El Gobierno regional, con su presidenta Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, ha recibido un nuevo varapalo judicial. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han tumbado el recurso presentado por el Letrado de la Comunidad de Madrid, que pretendía dejar sin efecto el auto de 21 de abril por el que obligaba a medicalizar las cuatro residencias de mayores de Alcorcón. Los jueces de la Sala de lo Contencioso-administrativo recuerdan la necesidad de dotar de medios a estos centros y además añaden una nueva imposición. La Consejería de Sanidad deberá informarles cada semana de las medidas concretas adoptadas. El auto puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.

El Letrado de la Comunidad de Madrid recurrió el 27 de abril el auto de la Sala Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo por el que ordenaban la medida cautelarísima solicitada por el Ayuntamiento de Alcorcón, con su alcaldesa Natalia de Andrés al frente. El escrito judicial obligaba a medicalizar las residencias ante el elevado número de muertos e infectados que había en los centros.

El abogado regional pidió el levantamiento de la medida al entender que no había existido “inactividad” por parte del Ejecutivo de Díaz Ayuso en las residencias de Alcorcón. Para ello, aportó diversos informes de la Consejería de Sanidad para intentar demostrar que ese departamento estaba actuando. Destaca que el Hospital Universitario Fundación Alcorcón había adscrito a estos centros un geriatra, dos enfermeras y un médico interno residente (MIR), además los ambulatorios en los que se hallan las residencias habían enviado a un médico de familia y a una enfermera. También les habían mandado test rápidos y test tipo PCR. El 22 de abril –día siguiente al auto- los facultativos realizaron seis visitas a estos centros en las que valoraron 68 ancianos. Ese día estaban ingresados en el citado hospital 89 mayores.

El Letrado de la Comunidad de Madrid también alegó que el Ayuntamiento de Alcorcón no realizaba “una reclamación concreta” de las medidas, por lo que no se podía evaluar si la actuación de la Consejería de Sanidad era adecuada.

Si el primer auto de la Sala Octava era duro en sus términos, este le supera en concreción y en argumentos jurídicos y legales. Los jueces inician todo su razonamiento con un detalladísimo informe de toda la normativa aprobada por el Gobierno central durante el estado de alarma, además de las órdenes dictadas por el Ministerio de Sanidad para desarrollarlas. Recuerdan entre otro el real decreto e 14 de marzo sobre la gestión sanitaria de la crisis: “Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos”.

Los magistrados también reiteran un extremo que ya dejaron muy claro en su primer auto: los mayores, y en especial los que tienen patologías previas, son los que más riesgos tienen con la covid-19. Además, una orden del Ministerio de Sanidad de 3 abril facultad a intervenir las residencias por parte de las comunidades autónomas “atendiendo a los principios de necesidad y proporcionalidad”. En especial, si cuenta con casos confirmados de coronavirus, como ocurrió en los centros de Alcorcón.

Concreción del Ayuntamiento

Donde mayor hincapié hacen los jueces del TSJM es en la supuesta falta de concreción del Ayuntamiento de Alcorcón. Lo niegan de plano y le pegan un tirón de orejas al letrado regional: El Consistorio alcorconero se basó en informe emitidos por los bomberos y el servicio de Protección Civil. Entre el 29 de marzo y el 15 abril ya habían muerto 116 residentes y el 50% de los 579 estaba contagiado. Los informes solicitaban que se dotara de personal sanitario, de medios materiales y de pruebas diagnósticas para los residentes de los cuatro centros. “Y ello ante la imposibilidad de derivar a los residentes a un hospital para haber sido tratados de esta grave enfermedad”, recuerda el escrito.

Pero además, el auto centra aún más la cuestión y rechaza la alegación del Gobierno regional, al recordar los escritos de la alcaldesa de Alcorcón y de su concejal de Servicios Sociales, Mayores y Salud Pública, Victoria Meléndez, de 3, 5 y 6 abril remitidos al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero. De hecho, los jueces transcriben una misiva íntegra en el auto para demostrar la concreción del Ayuntamiento alcorconero. “Queremos poner en su conocimiento el empeoramiento evidente en la situación de los centros residenciales de mayores Amavir y Sanitas de nuestra ciudad. Los datos de fallecidos, positivos en covid-19 y sospechosos se están incrementando dramáticamente. Por ello, le instamos de nuevo a que cumpla su competencia en esta materia e intervengan urgentemente medicalizando todos los centros de mayores de nuestra ciudad”.

Los jueces atacan el recurso regional: “Lejos de formular una solicitud genérica de intervención administrativa en las residencias afectadas según el Ayuntamiento de Alcorcón, lo que éste instó de la Consejería de Sanidad fue la medicalización, con todo lo que ello conllevaba: dotación presencial de equipos de profesionales sanitarios, suficientes y adecuados a la situación de emergencia sufrida”.

Para atenazar aún más el auto, los jueces llegan incluso a analizar lo que significa en la actualidad el término medicalizar, “según el sentido propio de la palabra en relación con el contexto y la realidad social en que deben ser aplicadas”. Recuerdan que se trata de modificar el uso de los centros para “su utilización como espacios de uso sanitario”. “Medicalizar una residencia de mayores puede considerarse lo que, en la propia Comunidad de Madrid, se ha llevado a cabo de forma notoria y públicamente conocida en algunos hoteles de la capital y en el recinto ferial de Ifema”. Es decir, que los responsables de la Consejería de Sanidad sabían perfectamente lo que les estaba pidiendo el Ayuntamiento de Alcorcón y no les hicieron caso, pese a los escritos de la alcaldesa Natalia de Andrés y su concejal

Los jueces mantienen la medida cautelarísima impuesta en el auto de 21 de abril a la Comunidad de Madrid, como es medicalizar los cuatro centros de mayores y dotarlos de personal médico-sanitario y medios materiales “prestando in situ la asistencia sanitaria adecuada a cada uno de los residentes contagiados-positivos asintomáticos o enfermos por covid-19”. Además, la Consejería de Sanidad deberá informar cada siete días naturales “de las medidas concretas adoptadas para cumplir lo acordado en este auto”.

Las supuestas campañas de los socialistas contra la presidenta

Las residencias de mayores de Alcorcón llegaron al pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid del pasado miércoles. La presidenta regional acusó a algunos Ayuntamiento gobernados por socialistas de estar haciendo una campaña contra ella y de llevarla a sus medios de comunicación afines “y donde tienen más poder” para colocar sus mensajes contra ella. “¿Alcorcón contra Ayuso? ¿Seguro? ¿Seguro que los ciudadanos están en contra de Ayuso o realmente están en contra de lo que están haciendo sus socios de gobierno”, se preguntó desde el atril Ayuso con una ironía que rozaba el sarcasmo.

“Esa zona que ustedes siempre han considerado como el cinturón rojo [municipios de la zona sur gobernados por el PSOE] es gente luchadora, trabajadora, son héroes anónimos, taxistas, tenderos que están hasta las cejas de impuestos y aguantar tonterías, de tomar la política sin saber por donde avanzar y sin estrategias”, añadió la presidenta regional. “Eso sí, cuando las cosas van mal dadas, venga a agredir en público”, concluyó.

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