El consejero de Asuntos Sociales de Madrid pidió la ayuda urgente del Ejército al delegado del Gobierno

La falta de respuesta de la Comunidad de Madrid ante la desatención médica y la falta de otros recursos en las residencias de mayores en los albores de la crisis del coronavirus llevó al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, a pedir el 24 de marzo la “activación urgente del Ejército para el apoyo sanitario y logístico” incluso al delegado del Gobierno. Tres días antes hizo esta solicitud al vicepresidente Pablo Iglesias; el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, pese a la oposición de Isabel Díaz Ayuso. De las 5.300 desinfecciones militares en geriátricos de toda España, 896 fueron en Madrid (17%).

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El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero (PP), presentó el 12 de marzo un plan, “histórico” según la Comunidad, que incluía la medicalización de las residencias. Los positivos por la covid-19 serían atendidos sin tener que derivarlos a hospitales. Dos semanas después, el compromiso no se había cumplido. Y el desamparo en las residencias era mayúsculo. Concentraban casi un millar de los 1.130 decesos oficiales por coronavirus en Madrid. Transcurridos dos meses, la cifra se había multiplicado por seis: a 19 de junio habían fallecido 5.985 ancianos —el 15% de los residentes— en los centros de servicios sociales por el virus o con una sintomatología compatible.

En medio de ese infierno, Reyero (Ciudadanos) elevó sus peticiones de auxilio al Gobierno mediante diferentes vías. También a través de José Manuel Franco, el delegado en Madrid. “La situación general de las residencias de mayores es muy preocupante y algunas precisan de una intervención muy urgente. Considero que la intervención militar con apoyo sanitario militar es la única manera de reconducir algunas de ellas especialmente problemáticas y con alto número de fallecidos: organizando, aislando, evacuando, etc, si es necesario”, exponía el consejero de Políticas Sociales en un correo electrónico al que ha tenido acceso EL PAÍS.

“El Ejército no tiene capacidad para enviar sanitarios, no tiene capacidad para llegar solo en Madrid a 500 residencias, y no digamos por todo el país”, rechazó Ayuso días antes. La presidenta de Madrid terminó reclamando que la Unidad Militar de Emergencias (UME) colaborara en la desinfección de los geriátricos.

En el escrito a Franco, Reyero adjuntaba la carta que envió el 21 de marzo a Iglesias, Illa y Robles en la que solicitaba la intervención de las Fuerzas Armadas. “Podríamos priorizar necesidades en función de la disponibilidad de medios materiales y humanos. Espero que nos puedas ayudar”, le insistió al delegado.

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Reyero instaba a “intervenir inmediatamente” en cinco residencias de mayores. La más conocida era Monte Hermoso. Fue la primera de Madrid donde trascendió que se había producido un brote masivo con docenas de muertos. La Fiscalía Provincial abrió una investigación penal. El Defensor del Paciente definió el caso como “insólito” y denunció la “falta de seguridad extrema, limpieza, personal y medios”.

El consejero también consideraba prioritario actuar en las residencias de Ballesol en Alcalá de Henares y Casaquinta, en Ciempozuelos. Lo mismo que en la de la de Santísima Virgen y San Celedonio: a finales de marzo contabilizaba 25 muertos y tenía a la mitad de la plantilla aislada. Los trabajadores de la residencia Orpea Loreto de Madrid, también en la lista, denunciaron que la empresa ocultó muertes por la covid-19.

Cuando Reyero escribió a Franco los mayores contagiados en residencias ya no eran trasladados a ningún hospital. Fallecían en el mismo centro. La excepción fueron los enfermos con seguro privado, que sí fueron derivados en lo peor de la pandemia. La Comunidad envió al menos cuatro correos para excluir la hospitalización de positivos por coronavirus en residencias. Justo lo que Reyero le reprochó al consejero de Sanidad en reiteradas ocasiones. La primera fue el 22 de marzo, cuando el responsable de Políticas Sociales advirtió por escrito al de Sanidad del riesgo de que “muchos residentes fallecieran de forma indigna”. “Incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales”, añadía si no se atendía a personas discapacitadas con independencia de la edad.

El 26 de marzo, dos días después de la carta de Reyero al delegado del Gobierno, Ayuso anunció un plan de choque para las residencias. La Comunidad puso a su frente a Encarnación Burgueño, sin experiencia en gestión sanitaria e hija del ex director general de los hospitales regionales, para sustituir los traslados de mayores a hospitales por una asistencia médica en las residencias. En los 12 días que duró la “Operación Bicho”, denominación que le puso Burgueño, el número de residentes fallecidos se disparó por encima de los 4.200. Esto es, más de 3.000 personas perdieron la vida en las residencias de Madrid el tiempo que duró la fallida “medicalización” que dirigió Burgueño. Hasta mediados de abril los hospitales no volvieron a admitir a pacientes de residencias.

El Ejército palió el abandono de los centros de servicios sociales de carácter residencial. De las 11.061 desinfecciones realizadas por todo el país durante la Operación Balmis, 1.489 se desarrollaron en Madrid (13,4%). La mayoría (896) fueron en residencias, seguidas de hospitales (156), edificios de la Administración (131), centros sociales (107), medios de transporte (58), centros de salud (48), vías públicas (32), comercios (15), aeropuertos (7) y otras infraestructuras (39).