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El hospital de pandemias: sanitarios, sindicatos y colegios profesionales esperan conocer hoy la plantilla

A menos de un mes de su inauguración, la Comunidad de Madrid no ha dado detalles sobre los recursos humanos que cubrirán el centro Isabel Zendal

Vista de las obras de construcción del hospital de pandemias Enfermera Isabel Zendal en Valdebebas, Madrid, este martes 3 de noviembre.
Vista de las obras de construcción del hospital de pandemias Enfermera Isabel Zendal en Valdebebas, Madrid, este martes 3 de noviembre.J.J. Guillén (EFE)
Isabel Valdés

La Comunidad pretende convertir el hospital Enfermera Isabel Zendal, construido en cuatro meses, en su gran hito contra la pandemia, a la vista del resultado que dio acondicionar el recinto ferial de Ifema durante la primera ola. Sin embargo, a unas semanas de su inauguración, la información sobre los detalles es casi nula, sobre todo en cuanto a recursos humanos. Sindicatos, asociaciones y colegios profesionales desconocen cómo se dotará de sanitarios. El lunes, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero aseguró que estaban listos: “Estamos a toda máquina y preparados para recibir pacientes”.

El anuncio arrancó con las reticencias de expertos en gestión e infraestructuras hospitalarias y los colegios profesionales. No había registro de una experiencia similar, máxime en el caso de un centro que iba a ser perdurable. Incluso Vox, socio de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, tampoco lo vio procedente. ¿Las razones? Fundamentalmente, nadie sabía de dónde iba a sacar la Comunidad los profesionales de todas las categorías que se necesitan para cubrir un hospital con las características que Díaz Ayuso ha publicitado que tendría este y nadie entendía por qué no se usaba ese dinero para reforzar la atención primaria y salud pública, que urgía para que la región estuviese capacitada para frenar una previsible segunda ola de covid.

Cinco meses después, la situación apenas ha variado. “El futuro de este hospital es incierto, lo que es seguro es que no es necesario y que no es un hospital”, sintetiza Julián Ezquerra, de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts). La información que ha dado el Gobierno regional sobre esta construcción ha sido mínima desde que a finales de mayo la presidenta lo anunció y desde que comenzaran las obras a principios de junio. Se conoce su coste inicial, 51,7 millones de euros —aunque varios sindicatos alertan de que el complejo ya tiene un sobrecoste de casi el doble de su precio—, y, desde hace tres semanas, que su plantilla saldrá de los hospitales públicos de Madrid, según anunció el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero.

“Un mero decorado”, califica Guillén Del Barrio, Movimiento Asambleario de Trabajadores y Trabajadoras de la Sanidad, y “una jugada perfecta para regalar dinero a las constructoras”. “En la línea de Ifema, que es lo que ellos mismos dicen, y aquello fue una chapuza organizativa que nunca fue lo que se vendió”, dice este urgenciólogo sobre las contrataciones y la organización de recursos humanos para dotar a ese centro de emergencias que cerró el 1 de mayo y del que aún no se sabe tampoco el coste final: “Desmanteló la primaria”.

El hospital de campaña de Ifema abrió el sábado 21 de marzo a costa, mayoritariamente, de los profesionales de atención primaria y los centros en los que trabajan, que aún no han vuelto a su estado inicial, además de los médicos internos residentes. Se previó una capacidad de hasta 5.500 camas y 500 plazas de UCI. Llegaron a montar algo más de 1.300 y tuvieron 1.250 pacientes en el momento de máxima ocupación. Instalaron 16 UCI finalmente, aunque solo tuvieron 13 pacientes que atendían profesionales de los centros públicos y privados cuando terminaban sus turnos en esos hospitales.

La idea de Ifema era descongestionar a los hospitales del cúmulo de pacientes que llegaron, como una avalancha, provocando una saturación como jamás había vivido el sistema sanitario. Hacía falta espacio. Más camas, que también fueron parte de la polémica del montaje de Ifema y después, de la construcción de este nuevo centro por aquellas que se habían ido cerrando durante los últimos años. “Habría sido menos costoso recuperarlas y ampliar todo lo que tienen cerrado los hospitales que abrió Esperanza Aguirre”, dice Marciano Sánchez-Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Se refiere al número de plazas según la última memoria del Servicio Madrileño de Salud que hay instaladas pero sin usar (1.769); también, y entre otros espacios, a una de las plantas del Hospital Infanta Leonor, en Vallecas, “vacía”, o a una de las torres del Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, “cerrada”. “Había más alternativas a un coste menor pero da mucho relumbrón hacer un hospital nuevo. Pero lo más preocupante no es el espacio, es quién lo atiende”, apunta Sánchez-Bayle.

La clave: el personal

Una vez edificado en tiempo récord —aunque la obra fue entregada este sábado 31 de octubre sin terminar— cuatro meses, gracias a la tecnología modular prefabricada, son los recursos humanos su mayor incertidumbre. También la principal preocupación de profesionales, sindicatos, organizaciones médicas y colegiales, que coinciden en el “error” y lo “descabellado” de “llenar” un hospital “vaciando por partes” el resto. “En un hospital tradicional hay un médico, 1,5 enfermeras y una TCAE (auxiliar) por cama. En el nuevo seguramente se van a necesitar menos por el tipo de paciente covid que parece que se va a tratar, leve, pero si fuese un hospital de verdad, se necesitarían unos 6.000 trabajadores de todas las categorías”, explica Julián Ezquerra, de Amyts. Para Rosa Cuadrado, de Comisiones Obreras, el desconocimiento sobre la dotación de personal también afecta a otros colectivos: “Queremos saber también cómo se va a dotar la plantilla no sanitaria, los servicios auxiliares que tiene un hospital, desde el mantenimiento a las cocinas”.

