El consejero de las residencias en Madrid se quejó de su Gobierno en una carta a Amnistía Internacional

El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, dijo en una carta a la ONG de derechos humanos Amnistía Internacional que no estaba recibiendo el apoyo de la Consejería de Sanidad de su Gobierno para salvar vidas en las residencias durante la pandemia. Reyero afirmó en el escrito, del 12 de abril, que estaba “haciendo lo imposible por conseguir la implicación de la consejería" de Enrique Ruiz Escudero, una muestra más de la falta de entendimiento dentro del Gobierno madrileño en mitad de una crisis que ha supuesto la muerte por covid-19 de casi 6.000 personas en residencias.

Amnistía Internacional confirmó a este periódico la existencia de esta carta, revelada por terceros que tuvieron conocimiento de ella. Se trata de una respuesta de Reyero a un requerimiento que la ONG británica hizo a las comunidades autónomas el 10 de abril para conocer detalles de su gestión de la pandemia en las residencias.

Reyero explicó que las residencias no son centros médicos, por lo que era fundamental el apoyo por parte de las autoridades sanitarias, y agregó que esa cooperación sí se estaba produciendo en dos comunidades autónomas con Gobiernos de coalición, Andalucía y Valencia, según detalles del texto parafraseados por la responsable de relaciones institucionales de Amnistía, Verónica Barroso. Reyero también reveló que, desde el inicio de la pandemia, había buscado sin conseguirlo la implicación de Escudero y añadió que, sin ese apoyo, sería imposible el éxito completo de sus esfuerzos.

La correspondencia con Amnistía Internacional data del periodo más mortífero en las residencias de Madrid, entre mitad de marzo y mitad de abril, cuando los hospitales negaron traslados a muchos residentes siguiendo directrices de la Comunidad. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y su consejero Escudero alegan que las residencias fueron medicalizadas, pero Reyero ha criticado que la asistencia no fue suficiente, alentando a múltiples fuentes del sector que denuncian que estos hogares estuvieron abandonados a su suerte.

Amnistía también envió la solicitud de información a Escudero pero no obtuvo respuesta, según la ONG. Sí contestó de manera genérica y escueta el jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. “Fue una respuesta insatisfactoria que no entró en detalle en los requerimientos que les pedimos”, dice la portavoz de la ONG. “A Amnistía le encantaría tener una interlocución más fluida con la Comunidad de Madrid”, agrega Barroso.

“Valoramos muy positivamente las medidas que ha intentado impulsar la consejería de Políticas Sociales pero igual de necesario es que las impulse la Consejería de Sanidad y que haya una coordinación”.

La respuesta de la Comunidad a las muertes en residencias es objeto de examen político y judicial, sobre todo después de que Reyero denunciara hace dos semanas que su Gobierno negó auxilio a los mayores que viven en estos hogares. El consejero de Ciudadanos advirtió a Escudero, del Partido Popular, de “graves consecuencias legales” y de mayores muriendo en condiciones indignas, según dos correos del 22 de marzo vistos por este periódico. Según Reyero, el consejero de Sanidad no contestó a esas peticiones privadas de auxilio ni a otras posteriores, el 31 de marzo y el 11 de abril.

El escrutinio sobre las muertes en residencias ha tensionado la convivencia de los dos partidos del Gobierno madrileño. La presidenta Ayuso ha evitado ser dura con Reyero, quien al menos en público cuenta con el respaldo del vicepresidente Ignacio Aguado, también de Ciudadanos. Pero, según fuentes conocedoras de la situación, Ayuso quiere intentar un retorno a la paz, cesando a Escudero y a Reyero en algún momento de baja actividad informativa durante el verano, unos planes adelantados por El Confidencial.

Sin respuesta

La ONG recibió respuesta de otras comunidades y de colegios profesionales de médicos y enfermeros en aquella solicitud de abril sobre los contagios de cuidadores y sanitarios. Amnistía no ha investigado las muertes en residencias de mayores en España, pero sí ha elegido como uno de sus temas la protección de los trabajadores de estos centros porque la calidad del cuidado que dispensen puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte.

Se trata de una interlocución por cartas muy frecuente en la actividad de Amnistía, una organización que basa parte de su éxito en su capacidad de influir en las autoridades. Según la ONG, la mayoría de ministerios, Gobiernos autonómicos y ayuntamientos han colaborado con esta y otras solicitudes durante la pandemia, o han dado al menos un acuse de recibo prometiendo enviar la información en un momento posterior. Pero la colaboración de la Comunidad de Madrid ha sido casi inexistente, salvo con la consejería de Reyero.

En su escrito, Reyero enumera una serie de medidas adoptadas por su consejería, como las inspecciones de su equipo a residencias, las visitas de funcionarios a algunos centros con alto número de muertes o la puesta en marcha de una bolsa de empleo para reclutar a cuidadores y suplir así las bajas de personal.

Amnistía dice que en ocasiones las administraciones son reticentes a colaborar con sus esfuerzos de recabar datos debido al tema o al contexto político. “Nosotros entendemos que haya consejerías de Sanidad muy colapsadas y de hecho algún Gobierno autonómico nos ha dado acuse de recibo y nos ha dicho que más adelante nos contestarían pero con la Consejería de Sanidad madrileña no hemos tenido interlocución alguna durante esta crisis”, dice Barroso.

¿Conoces casos de discriminación o irregularidades en una residencia de la Comunidad de Madrid? Contacta con los reporteros de la sección de Madrid fpeinado@elpais.es o jdquesada@elpais.es o mándales un mensaje por Twitter a @FernandoPeinado o @jdquesada

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