El balance de las víctimas de trata que osaron destapar a guardias y proxenetas en el ‘caso Carioca’: olvidadas, “humilladas” y hasta muertas

Para unos ha salido gratis; para otros, a precio de saldo. El caso Carioca sobre la mafia del proxenetismo en Lugo fue tan grande y se dividió en tantas parcelas que es difícil echar la vista atrás y entender cómo aquel terremoto —que abrió las cloacas e hizo tambalear desde hace más de 15 años el apacible equilibrio de la pequeña ciudad gallega— ha tenido tan pocas consecuencias para los culpables. De todos los procesados, proxenetas y agentes del orden aliados con los dueños de los prostíbulos, el único que está entre rejas y que seguirá por un tiempo es el cabecilla de la trama, el temido dueño de los clubes Queen’s y Colina, José Manuel García Adán. El que en la primera década de siglo se labró fama de ser el tipo más duro de la ciudad cumple en la cárcel de Mansilla de las Mulas (León) la condena que le fue impuesta en 2014, casi 21 años, por maltratar y agredir sexualmente a la que era su pareja y madre de su hija. Luego, en diversas piezas separadas de la macrocausa Carioca, el gran proxeneta volvió a ser procesado como actor principal, pero ya se había inaugurado el periodo de rebajas en los Juzgados de Lugo. Las dilaciones indebidas que se acumularon en la causa son, explican desde la Fiscalía de Galicia, las que han motivado sucesivos acuerdos de conformidad con los acusados. El tiempo también hizo que muchos delitos prescribieran.

La parte más importante del sumario se liquidó en 2021 con un acuerdo en el que la Fiscalía pasó de pedir 520 años de cárcel a solo 10, a repartir prácticamente entre Adán y su fiel escudero, José Manuel Pulleiro. El jefe de la trama estaba acusado de 54 delitos de prostitución coactiva, 27 contra los derechos de los trabajadores y otros de amenazas, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública por la venta de droga en sus locales y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. En su enésima cita con el banquillo, esta semana, antes de que en la Audiencia de Lugo quedase vista para sentencia la última pieza que aún no se había sobreseído o juzgado, Adán ya no se jugaba nada.

Las fiscalas reclamaban para él año y medio de cárcel por pagar con mordidas y favores sexuales a guardias civiles a cambio de protección y soplos sobre redadas. Pero un acuerdo de conformidad entre el Ministerio Público y cuatro acusados (entre ellos, Adán) dejó la pena para el explotador de mujeres en una simple multa de 2.000 euros. El juicio era contra cinco personas y una se negó a pactar, lo cual torcía el acuerdo. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 655 determina que “continuará el juicio si fuesen varios los procesados y no todos manifestaren igual conformidad”. Pero en Lugo se siguió con la vista solo para la voz discordante, el subteniente de la Guardia Civil Julio Baquero, que se negó a declararse culpable como todos los demás. Este pacto parcial, “insólito” y “bochornoso” al que se llegó para liquidar de una vez la macrocausa es, en opinión del abogado Gerardo Pardo de Vera, que trabaja día a día con las víctimas, “una humillación más para ellas”.

Los colectivos feministas y de apoyo a las mujeres prostituidas creen que “algo falla en el sistema” para que no solo este caso, sino la mayoría de los juicios relacionados con la trata, acaben con un desenlace así: las dilaciones indebidas y la debilidad social de las testigos, a las que muchas veces se les pierde la pista tras la primera declaración judicial, suelen traducirse en penas menores, que ya no implican cárcel. O bien en multas que ni se pueden comparar con las deudas de 3.700 a más de 6.000 euros que ellas pagaron a los traficantes de seres humanos por venir a España.

