La directora de una residencia de Madrid, imputada por homicidio por una muerte por covid

Nuevos avances en los tribunales para los familiares de los ancianos fallecidos en residencias de Madrid por la covid. Un juzgado ha imputado por un delito de homicidio a la directora de un asilo de la capital por la muerte de una anciana con coronavirus que no fue derivada a un hospital, según ha confirmado a este diario Carlos Vila, el abogado que representa a los querellantes, la llamada Marea de Residencias. Se trata, según Vila, de la primera vez en la Comunidad de Madrid –que ellos tengan constancia– que un magistrado cita como imputada a una responsable de una residencia. Además, la Audiencia Provincial ha ordenado investigar la muerte de nueve ancianos en geriátricos del municipio madrileño de Leganés. Otros procesos siguen también adelante en Alcorcón y Móstoles.

En el primer auto, adelantado por la cadena SER y al que ha tenido acceso este periódico, el titular del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid considera que los hechos denunciados por los familiares de la fallecida y Marea de Residencias “revisten caracteres de presunto delito de homicidio”. Así, cita como investigada a la directora del centro Gran Residencia para las diez de la mañana del 26 de febrero, día en que también escuchará, pero como testigo, a un médico de la residencia. Este auto es recurrible.

Según consta en el relato de los hechos recogido en la querella, la anciana ingresó el 5 de marzo en el centro Gran Residencia, situado en Carabanchel, de titularidad pública y gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social. No tenía ningún “síntoma respiratorio ni fiebre”. “Desde el 8 de marzo por la tarde, en que se impidió la entrada a los familiares, estuvieron llamando por teléfono todos los días”, afirma la familia de la residente, que añade que o bien no les cogían el teléfono o bien les decían que si había novedades les avisarían.

El día 14, la hija de la anciana recibió una llamada en la que se le informó de su madre había sufrido un episodio con hipoglucemia y fiebre y que creían que era una infección de orina, por lo que le administraron antibiótico y le pusieron suero. El 17 le dijeron que, como su madre “no remontaba”, le iban a hacer unas analíticas de sangre y orina. El 21, le comunicaron que la mujer había empeorado, que estaba mal, que no comía y que estaba aletargada. Aquel día, pudo verla unas horas, según declara en la querella. El día 25, le informan de que el pronóstico es malo, pero que no la pueden trasladar a ningún hospital porque tal como estaba no la iban a admitir. La hija acudió a la residencia provista de bata, mascarilla y guantes a intentar verla, pero una doctora le denegó la entrada. El 27 de marzo, la anciana falleció sin haber salido de la residencia.

El proceso es consecuencia de una querella conjunta presentada por una veintena de familiares de fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid ante el Juzgado 39 de Instrucción, que luego fue remitida al Tribunal Supremo porque, además de a los responsables directos de los geriátricos, afectaba a políticos aforados ―la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Escudero y el de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López―, a los que acusan de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante.

El alto tribunal la devolvió alegando que deben ser los juzgados de primera instancia los que hagan la investigación. El juzgado 39 ha repartido dicha la instrucción entre otros juzgados, ya que la investigación es compleja al referirse la querella a múltiples residencias. La citación como investigada de la directora de la residencia anteriormente citada es consecuencia de este reparto. Carlos Vila ha celebrado la imputación y ha subrayado que “la actuación de la Comunidad de Madrid fue nefasta y no tomó medidas hasta que hubo más de mil muertos”.

Consecuencia también de esta querella es otro auto, conocido recientemente por este colectivo, en el que la Audiencia Provincial revoca la decisión de un juzgado de Leganés de archivar la querella de familiares de nueve fallecidos por coronavirus y dos infectados en varias residencias de esa localidad, informa Efe. La Sección 27 de la Audiencia estima parcialmente el recurso interpuesto por familiares de esos 11 ancianos para que se practiquen diligencias, y revoca el auto dictado el 18 de agosto por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Leganés.

La Audiencia toma esta decisión a pesar de que la Fiscalía pidió que se confirmara el archivo, destaca Vila. Los magistrados consideran que “los hechos pueden ser constitutivos, inicialmente y sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica, de homicidio imprudente, de omisión del deber de socorro, de delito de trato degradante y de delito de prevaricación”.

Recuerdan que no son competentes para decidir sobre la responsabilidad de la presidenta regional y los consejeros, pero sí para determinar si hubo delito por parte de los centros. Determinan que se debe individualizar cada uno de los casos relatados, solicitando a las respectivas residencias que aporten los protocolos de actuación remitidos por la Comunidad de Madrid con los que actuaron y, en particular, los criterios de derivación a centros hospitalarios.

La sala pide también que se requiera a las residencias la historia de los residentes a los que hace referencia la querella y las decisiones que se adoptaron respecto a cada uno de ellos en particular, así como que informen por escrito de cuáles eran los medios de protección individual y personal de los que disponían. El tribunal requiere a varios hospitales que informen sobre las historias clínicas y los fallecimientos de tres de los afectados.

Este periódico y otros medios revelaron que la Comunidad de Madrid dictó protocolos para limitar la derivación a hospitales de personas que vivieran en residencias de mayores. También que las residencias no fueron “medicalizadas” y que en su lugar el Gobierno regional encargó el refuerzo médico a la hija de un asesor de Ayuso, Encarnación Burgueño, quien durante 12 días (entre el 26 de marzo y el 6 de abril) dirigió lo que ella denominó la “operación bicho”. El director general de coordinación socio-sanitaria, Carlos Mur de Viu, reconoció a este periódico que hasta el 6 de abril los mayores de residencias no tuvieron un apoyo médico relevante. El pasado día 4, Burgueño declaró en la comisión que investiga los hechos en la Asamblea de Madrid. “La verdad es que fue caótico”, confesó. “Me dijeron que mi propuesta estaba estudiada, avalada y comprobada”, afirmó al día siguiente en una entrevista con EL PAÍS, que ha publicado los audios de esos días.

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