“Madrid no se va a cerrar perimetralmente”
La Comunidad es la única autonomía que ha emitido un voto negativo al documento del Consejo Interterritorial de Salud para los próximos días festivos
Madrid no cerrará en Semana Santa ni en el puente de San José. Tras dos semanas apuntando la negativa a este bloqueo entre el 17 y el 21 de marzo y el 26 de marzo al 9 de abril, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se enroca y no acepta al acuerdo tomado la tarde de este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud (CISNS). Es la única región que lo ha hecho. Lo ha confirmado el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero: “Madrid no se va a cerrar perimetralmente”. Ante la posibilidad de recurrir esta medida, ha especificado, la “actual competente delegada” para decidir es “la presidenta de la Comunidad”: “Tomaremos las medidas que creemos oportunas”.
El resto de medidas que estaban sobre la mesa, el toque de queda y el máximo de personas que pueden reunirse en exteriores, se mantendrá a partir de las restricciones actuales que tiene la Comunidad, las 23.00 en cuanto a la movilidad nocturna y seis personas para los aforos en exteriores. Algo en lo que el Gobierno central ha dado margen aunque estableciendo esas restricciones como acuerdos mínimos, es decir, sin perjuicio de que las autonomías endurezcan las medidas.
La negativa de Madrid, sin embargo, no ha sido expuesta de forma clara durante el Consejo, en el que fuentes presentes aseguran que ha votado en contra pero “ni ha dicho ni ha insinuado que no fueran a acatar el acuerdo”. Una situación que ya ocurrió en octubre en Ávila, cuando Ayuso rompió el acuerdo con Castilla y León y Castilla-La Mancha para cerrar Madrid hasta el 9 de noviembre en directo, en la comparecencia tras aquella cumbre. Y la ministra de Sanidad Carolina Darias ha insistido en que esto “será una orden comunicada” y, “según la legislación vigente, de obligado cumplimiento”.
En esta ocasión, se produzca o no la restricción, no cambiará nada en la práctica, según ha quedado reflejado en el Consejo. El resto de autonomías estarán cerradas y las excepciones, Canarias y Baleares, quedarán bajo el paraguas de los supuestos establecidos en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, es decir, que solo se podrá entrar en ellas por motivos justificados como que ese sea el lugar de residencia, por trabajo o por causas de fuerza mayor.
¿Las razones para discrepar del perimetraje? Los explicó el pasado viernes el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, y los ha repetido este miércoles Ruiz Escudero, y es que “la experiencia previa” de los tres que ya ha tenido la región no les fue “favorable”. El resultado, han repetido, fue “un aumento de casos” dentro de la autonomía, porque el cierre de una región como Madrid, “uniprovincial, con siete millones de habitantes, genera mucha movilidad, y los casos en Madrid subieron”, ha afirmado también este miércoles el viceconsejero.
Los datos no reflejan lo mismo. La epidemióloga Gloria Hernandez Pezzi, exjefa del Servicio de Vigilancia Epidemiológica en el Instituto de Salud Carlos III, asegura que “la afirmación de que los confinamientos totales de la Comunidad de Madrid no han funcionado es gratuita, puesto que no está avalada con nada que demuestre su eficacia o ineficacia”. Esta medida, dice, debe ir acompañada de otras. “En octubre y noviembre la tendencia de los casos se mantuvo a la baja, y los periodos de aplicación cortos, tres o cuatro días de puentes, tampoco permiten su valoración”, explica. En diciembre y enero, añade, “los casos subieron tras los citados confinamientos, pero no debidos a ellos, ya que en esos periodos se combinaron diversas causas que provocaron la tercera ola de covid en todo el país”.
El primero de esos perimetrajes ocurrió en días alternos para el puente de Todos los Santos y la festividad de La Almudena, fue impuesto por el Gobierno central, aunque permitió a Madrid hacer ese bloqueo intermitente. Madrid, desde que comenzaron los cierres por autonomías, nunca se mostró a favor. En varias ocasiones, Díaz Ayuso repitió que Madrid solo cerraría si era “estrictamente necesario”.