Así sucedió esta semana con la última pieza, de las 50 que llegaron a ser en el mayor sumario contra la trata instruido en el país (274 tomos más 36 de pinchazos telefónicos; 90 imputados; 370 testigos). El juicio contra tres proxenetas y dos guardias civiles acusados, entre otros hechos, de convertir la actividad de los burdeles en un camino de rosas a cambio de dinero y favores sexuales “ha servido para demostrar varias cosas”, critica Mónica González, portavoz de la plataforma ciudadana Impunidade Carioca. Primera, enumera la activista, que “los delitos quedaron probados”, y así lo reconocieron cuatro de los cinco procesados a cambio de una drástica merma en sus condenas. Segunda, que “la Fiscalía ha actuado como abogada de los acusados y con ello ha mandado un mensaje superpeligroso: vale más la voz de los criminales que la de las mujeres que han sido valientes en ese entorno tan hostil”. Tercera, “por acción u omisión de la Fiscalía, que durante años no hizo nada y causó dilaciones que ahora sirven de argumento [para reducir las condenas], realmente existe impunidad y lo que les ocurra a estas víctimas invisibles importa poco”.

Sobre este último juicio, Roberto Brezmes, fiscal jefe de Lugo, valora “positivamente los acuerdos alcanzados con algunas partes”. Explica que era “necesario apreciar la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada, por las diversas paralizaciones que había sufrido la tramitación del procedimiento”. También defiende que “la importancia de obtener una indemnización económica para la principal perjudicada determina, a su vez, la necesidad de aplicar la atenuante de reparación del daño” y que “la aplicación de las dos atenuantes”, técnicamente, “lleva a la rebaja en dos grados de la pena”. Además, el fiscal insiste en “la dificultad de localizar a las testigos”, que provocó que muchos de los hechos “quedasen huérfanos de prueba de cargo”, con el consiguiente riesgo de que las acusaciones acabasen en una sentencia absolutoria. Otra de las razones que Brezmes considera que está detrás del resultado del caso es “la complejidad de la investigación llevada a cabo por el juzgado de Instrucción”. “En su momento”, recuerda, “se adoptaron medidas de investigación limitativas de derechos” y hoy, a la hora de los juicios, estas “son estudiadas desde el punto de vista de la jurisprudencia actual, muy diferente de aquel que existía” entonces. “Por todas estas razones”, concluye en su respuesta por escrito, “la Fiscalía considera importante haber alcanzado un acuerdo de conformidad al menos parcial, que garantiza una respuesta penal adecuada, a pesar del tiempo transcurrido desde la fecha de los hechos”.

Fue el anterior fiscal jefe de Lugo, ya fallecido, quien, en 2013, decidió “desguazar” el descomunal caso para hacerlo digerible a su equipo, pero esto, según las voces críticas, provocó que los delitos de cada acusado quedasen desconectados entre sí. La trama se parceló en medio centenar de minifundios y muchos ya no dieron frutos; se sobreseyeron. Por su parte, la magistrada que dirigió la investigación en el juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, fue sancionada sin empleo ni sueldo y apartada en 2019 por el Consejo General del Poder Judicial, que vio “retrasos injustificados” y “desatención” en la gran cantidad de causas abiertas por ella contra políticos, empresarios y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. La jueza que durante un tiempo necesitó llevar escolta (para ella y para su hija) acabó siendo trasladada a Ponferrada.

Pero ¿qué fue lo que ocurrió con las trabajadoras de los prostíbulos que, con sus relatos, alimentaron un sumario judicial digno de serie de terror? Algunas rehicieron con dificultad su vida aquí y en otros países de Europa, encontraron trabajo como cuidadoras, como camareras, como peluqueras o maquilladoras; otras estudiaron FP, hicieron cursos de pastelería e incluso emprendieron sus propios negocios como autónomas. Unas cuantas regresaron a su país natal o se les perdió el rastro; y un buen puñado simplemente cambiaron de burdel, ignoradas por una maquinaria administrativa que no facilitaba las cosas. Algunas más, explican desde la ONG lucense Aliad Ultreia, creyeron encontrar una “salida de emergencia” casándose, y acabaron con “parejas agresivas”, como algún cliente que habían conocido en el club.

