastaron 56.144 euros. Desde entonces, la inversión tecnológica en la campaña de vacunación ha aumentado exponencialmente.

A inicios de marzo se gastó 77.440 euros en un grupo de técnicos encargados de apoyar a los profesionales de las residencias en el uso de las aplicaciones de la campaña de vacunación. En abril, se dedicó casi medio millón de euros a gestionar los ficheros para la citación masiva y hacer modelos de previsión basados en datos demográficos. Ese mes empezó la campaña a gran escala, con 1,2 millones de euros invertidos en 2,5 millones de mensajes telefónicos y 900.000 llamadas para dar cita. Y desde entonces no se han detenido ni las inyecciones ni los gastos: en mayo se autorizó uno de 2,5 millones en un servicio de atención telefónica a usuarios de la campaña de vacunación pensado para recibir 12.000 llamadas diarias.

En paralelo, se han gastado cientos de miles de euros en material fungible (jeringuillas, agujas o ampollas de suero salino) y casi un millón en externalizar el almacenamiento y distribución de los cuatro tipos de vacunas que se inyectan en España (Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Janssen), cada una con unos requisitos de conservación en frío, caducidad y proceso diferentes.

“Dado que la dirección general de salud pública realiza tan solo la distribución a siete puntos, que son las Direcciones Asistenciales, se hace necesaria la redistribución a todos los centros de salud, SAR [servicios de atención rural], y determinados SUAP [servicios de urgencias de atención primaria, cerrados a la población desde marzo de 2020], que serán utilizados para la vacunación de la población”, se lee, en tono de lamento, en un contrato firmado en febrero por Sonia Martínez, gerente asistencial de atención primaria. “Son más de 300 direcciones de forma diaria, que deben ser repartidas antes de las 7.30 horas, cinco días a la semana”, se añade en el acuerdo para contratar un servicio de transporte por más de un millón de euros hasta finales de año. “En consecuencia, se han previsto 51 rutas diarias”.

Un ejemplo de la complejidad de organizar la vacunación masiva en Madrid. Pero ni mucho menos el único. Ante la afluencia de pacientes, el Gobierno ha externalizado la gestión de las colas para vacunarse: 77.098 euros para el sistema de pantallas y turnos de los centros masivos; o 42.390,66 para controlar los accesos al centro de vacunación de la calle General Oraá.

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