Alcorcón apremia al Gobierno regional a que actúe en las residencias
La alcaldesa se queja de que nadie se ha contactado con ella
La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), apremió ayer al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para que medicalice y dote de medios sanitarios a los empleados de las cuatro residencias de mayores que hay en el municipio. La regidora pidió que ejecute “de manera inmediata” las medidas cautelares a las que le obligaron los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y contra el que no cabe recurso.
Los jueces de la Sala de lo Contencioso-administrativo obligaban en un auto a intervenir en los centros de Alcorcón para preservar la salud de los mayores. Recordaban que se trataba de una de la población más vulnerable hacia el coronavirus.
Natalia de Andrés consideró ayer que el auto judicial les permitirá “salvar vidas” entre los mayores de Alcorcón. El 22% de los 180.000 vecinos del municipio son mayores de 65 años, según la alcaldesa. “No se trata de preocupar ni de alarmar, pero Alcorcón tiene una población envejecida. Por ello, se trata de una prioridad absoluta hacia nuestros ancianos que merecen tener la mejor calidad de vida”, recordó De Andrés.
Por estos hechos, pidió que la Comunidad de Madrid ejecutara a la mayor brevedad el auto, que le da un plazo máximo de tres días para cumplir la medida cautelarísima aprobada. Eso sí, la regidora pidió al Ejecutivo regional que no haga trampas con el personal sanitario: “Lo que no nos sirve es que quite a profesionales del hospital de Alcorcón o de los centros de salud para atender las residencias. El personal de atención primaria va a ser fundamental para parar la epidemia. Si tiene que hacer más contratos para la sanidad pública, que los haga”.
Otro reproche que hizo De Andrés al Gobierno regional es que ha habido “un parón informativo” desde que plantearon el recurso contencioso-administrativo ante el TSJM. De hecho, el Ayuntamiento desconoce cuántos mayores han muerto en las residencias de la localidad. Un informe realizado por los bomberos y la Protección Civil de Alcorcón de mediados de abril cifraba en 116 las víctimas de estos centros. “Sabemos que hace dos o tres días mandaron algunos test a las residencias, pero no sabemos ni de qué tipo ni en cuánta cantidad ni si iban destinados para los trabajadores o para los mayores. Tampoco sabemos cuál es el posicionamiento ni qué opinan del auto judicial”, añadió la regidora. “Nadie se ha puesto en contacto conmigo tras el auto”.
Apoyo a Reyero
Natalia de Andrés dio su apoyo al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), de quien dependían las residencias de mayores hasta que la presidenta regional le retirara las competencias y nombrara como mando único regional para toda la crisis del coronavirus al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero (PP). Reyero criticó que se mandaran voluntarios del Samur a Segovia y Soria y que faltara personal sanitario en los geriátricos madrileños. Escudero le contestó al día siguiente que sí había médicos y enfermeras en estos centros y que le sorprendía la falta de información de su compañero de gobierno.
“El señor Reyero llevaba razón y, por tanto, nuestra solidaridad con él. La experiencia vital que hemos tenido en Alcorcón así lo demuestra. También lo dice una orden del Ministerio de Sanidad, los informes y las cartas del Ayuntamiento de Alcorcón y hasta un auto judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid”, detalló la alcaldesa de Alcorcón. Esta recordó que, antes de iniciar el procedimiento judicial, intentó contactar con el consejero de Sanidad, pero no recibió respuesta. “Entendí que no había buena predisposición”, añadió.
De Andrés invitó al resto de alcaldes y alcaldesas de la región a que planteen recursos contencioso-administrativos como el presentado por el Consistorio alcorconero para que se tomen medidas similares en sus respectivos municipios. Uno de los que más ha sufrido esta pandemia, con un número elevado de víctimas mortales, ha sido el vecino Leganés. Su alcalde, el socialista Santiago Llorente, pidió en reiteradas ocasiones que se intervinieran también sus residencias de mayores por parte del Ejecutivo regional. Tampoco consiguió una respuesta.
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