Alcorcón lleva de nuevo a Ayuso ante la justicia por incumplir un auto judicial
El Ayuntamiento presenta un informe al Tribunal Superior en el que se recoge que la Comunidad de Madrid ha desoído la orden que le obligaba a medicalizar las residencias de mayores
El Ayuntamiento de Alcorcón va a acudir este lunes de nuevo a la justicia para pedir su amparo ante el posible incumplimiento del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso del auto judicial de la semana pasada que le obligaba a medicalizar y dotar de más personal y medios sanitarios a las cuatro residencias de mayores de la localidad. Los responsables de Servicios Sociales del Consistorio visitaron uno por uno todos los centros y comprobaron que no se ha seguido ninguna de las órdenes dictadas por los magistrados, según un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. El Gobierno regional mantiene por su parte que los residentes han estado bien atendidos y que han remitido un informe al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La asesoría jurídica del Ayuntamiento de Alcorcón (170.000 habitantes) presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJM, tras haber mandado tres cartas a la Comunidad de Madrid a principios de abril. En ellas, se pedía que actuara a la mayor brevedad, dada la situación de las residencias de la localidad, en las que estaban muriendo gran cantidad de mayores por la falta de medios y de personal. Según los datos aportados, desde el 29 de marzo, han fallecido 116 residentes en estos cuatro centros. Entre todas las residencias, 143 mayores fueron considerados positivos por coronavirus, 262 sin síntomas y 111 con posibles afecciones. Según el informe, había 352 ancianos aislados. El documento también recoge que el 50% de los 579 residentes del municipio habían dado positivo en los test PCR.
Los jueces aceptaron en un auto del pasado martes 21 de marzo la medida cautelarísima solicitada por el Consistorio alcorconero: el Gobierno regional debía dotar en el plazo máximo de tres días de medios sanitarios a los centros de Alcorcón. El escrito hacía máximo hincapié en que se les remitieran pruebas suficientes para todos los residentes y el personal. Además, debía haber un refuerzo de médicos, enfermeras y auxiliares, de forma que todos los mayores estuvieran perfectamente atendidos. Los magistrados recordaban que los ancianos son la población más vulnerable en la pandemia de la covid-19 y que la defensa de la salud es un derecho fundamental recogido en la Constitución española.
Visita centro por centro
Ante estos hechos, los responsables de la Concejalía de Servicios Sociales, Mayores y Salud Pública del Ayuntamiento de Alcorcón fueron una por una por todas las residencias de la localidad. Lo primero que se encontraron fue con un silencio informativo por parte de las mismas, según fuentes municipales. Si antes del auto, les detallaban todos los datos de los centros, el viernes este hecho se transformó en generalidades y en una mera notificación verbal. La alcaldesa de Alcorcón, la socialista Natalia de Andrés, ya había denunciado el miércoles en rueda de prensa ese silencio por parte de la Administración regional. De Andrés incluso invitó a otros alcaldes de la región a que tomaran iniciativas similares de acudir a los tribunales, ante la pasividad mostrada desde hace semanas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
El informe que presentará este lunes el Ayuntamiento recoge que la situación actual en estas residencias es “de relativa normalidad” en cuanto la presión asistencial, la realización de pruebas de la covid-19 tanto a los trabajadores como a los residentes y la dotación adecuada de personal sanitario, como médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería.
Sin embargo, en el último párrafo del documento, se señala que los responsables de cada centro les informaron verbalmente “de que no ha habido ningún cambio organizativo, ni de aumento de pruebas diagnósticas tipo test de la covid-19 ni de refuerzos de plantilla en sus centros”.
Esto supondría que la Comunidad de Madrid ha desoído las órdenes dadas por los jueces en el auto del pasado martes, según fuentes municipales. Estos ya recordaron que era de obligado cumplimiento y que no cabía ningún tipo de recurso ni de aclaración, dado que se trataba de una medida cautelarísima.
Este periódico visitó también la mañana del viernes las cuatro residencias de Alcorcón y no vio casi actividad en ellas. Tan solo destacaba la presencia de dos vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la residencia de la Comunidad de Madrid, situada en la avenida de Esteban Márquez, al sur de la localidad. Estaban desinfectando el interior. En el resto, no había movimiento, en especial en la de Campodón. Esta ha sido una de las más afectadas por el coronavirus, según fuentes municipales. Eso sí, se desconoce el número exacto de víctimas y de mayores contagiados.
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha remitido un informe al TSJM en el que mantiene que la situación de las residencias es de estabilidad asistencial. En concreto, hace un desglose por cada centro.
La residencia Campodón está siendo atendida por los profesionales de atención primaria del centro de salud Miguel Servet y detalla que se le han mandado 11.600 productos sanitarios de protección como mascarillas, guantes, pantallas, buzos y batas.
Riesgo mortal
La directora del centro Amavir comunicó al Ayuntamiento, a los bomberos y a las familias que existía un riesgo mortal si no se trasladaba a los residentes de forma mayoritaria al hospital, según el Gobierno regional. Estos mayores están siendo evaluados “periódicamente” por el servicio de geriatría del Hospital Fundación Alcorcón, cuyos facultativos consideraron el pasado 20 de abril que los ancianos “se encontraban en situación estable sin ser necesaria su hospitalización”. Este centro ha recibido 13.850 productos sanitarios.
La residencia dependiente de la Comunidad de Madrid, la situada en la avenida de Esteban Márquez, tiene a todos los residentes “en situación estable”. Cuenta con la asistencia de sanitarios de atención primaria del centro de salud de la Ribota. Se le han remitido 9.942 mascarillas, guantes, gafas y batas, entre otros.
La otra residencia nombrada en el auto (Sanitas) también “se encuentra en situación estable y en seguimiento por parte de atención primaria”, según la Comunidad de Madrid. Fuentes de esta Administración mantienen que todos los centros han recibido “el apoyo clínico diario y presencial por parte de las enfermeras de preventiva, que forman parte del servicio de geriatría del hospital Fundación Alcorcón, y la visita periódica de la geriatra de enlace”.
Además, han dispuesto de los fármacos y del tratamiento de oxígenoterapia que han necesitado. “Se han realizado las PCR solicitadas y se les han suministrado los test de diagnóstico rápido que han pedido. Se ha tramitado derivación hospitalaria a todos los residentes en situación de patología aguda, en coordinación con los médicos que los atienden y a los no se les podía ofrecer el tratamiento adecuado en la residencia”, afirma el informe remitido al Tribunal Superior de Justicia por el Gobierno regional.
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