El adelanto electoral frena más de 1.000 millones en ayudas para paliar los efectos del virus

El adelanto electoral decidido el miércoles frenó el cierre de las negociaciones sobre los Presupuestos de 2021, y con ello la ejecución de más de 1.000 millones en ayudas contra los efectos de la pandemia. Con PP y Cs decididos a enviar el proyecto a la Cámara sin Vox, el borrador incluía al menos 600 millones para el mundo empresarial, y 400 de carácter social, según documentación del Ejecutivo. Además, el PP defiende que la salida de los consejeros de Cs no complica la solicitud de 22.371 millones de los fondos europeos, pese a haber organizado proyectos clave.

El martes, Cs ya se planteaba iniciar la tramitación de los Presupuestos sin haberse garantizado el imprescindible apoyo de Vox. Con la negociación atascada alrededor del veto parental, y el partido de extrema derecha transmitiendo que al final apoyaría las cuentas, también el PP fijó una fecha para dar ese paso: miércoles por la tarde, cuando había una cita con un documento que resumía en 15 puntos las cesiones a Vox. Unas horas antes, sin embargo, estalló una crisis política de consecuencias impredecibles, que acabó con la coalición, disolvió la Asamblea (salvo que los tribunales digan lo contrario) y dejó el proyecto presupuestario en papel mojado.

Las consecuencias son radicales. Hace semanas que el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, dio por sentado que los Presupuestos incluirían el plan de rescate con unos 1.000 millones de euros que había presentado unilateralmente Ignacio Aguado, con 600 millones para el mundo empresarial y 400 para las familias.

“Se ha hecho un borrador de presupuestos en el cual obviamente tienen encaje todas las buenas ideas”, dijo el consejero en un pleno de la Asamblea celebrado a principios del año. “Las políticas de gasto para 2021 están absolutamente marcadas por la excepcionalidad de la situación en la que nos encontramos, tanto a nivel sanitario como económico y social, y el presupuesto va a estar a la altura de la situación, con unas prioridades muy claras: el refuerzo del sistema sanitario, el impacto en la educación, el apoyo a las familias más vulnerables, la mejora de la atención social y el impulso a la reactivación económica”.

Pero roto el Gobierno desaparece la opción de dedicar 361 millones a combatir el paro, 85 a ayudar a los autónomos, otros tantos a aliviar la situación de la hostelería y la restauración, 35 para las pymes industriales, o 30 para el comercio. Además, las familias vulnerables se quedarán sin 100 euros mensuales por hijo; sin la tarifa de transporte reducida a 30 euros para los jóvenes de 26 a 30 años; o sin que se contrate más personal de residencias y se reduzca el precio de las plazas de los centros de día.

En total, Cs calculaba que la activación de esos fondos permitiría ayudar a sobrevivir a más de 35.000 pymes y autónomos de la región; a crear 12.000 empleos directos; o a asegurar 14.000 empleos en los 198 Centros Especiales de Empleo. Además, según el partido de Aguado, casi medio millón de personas habrían recibido algún tipo de apoyo extra.

“En absoluto quedan en el limbo las ayudas directas a comerciantes”, dijo ayer Enrique Ossorio, que debutó como portavoz gubernamental en sustitución de Aguado. “Este Gobierno va a trabajar igual, o me aventuro a decir, mejor, y por tanto en absoluto se va a retrasar absolutamente nada”.

El problema, no obstante, se amplifica también a la petición de 22.371 millones de euros de los fondos europeos.

Del Gobierno han salido Manuel Giménez y Ángel Garrido, los consejeros de Economía y Transportes, que eran clave en la tramitación de la solicitud: uno por su conocimiento de los requisitos administrativos — “Era el que tramitaba las ayudas”, dijo ayer Aguado— y el otro por la gran inversión que requería la financiación de los proyectos de infraestructuras que había propuesto. En muchos proyectos importantes, como por ejemplo las ampliaciones de las líneas del metro, la tramitación ordinaria seguirá su curso, aunque queda ver cómo se financia.

El PP, que sabe que el Gobierno central tiene hasta el 30 de abril para mandar las peticiones de las regiones a Bruselas, niega que vaya a haber ningún problema.

“Llevamos muchos meses trabajando en los fondos europeos, y eso lo tenemos y lo vamos a poner en marcha”, aseguró Ossorio. “Que se haya disuelto la Asamblea no supone que el Gobierno vaya a dejar de gestionar”, continuó. “La gestión va a seguir exactamente igual que hasta ahora”, insistió. “Vamos a seguir luchando para que la economía no se hunda”.