La testigo protegida que hizo estallar la causa después de denunciar la agresión sexual, en presencia de su arma reglamentaria, del cabo Armando Lorenzo, miembro del Equipo Mujer y Menor (Emume) de la Guardia Civil, fue primero deportada a su país y después traída de vuelta. Ahora no está en el mundo de la prostitución y no vive en Brasil, sino en Europa, pero padece “altibajos psicológicos brutales”, porque sigue “vulnerable y con trauma”, describen fuentes cercanas al caso. “Es la tónica general”, comenta Ana Barba, educadora social de la ONG Aliad Ultreia, incluso en las que lograron rehacer sus vidas: “La huella sigue ahí, porque el impacto de lo que padecieron fue muy fuerte. Tanto en las que vienen pidiendo atención psicológica como en las que creen que no la necesitan vemos secuelas”.

“Las mujeres se han querido olvidar, se han desconectado de un proceso muy largo, muy cansado”, prosigue la educadora. Según Impunidade Carioca, “ven que no se ha hecho justicia” con ellas. Una de las razones esgrimidas por las fiscalas para reducir las penas en el último juicio, además de las dilaciones, fue “la reparación del daño”. “Estas mujeres han sufrido intimidaciones y amenazas, a ellas y a sus familias”, recuerda Barba. Las integrantes de Impunidade que asistieron a la última sesión se preguntaban a la salida “si realmente” los responsables de impartir justicia “saben lo que es el daño”. En Aliad cuentan casos de mujeres que, después de atreverse a declarar, empezaron a recibir visitas de emisarios de los proxenetas encarcelados. El propio Pulleiro fue devuelto por De Lara a prisión después de saber que había violado la orden que lo confinaba en su pueblo para acudir al bar donde trabajaba una testigo. “Tu cara me suena”, le espetó a la joven.

En los días en que Adán estaba agotando su prisión provisional, antes del juicio por maltrato que lo encerró para dos décadas, se constataron huidas de mujeres a Brasil. Mientras el sistema de protección del Estado a las testigos hacía agua y no había recursos para las víctimas, un guardia civil a las órdenes de la jueza, Luciano López, se acostumbró a buscar y pagar alojamiento y comida, o incluso acoger en su propia casa, a víctimas que se habían quedado en la calle. Tal y como pudo presenciar EL PAÍS, la propia magistrada buscó habitaciones para las mujeres que la telefoneaban.

La muerte sin justicia de Angie Palencia

La colombiana Angie Lizeth Palencia Carrión murió de un tumor cerebral un año antes de poder ver sentados en el banquillo a los hombres que la obligaron a abortar con 18 años sin anestesia, en una tétrica clínica de Lugo, el bebé que quería dar a luz. Pese al profundo trauma que esta experiencia le causó, ella había salido del hoyo y cuando falleció era dependienta de Media Markt en Madrid. El juicio, con una víctima ya difunta, fue otra ganga para los acusados, en este caso Adán y el médico abortista, que también en 2020 pactaron con la Fiscalía. El padre del bebé, el empresario que había exigido “arreglar como fuera” su “problema gordo”, jugaba al golf mientras aspiraban el feto con una máquina rota. Ni siquiera llegó a juicio, porque previamente la Audiencia lo exoneró.

Cilene Domingues Lourenço, la brasileña que se enamoró obsesivamente de Adán hasta mandarle cartas con flores dentro; hasta tatuarse su nombre en la piel, vive su propio infierno. Desde hace 17 años está parapléjica y hace tiempo que reside en un centro especializado en León. En Brasil dejó, antes de viajar con deuda a España, dos hijos varones con los que aún mantiene contacto, pero que no pudo volver a abrazar. Nunca regresó a su tierra, porque se arrojó desde la altura de un sexto piso en un hospital de Pontevedra después de firmar, débil, desesperada y sola, un consentimiento para dar en adopción a la pequeña Laura Kiara (engendrada por un cliente) que dio a luz después de ser arrumbada por la mafia de proxenetismo en un psiquiátrico y luego en una residencia de monjas. En León, Cilene no ha olvidado a esa niña que a finales de este mes cumplirá la mayoría de edad, ignorante de todo esto, con otro nombre y otra familia.