Los libreros se pierden la vuelta al cole

Los últimos coletazos del verano traen consigo un cierto aroma a nuevo. El mismo olor que impregna las páginas de las libretas, los paquetes de folios, las carpetas y los manuales aún sin estrenar de la Librería Sumar, en Las Rozas de Madrid. El retorno a las aulas supone para la propietaria Marta Gonzalo, de 54 años, dos tercios de su facturación anual. Pero este año los beneficios adelgazarán. Unos 700 establecimientos como el suyo se verán afectados, según datos del gremio, por la entrada en vigor del Acuerdo Marco de la Comunidad de Madrid que regula la adquisición de los libros de texto por parte de los directores de los centros escolares.

Así se fijan nuevas condiciones de contratación para los proveedores del programa Accede, un sistema de préstamo —basado en la creación de bancos de libros de texto— dirigido al alumnado de la enseñanza obligatoria, tanto en centros públicos como concertados. El decreto divide la región en 27 zonas. Las empresas candidatas a la licitación deben contar con un trabajador adicional por cada área en la que concurran. Si la firma opta a una circunscripción, tiene que disponer de dos empleados; si se presenta en dos sectores, necesitará tres trabajadores. Esta cláusula ha sido censurada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que la consideró “un requisito de solvencia que perjudica especialmente a las librerías de pequeño o mediano tamaño, con menor disponibilidad de plantilla”.

“Llevamos años sobreviviendo, más que viviendo. La pandemia nos ha dado la puntilla

Valentín García, presidente de la asociación Salvar las pequeñas librerías

Esta y otras exigencias han logrado que solo una cuarta parte de los libreros de la región se presente al programa, según los números oficiales de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL). Entre ellos está Gonzalo, pues cuenta con una persona contratada a media jornada. “Otro factor importante del Acuerdo Marco es la fijación de precios”, explica la empresaria tras su mostrador en Las Rozas. “La Comunidad establece que el precio del libro de Matemáticas de primero de Primaria es de 31,25 euros, IVA incluido. Sin embargo, a mí la editorial me lo vende por 30 euros y sin IVA. He perdido cualquier margen de beneficio, después de tres décadas trabajando con los colegios”.

Gonzalo compite con las grandes superficies. La nueva norma funciona mediante un sistema de puntuación que califica cada presupuesto emitido por un contratista. El que mayor nota obtenga, se convertirá en el único suministrador del colegio o instituto: “Se valoran cuestiones inasumibles para las tiendas pequeñas, como entregar todos los libros forrados o conceder descuentos de hasta un 15%”, dice la librera. A partir del pasado 20 de julio, los directores de los centros de Madrid pueden solicitar la documentación a los 234 negocios admitidos en el Acuerdo Marco. La compra se llevará a cabo en septiembre, cuando la Comunidad tiene pensado transferir los fondos: “Habrá un cuello de botella tremendo al inicio del curso”, denuncia Gonzalo.

“Antes la compra del material curricular se hacía de manera escalonada”, agrega. “Cada familia encargaba su parte en una librería o papelería. La carga de trabajo era elevada, pero nunca hubo saturación. Ahora, toda una clase puede quedarse sin libros si la empresa encargada de abastecer al centro tropieza”. El año pasado la nueva legislación se puso en marcha solo de manera parcial. Los directores de los colegios pudieron elegir con qué proveedores trabajar y contaban con un presupuesto de 15.000 euros por centro. De superarse, la Comunidad aportaba el resto. “Nos terminaron de pagar en diciembre. Estuve muy ahogada y por primera vez me vi regateando pagos con las distribuidoras”, recuerda la minorista.

La asociación Salvar las pequeñas librerías ha pedido a la Justicia la suspensión cautelar del decreto, pero la Consejería de Educación considera que “no se puede suspender de cara al presente curso, pues se encuentra en vigor y para su suspensión sería necesaria una renuncia de todos los licitadores”. Y añaden: “El próximo año valoraremos debidamente tanto el funcionamiento del Acuerdo Marco como la posible modificación de la ley con el objeto de explorar otras opciones con el suficiente tiempo como para tomar una decisión definitiva que pudiera satisfacer sus expectativas”.

Valentín García, de 43 años, preside la entidad denunciante y regenta una librería en Torrejón de Ardoz, que fundó su madre más de tres décadas atrás: “El acuerdo está provocando que no podamos vender material a los colegios, porque las condiciones están pensadas para empresas de la distribución, no para librerías”, estima. “El libro de texto deja un beneficio más bien bajo, en torno al 20%, pero supone un reclamo. Te conviertes en el referente de la familia, que acude a ti para comprar los bolígrafos, los cuadernos o las lecturas que recomienda el profesor. Ahora los alumnos recogen los libros en el centro y ni siquiera pasan por aquí”, relata.

Una circunstancia que se suma a la crisis del formato impreso: “Llevamos años sobreviviendo, más que viviendo. La pandemia nos ha dado la puntilla”, asevera García. Durante 2018, Murcia aprobó un Acuerdo Marco similar al de Madrid. García calcula que “como consecuencia de la norma cerró una de cada tres librerías de la Región”. En Navarra, Valencia y Andalucía optaron por implantar el denominado cheque libro, que se otorga directamente a las familias para que lo gasten allí donde estimen oportuno. El material siempre es propiedad del centro, a fin de que sea reutilizado. El alumno ha de devolver los libros del año pasado antes de adquirir los del próximo. Y el olor a nuevo se aplaza hasta Bachillerato.