Primer varapalo judicial a las familias de residencias en Madrid

Una jueza de Leganés, Madrid, ha desestimado una querella de 11 familias de fallecidos en residencias durante la ola de coronavirus de la primavera, según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La querella de Leganés es una de las tres que culpan a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y otros miembros de su gobierno de más de 6.000 muertes de residentes por denegación de auxilio. Estas acciones judiciales han sido patrocinadas por Marea de Residencias, un grupo apartidista crítico de la gestión privada de los centros. Al margen de estas querellas hay más de 130 residencias en Madrid investigadas por la Fiscalía o los jueces.

¿Qué ha dicho la jueza de Leganés?

La jueza de instrucción Mónica Boticario considera que las 11 familias querellantes no han presentado indicios de delito contra la presidenta Ayuso, los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, y de Justicia, Enrique López, y cuatro directores de residencias en Leganés. Las familias culpan a estos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación.

Sobre la responsabilidad penal de los líderes políticos la jueza considera que los artículos de prensa aportados como evidencia de irregularidades no bastan para admitir la querella. “No pueden considerarse como prueba acreditada de certeza, al menos no en este caso, máxime cuando estamos hablando de una enfermedad nueva de la que poco o nada se sabía en Marzo de 2020, cuando aconteció todo lo escrito en la querella", escribió la jueza Boticario en su auto del 18 de agosto dado a conocer hoy.

Sobre los directores dice que se limitaron “a llevar a cabo su trabajo en unas condiciones extremadamente complicadas y difíciles, aún a riesgo de sus propias vidas, de la mejor manera posible. Ningún indicio se aporta de lo contrario”.

¿Qué pruebas de denegación de auxilio han aparecido en prensa?

Este periódico y otros medios revelaron cómo la Comunidad de Madrid dictó protocolos para limitar la derivación a hospitales de personas que vivieran en residencias de mayores. También revelaron que las residencias no fueron “medicalizadas” y que en su lugar la Comunidad encargó el refuerzo médico a la hija de un asesor de Ayuso, Encarnación Burgueño, quien durante 12 días (entre el 26 de marzo y el 6 de abril) dirigió lo que ella denominó “Operación bicho”, un esfuerzo insuficiente y caótico. El director general de coordinación socio-sanitaria, Carlos Mur de Viu, reconoció a este periódico que hasta el 6 de abril no hubo los mayores de residencias quedaron sin apoyo médico relevante.

¿Qué dicen las familias de Leganés?

El abogado Carlos Vila ha recurrido el auto de Leganés a la Audiencia Provincial porque considera que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva de las familias. “No entendemos cómo la jueza puede hablar de que solo presentamos conjeturas cuando hemos aportado los protocolos y los artículos de prensa. Lo que hay son unos hechos que desde nuestro punto de vista son delito”.

¿En qué situación se encuentran las otras dos querellas contra Ayuso?

Las familias coordinadas por La Marea de Residencias han presentado otras dos querellas en juzgados de los municipios donde se encuentran las residencias de los fallecidos, en Madrid capital y Alcorcón. La querella de Madrid capital fue remitida por el juzgado al Tribunal Supremo ya que consideró que era lo apropiado al ser Ayuso una querellada, puesto que la presidenta está aforada ante ese tribunal. Pero el Supremo devolvió el caso al juez indicando que lo apropiado es que las diligencias de investigación las inicie él. El juez de Alcorcón también remitió el caso al Supremo y ahora las familias esperan a que se decida qué órgano judicial es competente.

Decenas de familias de otros municipios de Madrid han esperado a que se resuelva esta duda sobre la sede judicial para interponer sus querellas, según Vila.

Marea de Residencias esponsoriza una cuarta querella interpuesta por trabajadores de residencias por vulneración de sus derechos contra el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero y contra los consejeros Escudero y López.

¿Cuál es la situación de los otros casos?

Cientos de familias madrileñas han acudido a la Justicia para denunciar la muerte de sus padres o abuelos. Según el último dato publicado por la Fiscalía, el 20 de julio había 139 expedientes incoados respecto de hechos en residencias de Madrid. Cerca de 6.000 personas murieron en las residencias de la región entre mitad de marzo y mitad de abril, en el período en que los hospitales rechazaron a los enfermos que vivían en esos hogares colectivos. A esas muertes hay que sumar un número no revelado por la Comunidad de mayores de residencias que fallecieron en hospitales.

Las vías de denuncia han sido muy diversas. Unas familias han acudido a la Fiscalía y otras a los juzgados. También difieren en si actúan de manera individual o por medio de asociaciones como Marea de Residencias, Pladigmare u otras que han surgido durante la pandemia, como Afectados Coronavirus.

¿Conoces casos de discriminación o irregularidades en una residencia de la Comunidad de Madrid? Contacta con los reporteros de la sección de Madrid fpeinado@elpais.es o jdquesada@elpais.es o mándales un mensaje por Twitter a @FernandoPeinado o @jdquesada

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