Un doctor que descartó hospitalizar a mayores de residencias: “No me parece discriminatorio”

Uno de los momentos más intensos de la investigación del abandono a las residencias en la Asamblea de Madrid se ha vivido este viernes, cuando un diputado ha cuestionado a uno de los 22 doctores que decidieron qué enfermos tenían derecho al hospital. ¿No era discriminación negarle ese auxilio a mayores de residencia?, le ha preguntado Emilio Delgado, de Más Madrid, a Javier Martínez Peromingo, geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del hospital de Móstoles Rey Juan Carlos.

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Peromingo parece tener la conciencia tranquila y le ha respondido al diputado, sin perder la calma, que la práctica médica habitual es asignar tratamientos distintos a los pacientes. “No me parece en absoluto discriminatorio”, ha considerado. Su explicación no ha convencido a Delgado.

—No, no. No se está hablando de aplicar un tratamiento. Se está hablando de derivar a un hospital. Si tú vives en tu casa con tu hija, tu hija te lleva a un hospital. Si vives en una residencia, no.

—Pero, hombre, en todas las enfermedades, en función de cómo lo valora clínicamente un médico, unas veces se decide que el paciente puede irse a su casa. De hecho, la mayoría de la gente que va a urgencias se vuelve luego a su casa con un tratamiento. No se quedan ingresados en el hospital.

Según Peromingo, los mayores de su área de influencia no sufrieron abandono durante la primera ola de coronavirus, porque su hospital no se saturó tanto como otros y esas residencias sí estaban preparadas para atender a los enfermos de covid. Delgado le ha recordado que la Comunidad de Madrid no medicalizó las residencias, y tampoco dio oportunidad a esos mayores de ir al gran hospital temporal de Ifema.

Un filtro nuevo

La comparecencia de Peromingo en la comisión de investigación de la crisis era esperada, porque hasta ahora no se había escuchado a los médicos de Madrid que aplicaban los polémicos protocolos que la Comunidad elaboró en la primera ola de la pandemia de coronavirus. Los documentos recomendaban descartar a los mayores dependientes que vivían en residencias para evitar “el colapso del Sistema de Salud”. Peromingo y los otros médicos que actuaron como filtro eran conocidos como “geriatras de enlace”, un grupo nuevo creado por la Consejería de Sanidad para acometer esa tarea. Ahora están en el punto de mira de centenares de hijos que han recurrido a la justicia para denunciar la negación de auxilio a sus padres.

Peromingo ha hablado muchas veces en plural, “nosotros”, como un representante de ese grupo que formaban 22 geriatras durante el mes de los rechazos, entre mediados de marzo y mediados de abril del pasado año. Desde mayo, cuando acabó esa crisis, Peromingo ocupa un alto cargo de la Consejería de Sanidad, el de director general de coordinación sociosanitaria. Sucedió en el puesto a Carlos Mur, el doctor que firmó las distintas versiones de los protocolos entre el 18 y el 25 de marzo.

La comparecencia de este viernes y la de Mur, el miércoles de la semana pasada, han permitido conocer más detalles sobre cómo nacieron los protocolos. Mur convocó el viernes 13 de marzo por la mañana en la sede de la Consejería a Peromingo y a otros jefes de geriatría para cumplir con la misión que le había dado el día anterior el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. “Los mayores de residencia que den positivo por coronavirus serán atendidos en la propia residencia”, ordenó Escudero.

Peromingo y los geriatras elaboraron un protocolo que recomendaba no derivar a esta población para así no colapsar los hospitales. La otra pata del plan, según dijo Mur, era la medicalización con sanitarios de atención primaria, pero no fue ejecutada, porque cuando abrió el hospital temporal de Ifema, la Comunidad de Madrid mandó allí a ese ejército de médicos.

Dardos contra Carlos Mur

Hoy Peromingo ha lanzado dardos contra Mur: “Cometió muchos errores. Uno de ellos fue el envío de los borradores, no dejándose asesorar”. Según ha dicho, se suponía que los geriatras iban a asesorarle a él. Mur es un psiquiatra con menos conocimiento del sector de las residencias o de los mayores. Pero a pesar de esto, tomó decisiones sin consultarles, ha asegurado Peromingo. Los geriatras tenían un borrador técnico que no estaba listo para distribuir, pero Mur envió a hospitales y residencias varias versiones abreviadas sin su consentimiento. A ellos no les gustaba ni el lenguaje, ni los criterios para no hospitalizar.

Ellos sí dieron su visto bueno a la versión final, del 25 de marzo. En esencia, ese documento no difiere mucho de los anteriores. Esa última versión pedía que el personal de la residencia llamara por teléfono al geriatra de enlace para valorar a cada enfermo. El traslado al hospital dependía del estado de las urgencias y del grado de autonomía del paciente. Debían ser tratadas en las residencias las personas con dependencias como alzhéimer o que necesitaran silla de ruedas. Pero esto era la teoría. En la práctica muchas residencias sufrieron un tapón absoluto y a otras se les impuso un corte a los 75 años de edad.

El protocolo tenía un anexo que pedía suministrar a los geriátricos fármacos y sistemas de oxígenos, pero en muchos casos esta ayuda tardó en llegar, de modo que los mayores enfermos quedaron desamparados, como han denunciado reportes de organizaciones como Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras.

Creo que se intentó, no se lo puedo garantizar al 100%, pero creo que se intentó dar la mejor asistencia

Javier Martínez Peromingo, geriatra

Peromingo ha defendido su actuación y la de sus compañeros. “Nuestra razón de ser como geriatras es el tratamiento a los mayores y evitar la discriminación”. ¿Tuvieron todos una muerte digna? “Creo que se intentó, no se lo puedo garantizar al 100%, pero creo que se intentó dar la mejor asistencia”.

La sesión de este viernes era la octava con testigos que celebra la comisión de investigación, que empezó a recibir comparecientes en octubre. Además de Peromingo han sido interrogados este viernes otros dos altos cargos de la Comunidad: el jefe de Bomberos, Agustín de la Herrán, y el exgerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), Óscar Álvarez. El primero relató cómo su cuerpo colaboró desde el 23 de marzo en la retirada de 185 cadáveres de las residencias, un apoyo a las funerarias desbordadas.

El segundo tenía su cargo las 25 residencias públicas de Madrid, donde murieron 1.197 mayores durante la primera ola de coronavirus. Álvarez ocupa hoy el cargo de director general de Discapacidad en la Consejería de Políticas Sociales, de Ciudadanos. Visiblemente nervioso, ha medido mucho su lenguaje para no hurgar en la herida de un tema que incomoda claramente al partido. Ciudadanos no quiere repetir la tensión de la primavera pasada cuando el entonces jefe de Álvarez, el consejero Alberto Reyero, criticó frontalmente la gestión de Ayuso.

Álvarez ha hablado hoy de que cuando el 21 de marzo vio por primera vez uno de los protocolos de exclusión sintió “temor”, pero ha evitado ser crítico. Contrasta con Reyero que fue rotundo en público al decir que esos documentos no eran éticos, y posiblemente tampoco legales.

Corrección: La primera versión de este artículo informaba por error de que este viernes se celebró la novena sesión con testigos de la comisión de investigación de residencias.