Las dudas que el terremoto político vierte sobre la sanidad madrileña
La primera consecuencia para el área que dirige Enrique Ruiz Escudero es la asunción de la cartera de Políticas Sociales tras el ceso de su consejero Javier Luengo
El trabajo del consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero se empezó a multiplicar este jueves. Con el cese del consejero de Políticas Sociales, Javier Luengo, el encargado de Sanidad ha de asumir ahora esta cartera, la otra gran golpeada por la pandemia, encargada de las residencias de mayores de la Comunidad, en las que murieron alrededor de 6.000 personas: de marzo a julio fallecieron por covid un 8,9% de los residentes en los 473 geriátricos operativos. Esa es la consecuencia más directa de lo que ha ocurrido en los últimos dos días en la Casa de Correos.
Por Sol han pasado dos mociones de censura (Más Madrid y PSOE), la disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones anticipadas, ambas recurridas ante el el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea, que se reunió este jueves de urgencia. Con ello, Isabel Díaz Ayuso comenzó los ceses, seis, todos de Ciudadanos, ya exsocio de Gobierno. Entre ellos el de Luengo, recién llegado a esa cartera tras la dimisión de Alberto Reyero el pasado octubre, del mismo partido. El único de los cargos del Ejecutivo que ha dimitido durante la legislatura y que abandonó por los desacuerdos con Ruiz Escudero.
”Nosotros aquí seguimos trabajando igual”, aseguró este jueves un portavoz de la Consejería de Sanidad. El contexto de la autonomía, sumado a esa duplicidad en las carteras, no dibuja una situación fácil. Madrid ha sido el epicentro de la pandemia. Acumula 610.353 contagios acumulados, 22.741 muertos, tiene las UCI al 98,5% de su capacidad con 461 pacientes ingresados y su reporte diario de nuevas infecciones supone el 38% de todo el territorio nacional.
A eso suma la campaña de vacunación, en marcha desde septiembre con desajustes que provocan cambios de última hora en la planificación; profesionales que llevan un año trabajando casi de forma continua en situación de emergencia y que se han manifestado e ido a la huelga por sus condiciones laborales; un centro, el Isabel Zendal, que acumula un sobrecoste de al menos el triple (150 millones de euros) y cuyos problemas con la plantilla derivaron en tensión entre sanitarios y hospitales públicos; una confrontación constante con el resto de autonomías y el Gobierno central por las medidas conjuntas frente a la pandemia y las decisiones internas. Y ahora un terremoto político.
Escudero y su equipo, en el que también ha habido ya un cese —el de José María Antón García como viceconsejero de Humanización Sanitaria—, tendrán que hacer frente de forma provisional a algunos asuntos que ya afectan a Políticas Sociales. Las destituciones de Silvia Sánchez como viceconsejera y de Salvador Sanz como secretario general técnico o la fase en la que se encuentra la investigación por el abandono de las residencias que celebró el pasado viernes 5 de marzo su octava sesión con testigos, desde que empezara a recibir comparecientes en octubre. Por el momento, queda en el aire: la comisión encargada se produce en el seno de la Asamblea, disuelta oficialmente este 11 de marzo pero recurrida la decisión ante la justicia. Si finalmente hubiese elecciones y disolución de la Asamblea, la comisión dejaría de existir.
La Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias ha enviado este jueves una nota aludiendo a la “preocupación por las consecuencias” que el momento que atraviesa la Comunidad pueda tener en el proceso: “No vamos a consentir que el trabajo realizado hasta este momento en la Comisión de Investigación se quede en agua de borrajas y exigimos desde ya a todos los partidos y candidaturas electorales que, caso de llevarse a efecto la convocatoria de elecciones, se pueda presentar a las mismas el compromiso firme de continuar con ese trabajo en la futura legislatura”.
Para saber cómo funcionarán a partir de ahora, dice el portavoz de Sanidad, “hay que esperar a nombramientos y demás”. Durante este periodo de incertidumbre, el Ejecutivo no podrá sacar adelante leyes ni presupuestos pero sí decretos, y, mientras, asegura estar en plenitud de funciones.
El movimiento en el Gobierno regional provoca la suspensión de la huelga en atención primaria
“Pase lo que pase, están en una situación de provisionalidad”, apunta Julián Ezquerra, de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts), que el miércoles pospuso la huelga indefinida de médicos de atención primaria que había comenzado un día antes. El interlocutor, dice Ezquerra, “deja de ser válido”: “Bien por moción o bien por elecciones, entendemos que hacer una huelga con un gobierno con el que no sabemos qué va a pasar no tiene sentido. El gobierno es legítimo, sí, pero no parece ético poder acordar algo que hipoteque a futuro a quienes sean que estén después”.
En el comunicado que el miércoles emitió Amyts, apuntaban que “la situación de incertidumbre política provoca que los médicos no sean escuchados y, por lo tanto, que persistan los graves problemas de nuestra Atención Primaria”. Aseguran que los paros de aquel día rozaron “el 90% pese a unos servicios mínimos abusivos [en algunos como los de atención rural se impuso el 100%] y a pesar de que la Administración ha incumplido” su propio baremo, un 70%. Según los cálculos de estos profesionales, Madrid tiene un déficit estructural de 800 médicos de Medicina Familiar y Comunitaria, a los que han de sumarse otros 800 que no están siendo sustituidos en su ausencia.
En general, dice Ezquerra, “la situación afecta de forma tangencial”. La “sensación de provisionalidad hace mella en una plantilla con un elevado número de eventuales”. Explica que las conversaciones que ya se habían puesto en marcha para convertir interinos a fijos —porque ya habían pasado dos años con ese contrato— y la posibilidad de pagar al personal no fijo la carrera profesional —complementos al sueldo que tienen que ver con la formación y la experiencia, entre otras cuestiones— queda ahora en el aire: “Y aunque la profesión está por encima de todo, quienes no tienen una situación estable ni están seguros laboralmente, se ven perjudicados cuando ven que esto se paraliza”. La “sensación de inquietud es clara”, concluye: “No sabemos qué va a pasar. El Gobierno está mirando para otro lado con estas cuestiones. Y el que tiene que estar tomando decisiones de la gestión en el día a día, puede que esté pensando en su futuro político”.
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