Al presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, también esto es lo que más le preocupa: “Veremos cómo se organiza, aunque no puedo opinar hasta ver cómo se hace”. Cree que más que una solución a la pandemia, será “un hospital de descarga que permita a los demás centros reiniciar su actividad normal”. Mar Rocha, portavoz y adjunta a la presidencia del Colegio de Enfermería de la región, asegura “rechazar que se incorpore personal a ese hospital infradotando otros servicios del Sermas, tanto si es de hospitales como de centros de salud”, y recuerda que “las plantillas están agotadas tras aguantar el grueso de la pandemia desde su origen”.

“En un hospital tradicional hay un médico, 1,5 enfermeras y una TCAE (auxiliar) por cama. Si [el centro Isabel Zendal] fuese un hospital de verdad, se necesitarían unos 6.000 trabajadores de todas las categorías
Julián Ezquerra, Asociación de Médicos y Titulados Superiores

Ese agotamiento, según Víctor Jiménez, vicepresidente de la Asociación Madrileña de Enfermería, es cuantitativo y cualitativo: “Si tú contratas gente y la maltratas, y no le ofreces contratos dignos, la gente se va, que fue lo que ocurrió cuando cerraron Ifema”. Ante el anuncio de Ayuso sobre “incentivos” para los profesionales que vayan al Isabel Zendal, Jiménez responde: “La Consejería sabe el 52% de eventualidad de las enfermeras de la comunidad, 12.000 de 24.000, aproximadamente. Si a mí mañana viene mi supervisora y me dice pasado te vas a Valdebebas, me tengo que ir, o decir que no y al día siguiente estar en la calle”.

Como mínimo, asegura el sindicato de Enfermería Satse, "han de contratarse entre 600 y 700 profesionales de su ámbito: “Y los contratos deben ser estables y de larga duración, al menos hasta el 31 de diciembre de 2021”. Creen que no puede manejarse una nueva plantilla con “voluntad”. Sobre eso habla Julián Ordóñez, de UGT: “La Comunidad tiene a los profesionales en una situación tremendamente precaria, en general, en Madrid, uno de cada dos profesionales son eventuales. Si en la primera ola desmantelaron primaria, ahora va a ser hospitalaria”. Esta situación, dice Fernando Hontangas, de CSIF, “solo ahonda en el maltrato a los profesionales, que ya se están cansando de este ninguneo”.

Tanto la Consejería de Sanidad como la propia presidenta se niegan a dar detalles de sus pretensiones. Hoy miércoles se reúnen con las organizaciones sindicales en un encuentro monográfico sobre este centro, en la denominada mesa sectorial. El área que dirige Ruiz Escudero no ha contrado en ningún momento nada más allá de que serán “médicos de los centros públicos de la Comunidad” y, según Díaz Ayuso, este tema es “letra pequeña” que no es su responsabilidad, como dijo hace varios días en una entrevista en Telemadrid. Tiene otra prioridad: “La proeza de construir en tan solo tres meses [cuatro, en realidad] un hospital que va a sorprender al mundo es lo que a mí me debe ocupar”.

El sobrecoste desconocido del nuevo complejo sanitario

La previsión presupuestaria para este centro de 40.000 metros cuadrados en tres pabellones modulables con 960 camas de agudos y 48 de críticos y cuidados intermedios, áreas de rayos X, un equipo de TAC, un almacén, un laboratorio y un memorial para las víctimas de la covid, era de 51,7 millones de euros. Sin embargo, varios sindicatos alertan del sobrecoste que ya acumula. “Un 92%”, estima Guillén del Barrio, del Movimiento Asambleario de Trabajadores y Trabajadoras de la Sanidad. Es decir, alrededor de 47,5 millones más de los que había presupuestados.

La Consejería de Sanidad no da cifras y prefiere no llamarlo así. “No hay ningún sobrecoste ni desviación, sino que va a costar lo que se ha contratado. El cálculo inicial preveía un coste que luego con el curso de las obras, mejoras en el proyecto y las necesidades ha variado”.

Hasta ahora, lo único que se conoce con certeza son los precios iniciales para las obras, adjudicadas por la vía de emergencia. Á Dragados le fue adjudicado el módulo 1, por 9.405.426,80 euros; a Constructora San José, por 10.010.184,80 euros, el módulo 2; Ferrovial se quedó con el módulo 3, por 8.369.274,76 euros. Sacyr con la zona de logística, por 6.795.752,04 euros; la UTE Joca-Urvios, el espacio de usos múltiples, por 7.424.700,36 euros; y Viales y Obras Públicas las instalaciones centrales, por 2.719.251,15 euros. La urbanización del lugar, previa a esas zonas, fue para Fatecsa, por 3.183.903 euros.


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Sobre la firma

Isabel Valdés
Corresponsal de género de EL PAÍS, antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió 'Violadas o muertas', sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Su segundo apellido es Aragonés.

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