El segundo, por decisión de la Comunidad —con recomendación del Ministerio de Sanidad—, en diciembre, para los festivos de la Inmaculada y el fin de semana posterior. En aquella ocasión, tanto Zapatero como Isabel Díaz Ayuso, defendieron extender el cierre por solidaridad con el resto de comunidades. “Es una medida quirúrgica para colaborar con el resto de las administraciones para evitar desplazamientos masivos y coger pulso y seguir bajando el número de contagios de cara a una fecha tan importante como son las Navidades”, dijo entonces la presidenta.
Y el tercero, el periodo navideño, entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. En el que Madrid tuvo que obedecer al cierre aunque Ayuso declaró no sentirse vinculada; las medidas, dijo el entonces ministro de Sanidad Salvador Illa, eran de obligado cumplimiento. Exactamente como marca ahora el acuerdo del CISNS, que incluye dos tipos de medidas, aquellas que las regiones están obligadas a asumir y recomendaciones.
La movilidad, tanto territorial como nocturna, y la limitación de personas que pueden reunirse están entre las primeras. Mientras que con el cierre perimetral no ha habido flexibilidad, el Gobierno sí ha abierto el número de personas que pueden permanecer juntas, que preveía en cuatro y deja en seis: “Se limitarán la permanencia de grupos de personas a un máximo de cuatro en espacios públicos cerrados y seis en espacios públicos abiertos, salvo que se trate de convivientes. En espacios privados las reuniones se limitarán a convivientes”. Y tambien en la del toque de queda: “Se limitará el derecho de movilidad nocturna como máximo a partir de las 23:00 horas y hasta las 6:00 horas”.
Entre las recomendaciones está “no bajar el nivel de alerta en el que se encuentra la comunidad autónoma desde las dos semanas previas al inicio de la Semana Santa (es decir, desde el 12 de marzo) aunque los indicadores sean favorables, y por ello mantener las medidas establecidas en ese momento, o aumentarlas si la evolución de los indicadores así lo exigiese”; además de no celebrar eventos masivos que “impliquen aglomeración o concentración de personas”, poner en marcha una campaña institucional “para evitar la relajación de comportamientos” con el lema No salvamos semanas, salvamos vidas, y la coordinación de todas las medidas con los ayuntamientos.
Madrid vuelve a pedir que se eleva la edad para la vacuna de AstraZeneca
Esta tarde, antes de asistir al Consejo Interterritorial, el consejero de la Comunidad de Madrid Enrique Ruiz Escudero ha enviado una carta a la ministra de Sanidad Carolina Darias para “insistir” en “elevar la edad de administración de la vacuna de AstraZeneca para que la puedan recibir lo antes posible personas con una edad superior a los 55 años”. El consejero asegura que así se conseguiría abarcar “toda la edad laboral” con las dosis que se están usando para inocular a grupos esenciales como el profesorado, la Policía o los bomberos.
El escenario es “de escasez de vacunas”, que se “distribuyen con lentitud y en cantidades que resultan insuficientes”, según Ruiz Escudero, en la línea argumental que la Comunidad lleva desde comenzó la campaña de inmunización, el pasado diciembre. Con ese pretexto, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha ido explicando a lo largo de los últimos dos meses los reajustes que ha hecho en su planificación. El último el pasado lunes por la tarde, cuando envió un email a las direcciones asistenciales de atención primaria para que a partir del día siguiente no se gestionara ninguna cita más para primeras dosis en los mayores de 80 años.
Aunque el Gobierno regional alude a “la falta de vacunas”, la planificación del Ministerio de Sanidad establece un número determinado de dosis por cada autonomía que depende de la cantidad de personas que conformen los grupos a los que toca vacunar, por lo que la Comunidad conoce de antemano qué número de viales les llegarán y pueden planificar en función de ello.
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